Directorio del FMI aprueba desembolso de USD 600 millones para Ecuador
Ecuador tiene un programa de crédito con el FMI por USD 5.000 millones, vigente desde mayo de 2024, que se extenderá hasta 2028, si el Gobierno cumple con las metas acordadas.
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este 29 de octubre de 2025 un desembolso de USD 600 millones para Ecuador, como parte del programa de crédito de Servicio Ampliado (SAF), vigente desde mayo de 2024.
Cuando se concretó el programa, el crédito era por USD 4.000 millones, pero tras ganar la reelección presidencial en abril de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa solicitó un aumento de USD 1.000 millones, que fue aprobado por el FMI en julio de 2025.
Así, de los USD 5.000 millones de crédito, el Gobierno de Noboa ya había recibido USD 2.100 millones. Ahora está previsto que en los próximos días el FMI concrete el nuevo desembolso de USD 600 millones. El programa se extenderá hasta 2028, si el Gobierno cumple con las metas acordadas.
Según el organismo multilateral, las autoridades de Ecuador cumplieron con todos los criterios cuantitativos de desempeño, para finales de agosto de 2025.
Además, destacó los avances del Gobierno en la implementación de su agenda de reformas estructurales, en especial, en materia fiscal, gobernanza y fomento del crecimiento.
«Las autoridades están adoptando medidas decisivas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y las reservas de liquidez, al tiempo que protegen a los más vulnerables», dice el comunicado del FMI.
El organismo añade que las autoridades están comprometidas con seguir avanzando en su agenda de reformas, con la expectativa de que eso genere importantes beneficios en el mediano plazo.
«La economía ha demostrado resiliencia, pero aún enfrenta diversos desafíos, entre ellos una aguda incertidumbre en las políticas globales y la volatilidad de los mercados financieros internacionales», añade el multilateral, que destacó la recuperación económica del país, impulsada por la demanda interna, las exportaciones no petroleras y una baja inflación.
El FMI espera que la implementación efectiva efectiva del plan de consolidación fiscal y reformas económicas mantenga la deuda pública en una «sólida tendencia a la baja» y le permita a Ecuador recuperar el acceso a los mercados de capitales.
La Fiscalía abrió 140 casos penales por presuntos delitos cometidos en el paro indígena 2025
Luego del mes de paro indígena por la eliminación del subsidio al diésel, que tuvo su epicentro en Imbabura y Pichincha, la Fiscalía ha abierto 140 investigaciones penales. El 57% de los casos es por paralización de servicio público. Además, hay 10 procesos por supuestas extralimitaciones de policías y militares.
Entre septiembre y octubre de 2025, Ecuador vivió 31 días de movilizaciones tras la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Si bien la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional, las protestas se centraron en Imbabura y Pichincha.
Esta focalización del paro se evidencia en los casos penales que se abrieron por los enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y otros supuestos desmanes.
En total, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a PRIMICIAS que por el paro 2025, en todo el país se abrieron 140 causas penales. De estas, el 64% se concentró en Imbabura y Pichincha.
Además, otro 20% de los procesos se abrió en Carchi, Loja y Azuay. El 16% restante, en cambio, está en Chimborazo, Sucumbíos, Cañar, Cotopaxi, Bolívar, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Santo Domingo, Los Ríos y Orellana. En las otras nueve provincias no hay casos.
Policías y militares, bajo la lupa
Respecto a los supuestos delitos que la Fiscalía está investigando, 80 causas —que representan un 57% del total— son por paralización de un servicio público, como las carreteras. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este tipo penal se sanciona con penas que van de uno a tres años de cárcel.
También hay 11 investigaciones por supuesto daño a bien ajeno, que se sanciona con penas de dos a seis meses de cárcel.
Durante las manifestaciones, la Conaie y organizaciones de defensa a los derechos humanos denunciaron una represión excesiva por parte de los agentes policiales y militares La Fiscalía ha abierto 10 causas para investigar estos señalamientos.
Si bien, por estar en etapa reservada, no se puede conocer cuántos militares y policías están bajo investigación, los datos revelan que las investigaciones se llevan en Imbabura (cinco casos), Pichincha (tres), Loja (uno) y Chimborazo (uno).
Además, la Fiscalía investiga no solo tipos penales relacionados con protestas sociales sino también delitos comunes, pero que se cometieron en el contexto del paro. Por ejemplo, hay procesos por secuestro (ocho), robo (cuatro), asociación ilícita (dos) y una muerte culposa.
Durante el mes de movilizaciones, el Gobierno calificó a los detenidos como «terroristas». Sin embargo, los datos oficiales marcan que solo se abrieron siete causas por supuesto terrorismo, lo que representa únicamente el 5% del total.
Mayoría sigue en reserva
Al tratarse de hechos recientes, las causas abiertas por la Fiscalía todavía están en etapa inicial. El 86% de los procesos (121) se mantienen en investigación previa. Es decir, aún son reservados y no se puede conocer su ubicación, identidades de los procesados y avances de las indagaciones.
En otros 18 casos, en cambio, ya se han formulado cargos. Ocho están en etapa de investigación. Mientras que en los otros 10 ya se ha liberado de responsabilidad a los procesados sea porque la justicia los ratificó como inocentes o porque la Fiscalía no encontró suficientes indicios.
Finalmente, hubo un solo caso en el que la acción penal se extinguió, ya que se alcanzaron mecanismos alternativos para solución del proceso como conciliaciones, reparaciones integrales o mediaciones con las que se llegan acuerdos como disculpas públicas o pagar los daños.
