Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Rudecindo Vega Carreazo
El sistema de pensiones en Perú comprende el usurero y perverso sistema privado de las AFP, el ineficiente y burocrático sistema público de la ONP, varios regímenes especiales desconocidos y el programa social Pensión 65. Todos perjudican a nuestros trabajadores y jubilados que por años contribuyeron con su trabajo y aportes al desarrollo del país. Estos sistemas representan el desprecio estatal y gubernamental y el aprovechamiento empresarial de los ahorros de los trabajadores para gozar de una jubilación digna.
El sistema de pensiones, privado, público, especial y social está repleto de “chicharrones”, la carne y pan va para los empresarios y gobierno, el cebo y desprecio queda para los dueños del dinero, los trabajadores y jubilados. Urge una reforma integral del sistema pensionario, no parches, como el de ahora, que sigue beneficiando a empresas y, sus testaferros, los gobernantes.
Todo sistema de pensiones, en cualquier país, busca proteger a los trabajadores cuando pierden su capacidad de generar ingresos por vejez, invalidez o fallecimiento, mediante una pensión que le asegure bienestar a él y su familia. Ningún sistema de pensiones puede ser caja disponible de los gobiernos de turno ni fuente de usura con dinero ajeno de las AFP. La desgracia del sistema de pensiones en Perú es que funciona para la usura de las AFP y como caja fácil de los gobiernos.
El sistema privado de pensiones de las AFP, fue creado por el fujimorismo hace 33 años, mediante el dictatorial Decreto Ley 25897 de diciembre de 1992 y parchado, durante el aprismo, mediante Ley 28991 del 2007 y la Ley 30425 a finales de Humala. Fue un mal plagio del sistema de AFPs chileno impuesto por Pinochet en 1981. Acá, más que pensar en los jubilados, fue diseñado para beneficiar a las AFP como negocios: ellas cobran comisiones por administración, se llevan la mayor parte de las ganancias y nunca asumen las pérdidas de su gestión. El trabajador paga comisiones, asume las pérdidas y recibe pequeñas utilidades. Además, el sistema peruano de AFPs, más que el chileno, las faculta a invertir como si fueran recursos propios y no un fondo de jubilación de los trabajadores. Luego de décadas de funcionamiento, tenemos pensiones paupérrimas y pobreza para los trabajadores con enriquecimiento abrumador para las AFP.
En Chile, hace años, se debate la eliminación de las AFP más que mejoras y reforma al sistema de las mismas; esa situación ha provocado reformas que en Perú ni siquiera toman en cuenta. Seguimos con el mal plagio, beneficiando la usura de las AFP que trabajan con la plata de los trabajadores y jubilados. En Perú, a los parches normativos realizados se suman 8 retiros legales de fondos de los trabajadores de las AFP en los últimos años y, la derogación de la Ley N° 30425, que introdujo el retiro voluntario del 95.5% del fondo personal acumulado a los 65 años, mediante la ley 32123, aprobada por los operadores de las AFP dentro del congreso (Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, y sus satélites de Avanza País, AP, Somos Perú) y el gobierno. La espontánea y masiva protesta juvenil contra la misma y su reglamento, “repentinamente”, les hizo retroceder en su despropósito. Para evitar pedidos y reformas mayores, tramitan, rápidamente, ellos mismos, su derogación. En común acuerdo con el gobierno impulsan otro parche pensionario que perpetúa el saqueo y usura de las AFP.
Ojalá concretemos una reforma integral pensionaria. La mafia gubernamental, congreso y ejecutivo, coludida con las AFP, tratarán de quedarse en el parche y evitar su reforma.
El sistema público de pensiones administrado por el estado mediante la ONP es maltrato gubernamental histórico y permanente a nuestros trabajadores y jubilados. El fondo recaudado, “administrado” y no invertido, pierde valor cada día en perjuicio suyo, al ser manejado como presupuesto público es “caja chica” de los gobiernos. La plata de los trabajadores y jubilados en este sistema estatal, sirve para la corrupción y mala inversión gubernamental más que a los trabajadores que se resignan a una estancada y mísera pensión y, nunca ven incrementar su fondo de jubilación. Es un sistema igual de perverso que el de las AFP. La ONP termina siendo una carga para los trabajadores y jubilados, solo ganan los burócratas del estado y gobiernos de turno. Las pensiones que otorga este sistema estatal son míseras. Urge una reforma del mismo, el fondo público pensionario podría ser invertido por la ONP y generar incrementos, la banca estatal o la privada nacional podrían pagar intereses regulados por el BCR en cuentas individualizadas.
En Perú hay regímenes pensionarios especiales para periodistas, construcción civil, mineros, marítimos, pilotos y la industria del cuero, pueden ser pensionistas al cumplir 50 años las mujeres y 55 los varones con determinados años de aportes. Estos regímenes especiales coexisten con el sistema privado o público de pensiones. Este agosto, el gobierno ha observado una ley aprobada en el congreso que regula un nuevo régimen para los trabajadores de construcción civil. También, el congreso aprobó un nuevo régimen pensionario para los maestros jubilados y el gobierno tiene pendiente su promulgación. Estos regímenes especiales y sus propuestas de modificación, demuestran la necesidad de abordar integralmente el sistema pensionario y exigir una reforma integral al mismo.
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria «Pensión 65» creado el 2011, mediante DS N° 081-2011-PCM, adscrito al MIDIS, desde este 2025, otorga 175 soles mensuales a personas mayores de 65 años en extrema pobreza, mediante transferencias directas de 350 soles bimestrales. Urge fiscalizar su focalización para no ser filtrado, incluyendo personas que no están en extrema pobreza y, ampliar su cobertura a personas en situación de pobreza. El MEF, en pleno debate pensionario de las AFP, ante la enorme crítica a las pensiones en el Perú, “reblandecido”, acaba de señalar que reformará el programa Pensión 65 para incluir progresivamente a los pobres no extremos mayores de 75 años.
La reforma pensionaria es necesidad y urgencia nacional, al reducido sistema pensionario del mundo laboral formal, privado y público, sus regímenes especiales y el programa social Pensión 65, debe añadirse un seguro de desempleo que reemplace a la CTS y una reforma pensionaria que integre y beneficie al 75% de la población laboral en condiciones de informalidad laboral. Nadie quiere debatirlo, ni congreso ni ejecutivo, ni empresarios ni candidatos. Es lo que necesita el país: no a los chicharrones de las AFP, ONP y sus operadores. Sí a una reforma integral de pensiones que beneficie a todos los trabajadores y jubilados, formales e informales, pobres o no pobres, de todo el Perú.
