Del discurso al crimen: cómo el “antifeminismo” crece en América Latina y el Caribe
En los últimos meses, América Latina volvió a estremecerse frente a una ola de femicidios que expone la persistencia y la profundidad de la violencia machista en la región. Argentina, Uruguay y El Salvador registraron cifras alarmantes, pero más allá de los números, emerge un dato inquietante: los discursos antifeministas dejaron de ser marginales para transformarse en parte del poder político y mediático. Lo que antes se enunciaba en los márgenes digitales hoy circula desde los ministerios, los juzgados y los medios de comunicación, hasta las calles de América Latina y el Caribe.
Solo en 2024, al menos 4.854 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 17 países de América Latina y el Caribe. Es decir, 13 mujeres asesinadas por día. En Argentina, desde enero hasta septiembre de 2025, se registraron 178 femicidios, 1 cada 36 horas, según el Observatorio Ahora que sí nos ven. En Ecuador, la fundación ALDEA contabilizó 82 femicidios en apenas dos meses y medio. Detrás de cada cifra hay una historia de desprotección, impunidad y desidia estatal que habilitan tal violencia, y una estructura fascista que construye un sentido común contra la lucha feminista.
El fascismo como hilo conductor de la violencia patriarcal
El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, Argentina, es otro ejemplo fiel del resultado de las prácticas que habilitan la violencia. El asesino de Luna y Mariel, Pablo Laurta, no es un desconocido: es el fundador de Varones Unidos, una organización nacida en Uruguay en 2015 que se presenta como ‘’defensora de los derechos humanos de los hombres’’, pero que en realidad funciona como un espacio de articulación del antifeminismo regional. Laurta no sólo impulsaba teorías conspirativas sobre la ‘’ideología de género’’, sino que además mantenía vínculos con figuras ultraderechistas como Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos de los principales voceros ideólogos del pensamiento neofascista liberal en Latinoamérica, cercanos al presidente argentino Javier Milei.
La relación entre estos actores no es casual. Desde la Fundación Faro —el think tank encargado de librar la “batalla cultural” contra el feminismo, la educación sexual integral y el derecho al aborto presidido por Laje y creado por Milei— hasta los espacios religiosos y mediáticos que promueven el negacionismo de la violencia de género, existe un entramado político y económico que sostiene esta ofensiva. En Uruguay, los grupos vinculados a Laurta presionaron para modificar la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género, y en Argentina el gobierno impulsa un nuevo Código Penal que tipifica las “falsas denuncias” por violencia, en línea con las demandas de organizaciones antifeministas. La senadora argentina, Carolina Losada, presentó incluso un proyecto para agravar las penas en esos casos, legitimando un relato sin evidencia: que las mujeres denuncian falsamente.
En México existen convocatorias “antifeministas” como las que circularon el 8 de marzo por grupos de varones conocidos como “Espartanos Unidos” y “Macho Alfa Stars” con el objetivo de contramarchar, provocar y frenar las actividades del movimiento feminista en torno al Dia Internacional de la Mujer.
Estos hechos no son aislados. Son parte de una estrategia regional, que se expande preocupantemente y combina desinformación, victimización masculina y una retórica que busca reinstalar la duda sobre quienes denuncian y sobre la razón de lucha de los movimientos feministas. Estos ‘’movimientos de varones” se organizan en redes sociales y espacios legislativos para disputar sentido, atacar la educación sexual integral, el derecho al aborto y las políticas de género para la igualdad. Su narrativa se nutre de los mismos recursos que los neo-fascismos de Europa y Estados Unidos: simplificación del conflicto, apelación a la emoción y demonización del adversario.
El problema no es solo el discurso, sino su institucionalización y legitimidad. Cuando una ministra de Seguridad, como Patricia Bullrich en Argentina, afirma públicamente que “el feminismo pisoteó a los hombres y eso generó que la violencia les vuelva en contra a las mujeres”, el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en reproductor del odio. Estas declaraciones legitiman la violencia, habilitan la crueldad y legalizan el desmantelamiento de las instancias de prevención y acompañamiento de mujeres y disidencias víctimas. En ese contexto, cada ataque deja de ser un hecho individual para volverse síntoma del sistema capitalista y patriarcal vigente.
La urgencia del feminismo popular y revolucionario
Es menester comprender que la lucha del feminismo revolucionario y popular de la región es sostenido por los pueblos, quienes vivimos en carne propia hace siglos la opresión del sistema patriarcal. Hoy los feminismos continuamos alzando la voz por las que no están, con el objetivo de poder construir un mundo sin opresores ni oprimidos. Pasando por el ‘’Ni Una Menos’’, el Aborto Legal, y el #YoTeCreoHermana, recordando las luchas por el voto femenino y el divorcio, seguimos exigiendo vidas más dignas.
El movimiento feminista a través de la historia ha puesto en cuestión las estructuras de poder y ha logrado avances concretos en materia de derechos. Esto amenaza la continuidad de sectores conservadores neo-fascistas que buscan restaurar viejas prácticas para poder disciplinarnos, y así seguir acumulando riquezas. Hoy, esos sectores se reorganizan con nuevas banderas, nuevos lenguajes y nuevas plataformas, pero con la misma raíz patriarcal capitalista.
El caso Laurta, como muchos, condensa ese giro: un militante antifeminista convertido en femicida, que encontró en el clima actual una legitimación social y política para su odio. No fue “un loco suelto”. Fue un actor dentro de un sistema que fabrica sentido, financia campañas de desinformación y capitaliza el malestar social para imponer miedo y disciplinamiento. Hoy más que nunca los feminismos populares y revolucionarios de la región debemos generar acciones directas, imponer así nuestras consignas y tomar las calles. Decimos que es urgente, no como una vana consigna, sino porque perdemos vidas en el camino. Reconocerlo no es solo una tarea del feminismo: es una urgencia popular. #QueArda.
*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL.
