Cada vez más trabajadores pasan hambre en el gobierno de Javier Milei
Por *Diego Lorca
A casi dos años del gobierno de la Libertad Avanza en Argentina, la situación de la clase trabajadora se ha deteriorado de forma sostenida. Los datos muestran una caída del empleo formal, el cierre de empresas y un crecimiento acelerado de la informalidad laboral.
Pero quizás lo más alarmante es que 1 de cada 4 trabajadores no asalariados pasan hambre e incluso está situación afecta a los trabajadores asalariados que en un 15% también están en situación de inseguridad alimentaria. Estos datos que dió a conocer la Universidad Católica Argentina esta semana, se suman al último informe publicado por la Fundación Mediterránea dónde concluyen que el 21% de las personas ocupadas en Argentina no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica.
Nadie podría acusar a la UCA ni a la Fundación Mediterránea de ser “kukas tira piedras” y sin embargo sus análisis no condicen para nada con el relato oficial, que dice ser “el gobierno que más desendeudó al país en la historia” o que le han mejorado la vida a “12 millones de personas que salieron de la pobreza”.
Dato mata relato, y lo cierto es que ni con los datos oficiales del gobierno la realidad se acerca al relato. En lo que va del gobierno de Milei, se han perdido 291.936 puestos de trabajo formales, 169.240 en el sector privado y 101.051 en el sector público según datos de la Secretaría de Trabajo. Pero además han cerrado cerca de 18.000 empresas según informes del SIPA – Sistema Integral Previsional Argentino.
A esta frágil situación económica de millones de argentinos y argentinas se suma la pérdida de poder adquisitivo. El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que es el que regula el resto de los salarios, ronda los $322.200 mensuales, mientras que la Canasta Básica Total para una familia tipo (dos adultos y dos menores) alcanza los $1.176.852 según el INDEC y para no caer en la indigencia, esa misma familia necesitó $527.736.
Los más jóvenes son los más golpeados, casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años trabajan fuera de la formalidad, cifra que desciende al 36,5% entre los adultos de 30 a 64 años.
En este contexto, el Poder Ejecutivo impulsará una reforma laboral bajo el argumento de “generar empleo formal”, cuando la evidencia histórica y económica demuestra lo contrario, las reformas laborales impulsadas por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), nunca crearon trabajo genuino, sino que profundizaron la precarización.
¿Flexibilizar derechos laborales para generar empleo? La experiencia histórica demuestra lo contrario
En medio de esta crisis, el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral de flexibilización con el discurso de que permitirá “formalizar el empleo”. Sin embargo, esa iniciativa surge de un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional, que en su revisión de abril de 2025 recomendó profundizar “reformas estructurales” —entre ellas, la laboral— como condición para los desembolsos financieros. El argumento del FMI es el mismo que acompaña cada ciclo de ajuste, aumentar la competitividad a costa de los derechos laborales.
La historia argentina demuestra que estas reformas no generan ni un solo puesto de trabajo formal, muy por el contrario. Durante la década de 1990, con el gobierno de Carlos Menem, se implementó la ley de 24.013 (1991) de la que varios análisis coinciden en ubicarla como la primera gran norma de flexibilización laboral de los ’90 en Argentina. ¿Cuál era el relato oficial de aquel gobierno neoliberal? Según el gobierno y el texto de la ley, se apuntaba también a la «regularización del empleo no registrado», la «promoción y defensa del empleo» y la «protección de los trabajadores desempleados».
Pero realmente lo único que promovía era la reducción de las contribuciones patronales y la modificación de convenios colectivos de trabajo. El resultado fue el opuesto al prometido, el desempleo superó el 18% y la informalidad alcanzó el 38%. Más tarde, durante el gobierno de Fernando de la Rúa (2000), la llamada “Ley Banelco” volvió a flexibilizar las condiciones de contratación, generando un escándalo político y sin mejorar el empleo.
La insistencia del gobierno de Milei en repetir este esquema bajo el eslogan de “modernización” confirma que el objetivo real no es generar trabajo digno, sino ajustar el costo laboral para cumplir con las metas del FMI. La llamada “formalización” se convierte así en un recurso retórico para justificar un proceso de regresión en derechos.
Otro ejemplo histórico contrario surge de los gobiernos Kirchneristas, ya que con la misma legislación laboral vigente se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo formales en el sector privado según información del SIPA durante el año 2003 al 2011.
Detrás de esta “reforma” no hay un proyecto nacional, sino un mandato financiero. Hoy, la política económica argentina responde más a los intereses de JP Morgan, representados en el gobierno por siete funcionarios, entre los que se encuentran Toto Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno. Las reformas laborales y previsionales, el achicamiento del estado, la motosierra que ataca al pueblo trabajador, forman parte de una hoja de ruta dictada por los fondos de inversión que gobiernan desde las sombras.
El país que propone Milei no es el de la innovación ni el del trabajo formal, salarios altos y derechos laborales fuertes, sino el de la subordinación colonial. Un país sin industria, sin sindicatos, sin comunidad, un país diseñado para servir a los fondos extranjeros, no a su pueblo.
La pregunta que queda abierta es si Argentina elegirá seguir el camino del ajuste y la precariedad o apostará por un modelo que priorice el trabajo digno y los derechos conquistados. Porque, como enseña la historia, ninguna reforma laboral creó empleo, lo único que genera empleo formal en cualquier país del mundo es el desarrollo económico.
*Diego Lorca, Director del OITRAF (Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro) y analista de NODAL.
