Paro nacional en Ecuador | Organizaciones sociales y de DDHH denuncian represión militar en Imbabura 

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Paro nacional en Ecuador | Organizaciones sociales y de DDHH denuncian represión militar en Imbabura 

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron una represión militar indiscriminada en la provincia de Imbabura, al norte del país. Según reportes de la CONAIE y medios comunitarios, un convoy del Ejecutivo —presentado oficialmente como “Convoy Humanitario”— ingresó durante la madrugada de este martes a comunidades indígenas, dejando 22 heridos (uno de gravedad) y 4 detenidos.

“Denunciamos la represión militar indiscriminada en Imbabura. Un convoy ‘humanitario’ del Ejecutivo ha atacado a comunidades indígenas, dejando 22 heridos (una de gravedad) y 4 detenidos. Exigimos el cese inmediato de la represión y el respeto a los Derechos Humanos”, expresó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en un comunicado difundido esta mañana.

Las comunidades rebautizaron el operativo como el “Convoy de la Muerte”, denunciando el uso de armamento letal, gases lacrimógenos, balas de salva y la persecución dentro de propiedades privadas. Testimonios recogidos por radios locales aseguran que los uniformados impiden la atención médica a los heridos y rodean los hospitales para detener a manifestantes.

Más de 20 días de paro nacional: el país bajo estado de represión

El paro nacional, convocado el 22 de septiembre por la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONAES) y otras organizaciones sociales, cumple 23 días de movilización contra el Decreto 126, que elimina los subsidios al diésel y la gasolina y agrava el costo de vida de millones de ecuatorianos.

Las protestas también rechazan la falta de insumos médicos, la legalización del extractivismo minero y petrolero en reservas nacionales —incluidas las Galápagos— y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde la declaración del “Conflicto Armado Interno” por parte del Gobierno de Daniel Noboa.

Desde el inicio de las manifestaciones, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre el uso excesivo de la fuerza y acciones racistas por parte de las fuerzas de seguridad. El 12 de octubre, en Otavalo, se registraron agresiones a miembros del pueblo kichwa, a quienes se les cortó el cabello a la fuerza durante detenciones arbitrarias.

Quito militarizada y silencio oficial

La capital ecuatoriana continúa militarizada, con miles de manifestantes concentrados en el Centro Histórico y en los barrios periféricos. Las consignas que resuenan en las calles —“Fuera Noboa, fuera”, “No somos terroristas” y “Nadie nos va a silenciar”— reflejan el rechazo social a las políticas del Ejecutivo y la indignación frente a la represión.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) denunció que las operaciones del Ejército y la Policía representan un “uso desproporcionado e ilegal de la fuerza contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta conforme a la Constitución y los tratados internacionales”.

Según el reporte de Monitoreo de Vulneraciones de Derechos Humanos de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, correspondiente al período del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2025 y con corte al 13 de octubre a las 00h00, se registraron 310 vulneraciones a los derechos humanos en el marco del #ParoNacional2025, incluyendo 107 personas detenidas, 144 heridas, 12 desaparecidas temporalmente y 1 fallecida. Por su parte, la Policía Nacional reconoció oficialmente 121 detenciones, entre ellas menores de edad, una cifra sensiblemente menor a la documentada por las organizaciones.

Testimonios y llamados internacionales

“Este gobierno vino con mentiras al pueblo, y para qué, para engañarnos. Yo quisiera que su gobierno se vaya, váyase ya y deje en paz al pueblo ecuatoriano”, declaró a teleSUR Guañuñ, una manifestante indígena que participa en las movilizaciones en Quito.

Diversas organizaciones y redes de derechos humanos solicitaron la presencia urgente de veedores internacionales en territorio ecuatoriano.

La ONU, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron preocupación por la escalada de violencia estatal y exigieron al Gobierno de Noboa garantizar los derechos de los manifestantes y restablecer el diálogo con las comunidades.

Un país bajo asedio económico y político

El modelo económico de Noboa, basado en ajustes fiscales, eliminación de subsidios y expansión del extractivismo, ha incrementado la pobreza rural, la inflación alimentaria y el desempleo juvenil, afectando sobre todo a las comunidades indígenas y campesinas.

En Otavalo, conocido por su mercado artesanal y su economía comunitaria, la irrupción militar ha paralizado la actividad comercial y turística, provocando pérdidas económicas y un clima de temor generalizado.

Ante el recrudecimiento de la violencia, la CONAIE, el FUT y las organizaciones territoriales convocaron a una asamblea de emergencia nacional para definir nuevas estrategias de resistencia frente a la criminalización del movimiento indígena y popular.

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