Argentina entrega su soberanía, el acuerdo con Estados Unidos redefine la relación bilateral
El anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos publicado el viernes 14 de noviembre generó un impacto inmediato en la agenda pública. El presidente de argentina, Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump comunicaron que alcanzaron una serie de entendimientos preferenciales para “jerarquizar” el intercambio bilateral. La presentación oficial habló de beneficios mutuos, apertura de mercados y cooperación estratégica. Sin embargo, el contenido del acuerdo muestra un escenario distinto, Argentina asume compromisos profundos desde una posición económica frágil frente a la mayor potencia comercial del planeta.
El punto central es la asimetría. Estados Unidos posee un Producto Interno Bruto que supera los 26 billones de dólares (USD), mientras que Argentina atraviesa una recesión prolongada, con una estructura productiva debilitada y niveles de endeudamiento que limitan su capacidad de negociación. Desde esa desigualdad nace una relación que no se construye sobre equivalencias, sino sobre subordinación. El acuerdo abre sectores clave del mercado argentino a productos estadounidenses y habilita una transferencia regulatoria que reduce la capacidad de decisión local.
El texto difundido incluye una apertura arancelaria amplia. Argentina permitirá el ingreso de medicamentos, químicos, maquinaria, dispositivos médicos, autos y una variedad de alimentos producidos en Estados Unidos. Se habilitará además la importación de carne vacuna y porcina, lácteos, ganado bovino vivo y aves de corral. Una imagen que es contundente, la producción local deberá competir con una industria que opera con escalas y subsidios inaccesibles. Un tambo argentino no puede competir con empresas del tamaño de una ciudad.
Estados Unidos, por su parte, eliminará aranceles para recursos naturales y productos farmacéuticos no patentados procedentes de Argentina. Entre esos recursos se encuentran petróleo, oro y litio, principales exportaciones actuales del país. En el primer semestre del año las exportaciones argentinas al mercado estadounidense alcanzaron 3500 millones de dólares (USD), apenas el 8% del total exportado. La balanza se sostiene sobre materias primas sin procesamiento. La apertura de alimentos procesados estadounidenses, en cambio, golpeará sobre las pequeñas y medianas industrias afectadas por caídas de consumo y cierres recientes.
El acuerdo también elimina barreras no arancelarias. Argentina resigna licencias de importación y controles sanitarios propios y acepta certificaciones emitidas por organismos de Estados Unidos. Esto incluye certificados FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) para alimentos, medicamentos y cosméticos. Esa medida implica un desplazamiento de la autoridad nacional sobre la verificación de calidad y seguridad de productos destinados al consumo interno. Los productos argentinos seguirán sometidos a controles locales, mientras que los extranjeros ingresarán bajo parámetros externos. La diferencia cambia la competencia y debilita la soberanía regulatoria.
Otro punto sensible es la propiedad intelectual. Estados Unidos reclamó profundizar acciones contra la falsificación y acelerar la asignación de patentes, con especial interés en la industria farmacéutica y en la Ley de Semillas. La aceptación de esos lineamientos puede restringir prácticas tradicionales de los productores agrícolas, como la reutilización de semillas, favoreciendo el control corporativo sobre la base productiva del país.
El acuerdo incluye además cooperación sobre minerales críticos, comercio digital y seguridad económica. Estados Unidos será reconocido como jurisdicción adecuada para el manejo de datos y no se permitirá la discriminación a servicios digitales estadounidenses. Esto abre interrogantes sobre la protección de información de millones de habitantes y sobre el control del flujo de datos estratégicos.
El discurso oficial celebró el anuncio como un avance histórico. Desde la Oficina del Presidente se afirmó que la medida inaugura una “nueva etapa de cooperación económica y estratégica” impulsada por la reconfiguración global encabezada por Donald Trump. Sin embargo, la letra publicada no expone las condiciones completas. El contenido se presentó como declaración conjunta sin detalles de implementación ni evaluaciones de impacto productivo, laboral o ambiental.
Lo que está en discusión no son alineamientos ideológicos, sino la capacidad del país para decidir su propio modelo de desarrollo. La apertura unilateral sin planificación puede profundizar la dependencia y reproducir un esquema donde Argentina vende recursos sin valor agregado, reprimariza su economía y compra tecnología y alimentos procesados. La imagen recuerda el pacto Roca-Runciman de 1933, cuando Argentina cedió soberanía comercial frente al Reino Unido durante la llamada Década Infame.
La pregunta central hoy es qué se gana y qué se cede. El acuerdo puede atraer inversiones, pero concentradas en áreas extractivas y estratégicas, donde la experiencia reciente muestra poca generación de empleo y escaso retorno fiscal. En este escenario, el riesgo es iniciar una etapa de relaciones externas que consoliden desigualdades internas y limiten la capacidad de construir una economía integrada y federal. En definitiva, un Neocolonialismo financiero anclado en el programa de Estados Unidos de recuperar el control de “su patio trasero” ante la avanzada China, en el marco del conflicto del G2.
El desafío inmediato es discutir públicamente el contenido y los costos del acuerdo. Argentina necesita una estrategia de inserción internacional que fortalezca su industria y su producción agroalimentaria. Un país que entrega su capacidad regulatoria y su mercado interno compromete su futuro. La prioridad es recuperar margen de decisión para que cualquier integración externa responda a un proyecto nacional y no a exigencias de la potencia con mayor poder de negociación.
