Narco y poder en Argentina: las conexiones que desnudan al gobierno de Milei
*Emilia Trabucco
José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza y -ahora- ex cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre por el partido libertariano, renunció a su candidatura tras conocerse un pago de U$D 200.000 por parte de Federico “Fred” Machado, a quien la Corte Suprema de Justicia argentina acaba de autorizar un pedido de extradición realizado por el gobierno estadounidense, por sus vínculos con el narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico se convirtió en el corazón narrativo del gobierno de Javier Milei. Desde los primeros meses de gestión, el Ejecutivo construyó una épica combativa que combina lenguaje moral, despliegue militar y retórica de guerra total: “Cárcel o Bala”. Pero detrás de esa escena, los nombres que aparecen en La Libertad Avanza comienzan a mostrar una red de vínculos con el narcotráfico que desdibuja las fronteras entre la denuncia y la complicidad.
El caso de José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura tras el escándalo por sus conexiones con el narco Federico “Fred” Machado, es apenas la punta del iceberg. Durante su campaña presidencial en 2019, Espert utilizó aviones pertenecientes a Machado y mantuvo vínculos personales con Diego Spagnuolo, exdirector del ANDIS, involucrado en causas de corrupción y persona del entorno cercano de Milei. El círculo se cierra cuando aparece Francisco Oneto, abogado de Milei y defensor legal de Machado, como articulador entre el poder político y el “financista” acusado por la justicia norteamericana.
La reacción del oficialismo ante el escándalo fue reemplazar a Espert por Diego Santilli, dirigente del PRO -partido liderado por Mauricio Macri, cuyo último cargo político fue ejercido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco escapa a las sombras de los vínculos con redes narco y policiales. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense, el nombre de Santilli quedó asociado al escándalo “Scapolán”, la causa que expuso la connivencia entre fiscales, policías y políticos en el robo y reventa de drogas incautadas.
En esa misma trama, Cristian Ritondo, actualmente figura clave del bloque LLA-PRO, fue señalado por brindar cobertura política a la estructura delictiva. Esta maniobra parece explicarse por un golpe interno del sector político de Macri, que puso sus hombres en alianza con el partido de gobierno, pero quedando subordinados en un primer momento a los nombres puestos por Karina Milei y los Menem. Igualmente, la justicia falló por desplazar a Santilli, habilitando a ocupar la cabeza de lista a la segunda candidata detrás de Espert, Karen Reichardt, vedette de los años 90.
Los sucesivos escádalos revelan el entramado mafioso que hoy detenta el poder real en la Argentina, que, mientras promueve el discurso del “orden y la ley”, sostiene los circuitos que alimentan al negocio narco y la especulación financiera ligada al mercado ilegal.
A esa trama se suman los Lugones, padre e hijo: Mario, ministro de Salud, y Rodrigo, operador político vinculado a Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei y articulador político de La Libertad Avanza junto a la hermana del presidente, Karina Milei. Ambos quedaron bajo la lupa tras la crisis sanitaria por el fentanilo contaminado que causó (hasta el momento) más de cien muertes entre mayo y septiembre de 2025. Los laboratorios implicados —HLB Pharma y Laboratorio Ramallo— están siendo investigados por el juez Ernesto Kreplak por desvío de precursores químicos y presuntos vínculos con redes narco.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud multiplicaba contratos con farmacéuticas y empresas de logística bajo un esquema de opacidad que conecta con el lobby empresarial del entorno Caputo. En ese tablero, la frontera entre política pública y negocio ilegal se vuelve difusa: el Estado regula, financia y protege los mismos circuitos que dice combatir.
También circula información que involucra a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina -involucrada en las coimas de la hermana del presidente en ANDIS y de contratos irregulares con Lugones- como el principal financista del recital de Milei en el Movistar Arenas del 6 de octubre, cuyo costo rondaría los 500 millones de dólares.
La narrativa del gobierno libertariano está enmarcada en una política regional articulada desde Estados Unidos: la llamada “guerra al narcotráfico” como excusa para ampliar la militarización interna y la intervención extranjera. Desde 2024, el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich y el de Defensa, bajo gestión de Luis Petri, impulsaron el despliegue de tropas en Rosario, Salta y Misiones, habilitando el accionar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Bajo los nombres de Plan Güemes y Operación Roca, el Ejecutivo reinstaló la doctrina del “enemigo interno”, ahora bajo el nombre también de “enemigo narco”.
La presencia militar fue acompañada por la participación directa de la DEA, que desde hace décadas opera en el país con creciente autonomía. En la práctica, la agencia estadounidense ha financiado y formado grupos de élite en el norte argentino —los denominados Grupos Operativos Conjuntos (GOC)— que actúan bajo coordinación informal con la Embajada de Estados Unidos. Informes oficiales reconocen que sus miembros rinden cuentas a la DEA y no al Estado argentino, en una delegación absoluta de soberanía que se profundiza bajo el actual gobierno.
Detrás de la creciente militarización y el relato mediático que la acompaña, la realidad efectiva es que el gobierno de Milei avanza en destruir los mecanismos de control del Estado sobre las redes ilegales y las fronteras se vuelven aún más permeables bajo la complicidad del gobierno nacional y los entramados políticos, policiales y económicos locales.
El reciente anuncio de Milei sobre la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía, es una nueva demostración. Con el dragado de los brazos Paraná Bravo y Guazú y la promesa de nuevos puertos privados, se consolida el dominio de los grandes grupos exportadores sobre el principal corredor fluvial del país. Al delegar en el sector privado no sólo las obras sino también la gestión del tráfico, el Estado renuncia a su rol de garante de soberanía y control estratégico sobre un nodo que hoy concentra más del 80 % del comercio exterior.
Como han demostrado las investigaciones judiciales en Rosario y San Lorenzo, son precisamente los puertos privados —menos permeables a la fiscalización estatal— los que funcionan como plataforma privilegiada para la exportación de cocaína hacia Europa y África. La supuesta “competitividad” es, en realidad, vía libre para el negocio narco que involucra las principales empresas agroexportadoras y un nuevo capítulo de cesión de soberanía sobre los ríos argentinos.
La retórica del combate al narcotráfico no se agota en Rosario ni en el norte de nuestro país. Es parte de un dispositivo integral que justifica la represión interna y el disciplinamiento social. Bajo el paraguas del “terrorismo narco”, el gobierno avanzó con leyes que amplían las facultades policiales, permiten allanamientos sin orden judicial y con la presentación del proyecto de modificación del Código Penal realizada por Milei y Bullrich el pasado 2 de octubre, buscan bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
Los sectores populares, los movimientos sociales y los jóvenes de los barrios son así recodificados como potenciales amenazas. La última medida encabezada por Bullrich en este sentido es la creación del “Centro Nacional Antiterrorista”, anunciada el 7 de octubre, que “articula fuerzas federales y servicios de inteligencia”. Es parte de la estrategia sistemática de construcción de la categoría de “terroristas” para peseguir militantes políticos, manifestantes o personas en barrios populares.
El resultado es una arquitectura represiva que combina militarización, vigilancia digital y legitimación mediática, un “Plan Condor 4.0”. Un modelo de control total, sostenido por la narrativa de la “seguridad” y lubricado por los intereses del capital financiero internacional, las farmacéuticas y las agencias extranjeras que son los verdaderos dueños de los lucrativos negocios del narcotráfico y que hoy, con Milei como presidente, siguen ubicando a sus cómplices políticos en lugares de decisión en los tres poderes de la República. La alianza entre Estado, capital y crimen organizado configura un poder que opera tanto en la ilegalidad como desde la legalidad institucional.
Mientras las fuerzas federales patrullan los barrios pobres y los medios celebran récords de incautaciones, los verdaderos circuitos del narcotráfico siguen funcionando en las rutas del comercio exterior, fundamentalmente a través de los puertos privados, en los despachos ministeriales y en los vínculos empresariales que financian la política. La guerra al narco, en definitiva, no es contra las drogas: es contra los sectores que resisten un modelo de país subordinado, donde la represión interna y la injerencia externa se confunden bajo una misma bandera.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
