Colombia, un ajuste fiscal sin rumbo
Jorge Iván Gónzalez
El presupuesto para el 2026 tiene dificultades estructurales de financiación. Sobre todo, porque el servicio de la deuda ha alcanzado niveles sin precedentes. El Gobierno tiene que realizar un ajuste pero no tiene claro el camino. El Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2026 suma un valor total de $556,9 billones, equivalentes al 28,9 por ciento del PIB. En porcentaje, el crecimiento entre 2025 y 2026 sería de 5,9. El gasto público va en aumento pero, de todas maneras, su participación en el PIB es muy inferior a la de los países desarrollados del norte de Europa, cercano al 40 por ciento del PIB.
Las principales características del presupuesto son: i) Es un texto confuso. ii) Los mecanismos de financiación no son claros. iii) El gasto ha sido ineficiente.
Es un texto confuso
El presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda1 es muy confuso. Es difícil de entender. Además, no coincide con las cifras que incluyó dos meses antes el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo2. Ahora se dice que el servicio de la deuda es de $102,4 billones. Y en el Marco Fiscal se había estimado en $118,6 billones. Esta reducción es incomprensible. No se aclara en ninguna parte.
Desde el punto de vista de la participación democrática, esta falta de transparencia refleja dos problemas estructurales de las finanzas públicos. Por un lado, el poder de la oficina de crédito público, que toma decisiones importantes de manera autónoma, con poca rendición de cuentas. Se ha dicho que Hacienda está realizando operaciones de crédito, que cambiarían deuda de largo plazo por créditos de corto plazo, gracias a que se contrataría un préstamo más barato en francos suizos. Estos movimientos no se han explicado de manera adecuada, y tampoco se ha mostrado cómo inciden en la disminución del monto de servicio de la deuda.
El segundo problema estructural es la falta de autonomía de la política fiscal frente a los movimientos de los capitales internacionales. Las decisiones de la política monetaria en Colombia tienen que responder a los movimientos de la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Si allí sube la tasa, la emisión de deuda interna en Colombia, a través de los TES, tiene que garantizarle a los tenedores una rentabilidad igual o superior a la de los bonos del Tesoro. De lo contrario los capitales salen de Colombia. Para poder garantizar esta mejor rentabilidad, el servicio de la deuda interna aumenta. Y, finalmente, para ajustar este desbalance se recurre a los impuestos. En otras palabras, las decisiones en materia tributaria tienen que responder a las fluctuaciones erráticas de los capitales internacionales. En la medida en que la globalización financiera se incrementa, los márgenes de maniobra de la política fiscal interna se van reduciendo.
De todas maneras, y aún con la reducción inexplicable del servicio de la deuda, el pago de intereses en el 2026 sería de $70,7 billones. Una cifra elevadísima. Para responder a las necesidades del servicio de la deuda el Gobierno opta por reducir la inversión, que se convierte en la variable de ajuste. Una y otra vez, el ministro de Hacienda ha dicho que la reducción del gasto es muy difícil porque es muy inflexible. Es cierto, pero también se debería reconocer que el manejo del gasto ha sido muy ineficiente.
Los mecanismos de financiación no son claros
El proyecto de ley de financiamiento que acaba de presentar el Gobierno3 es una reforma tributaria en todo el sentido de la palabra. El recaudo esperado es de $26,3 billones. La propuesta de reforma es optimista no solamente en el monto, sino en la favorabilidad que pueda tener en el Congreso. Es una cifra ambiciosa e imposible de alcanzar. Además, en el Congreso no hay ningún ambiente propicio para aprobar un proyecto de esta magnitud. Como la anterior, presentada por el ministro Bonilla, es muy probable que esta reforma también se ahogue en el legislativo. Realmente, es una medida desesperada.
El rubro más significativo es el aumento del impuesto al consumo, que elevaría la tarifa máxima del 16 al 19 por ciento. Allí se incluyen las entradas a los eventos deportivos cuando el valor de la boleta supere los $500 mil. Por esta vía se espera obtener $7,8 billones. En general, se busca reducir los llamados gastos tributarios que son el conjunto de exenciones, deducciones y descuentos. Además, se confía en el mejoramiento de la eficiencia de la Dian, que permitiría recaudar $6,3 billones.
El gasto ha sido ineficiente
Preocupa que la dinámica de la inversión sea menor. Entre el 2025 y el 2026, la inversión aumenta 5,7 por ciento, mientras que el funcionamiento crece 11,1. El problema no es que crezca el gasto de funcionamiento, sino que se ejecute mal, o que no se ejecute. En el 2024 los niveles de ejecución fueron relativamente bajos, alrededor del 80 por ciento. Y, además, se gasta mal. Las regalías son el ejemplo más claro de la dispersión de recursos. Si el gasto fuera más eficiente se podrían lograr mejores resultados a un menor costo. De todas maneras, el gasto público como porcentaje del PIB continuará aumentando porque las necesidades de la población son crecientes, y porque comparado con los estándares internacionales, el gasto continúa siendo muy bajo.
Posibles soluciones
Habría cuatro caminos. Primero, aumentar los ingresos de los gobiernos locales, insistiendo en la importancia de capturar los excedentes derivados de las rentas generadas por las dinámicas urbanas (plusvalías, derechos de edificabilidad, cobros por congestión, primas de localización…), y por el uso del suelo (predial, valorizaciones..). Estas medidas no necesitan reforma tributaria. Dependen de los consejos de cada ciudad. Si estos recursos aumentan puede aliviarse el gasto del gobierno central.
Segundo. Se requiere una reforma tributaria estructural, que incluya junto con la Nación a los gobiernos locales. El examen de los impuestos tiene que estar articulado porque el contribuyente que paga predial es el mismo que tiene que responder por el impuesto al patrimonio. Obviamente, esta reforma será tarea del próximo gobierno.
Tercero. Es indispensable que haya concurrencia de recursos, y que el gasto sea más eficiente. El instrumento es el presupuesto por programa, aprobado en el Plan de Desarrollo.
Cuarto. No seguir insistiendo en las reglas fiscales, y reconocer que la discrecionalidad no es sinónimo de irresponsabilidad.
