Ecuador: un país de paz en las fauces de la geoeconomía bélica
Por Irene León
Kristi Noem visitó la ex base militar de Manta y también la de Salinas en Ecuador, fue un evento casi informal y sin declaraciones públicas. Pero no es cualquier visita y no es en cualquier contexto, se trata nada menos que de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos y sucedió el 5 de noviembre 2025, en medio de la campaña de un referendum relacionado con la posible eliminación de la cláusula constitucional que prohíbe las bases e instalaciones militares extranjeras en el país.
Es un contexto donde, drogado de poder, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha llamado a una Consulta Popular que involucra la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente, con miras a una hipotética reedición de la Constitución, aún si la que está vigente es considerada entre las mejores del mundo, justamente por la integralidad de su enfoque y la centralidad del Buen Vivir.
La Constitución actual está delineada desde la defensa de las soberanías: geopolítica, económica, alimentaria, energética, digital y más. Reconoce al Estado como plurinacional y ampara la diversidad económica y productiva con mecanismos de control del poder del mercado. Establece la garantía de todos los derechos colectivos e individuales e incluso nuevos derechos como los de la naturaleza, que implica entre otros el respeto de ecosistemas, territorios y pueblos frente a las prácticas extractivas. Desde ese enfoque, perfila una perspectiva de política exterior articulada en círculos concéntricos a la región, al Sur y al mundo multipolar.
El subterfugio para demoler ese instrumento único es la seguridad, que ha sido colocada como monotema nacional, en el marco del ‘conflicto armado interno’ que el mismo Noboa declaró en 2024, pretextando la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado, en un país que hasta 2017, año del retorno al neoliberalismo, era el segundo más pacífico y seguro de la región.
Así, con los mecanismos del conflicto armado interno de por medio, en Ecuador hay caos, un caos inducido tanto por la incursión de negocios ilícitos, inicialmente foráneos, ahora con nichos principalmente en la agroexportación y el sector financiero, como por la opacidad de la gestión gubernamental, en un Estado donde el lawfare y la militarización actúan como el combo demoledor de la institucionalidad, en pos del mercado total.
Ecuador es un país rico en recursos, biodiversidad, varios pisos ecológicos, ecosistemas excepcionales, agua, minerales, petróleo y una posición geográfica única, en la mitad del mundo, con una ubicación que le conecta al Amazonas y por esa vía al Atlántico, con puertos casi naturales en la costa del Pacífico y una provincia insular: el archipiélago de Galápagos, reconocido por su biodiversidad única y también por su posición geopolítica en uno de los puntos más extremos de la región al este del Pacífico.
A todas luces, tanto la ubicación geopolítica como sus riquezas convierten al país en objetivo de diversos intereses: los corporativos, especialmente los de recursos naturales y energéticos; los geopolíticos, especialmente los estadounidenses, con su plan geoestratégico de control del Indo-Pacífico y, relacionado con ambos, los del expansionismo, principalmente asociados al Complejo industrial, militar y digital estadounidense, que es mayormente privado y también corporativo.
Este conjunto de actores tienen aspiraciones propias en la demanda de eliminación de los principios constitucionales de soberanía geopolítica y de gestión endógena de los recursos.
Hacia una nueva fase signada por el poder del mercado en todo
En el periodo 2017-2025 hubo una gran presencia estadounidense, donde el gobierno de ese país y sus instituciones actuaron como una avanzada detras de la que se posicionan directamente sus corporaciones. Se rubricaron tres Acuerdos militares y una ley: El Acuerdo de Asistencia de Interceptación Aérea (Agosto 2023), el Estatuto de las Fuerzas -SOFA- (Sept.2023), el Acuerdo de Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas – SHIPRIDER (Enero 2024). Mientras la Ley de Cooperación entre Estados Unidos y Ecuador (diciembre 2022) es una ley neocolonial que contempla la gobernanza de Ecuador.
Estos instrumentos delinean una virtual ocupación estadounidense en aire, mar, tierra y ciberespacio, a la vez que garantizan inmunidad diplomática para sus fuerzas, que se rigen por la legislación de su país y no por la ecuatoriana. Además, al amparo de la cooperación en seguridad, se esbozan operaciones geoestratégicas, militares y de inteligencia, que incluyen el eventual establecimiento de puntos de apoyo (o bases) para enfrentar a actores geopolíticos “malignos”, especialmente a China y también a todo el entorno Indo-Pacífico y Euroasiático.
Por la gran magnitud de esos Acuerdos, podría hasta decirse que el eventual cambio constitucional para el establecimiento de bases y puntos de apoyo es puro formalismo. No obstante, en un país que con el amparo en la Constitución ya denuncio al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI-, que propició la creación de un entorno de Países Afectados por las Transnacionales e impulsó el Instrumento Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos en la ONU, tanto las corporaciones como su país padrino prefieren liquidar a fondo el proyecto alternativo que la Constitución contiene. Así, de consumarse la reedición constitucional en manos de los actores del mercado total, se acelerará la destrucción abierta del Estado.
En la nueva etapa, está sobre la mesa la incursión ilegal de empresas de la muerte como contraparte del Estado o de negocios nacionales, es un ejemplo la rubrica de una «alianza estratégica» con el mercenario Erik Prince, titular de Academi, ex Blackwater, signada en marzo 2025 por Daniel Noboa, aduciendo la necesidad de ‘ayuda internacional’ para fortalecer las capacidades en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la pesca ilegal. La incursión de mercenarios privados al área de la seguridad y defensa es prohibida por la Constitución vigente, así como por la legislación internacional, entre otros, por la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de la cual Ecuador es signatario.
En el modelo Prince, famoso en el mundo por graves violaciones de los derechos humanos, concurren acciones extremas para ‘erradicar’ el caos inducido o para ejecutar desplazamientos poblacionales masivos con el fin de despejar las zonas de explotación minera y similares, como se evidencia en Congo o en Haití donde, adicionalmente, sus mandatos contemplan el ordenamiento de la fiscalidad y el cuidado fronterizo.
En Ecuador, con aseveraciones como la de que los grupos criminales también violan los derechos humanos, Noboa está marcando un hito en el uso de la fuerza, con respuestas bélicas a problemáticas sociopolíticas, como las expresiones sociales o las de los movimientos. En septiembre-octubre 2025 hubo un paro nacional en demanda de derechos básicos, como alimentación, trabajo o salud, que fue violentamente reprimido aduciendo que era una expresión del crimen organizado, mismo que no tiene epicentro en los andes profundos, ni en los pueblos indígenas, sino en los puertos exportadores -de banano- y en el sector financiero.
En ese marco, en lugar de responder las demandas de la ciudadanía, el gobierno de Noboa habló de minería y utilizó el pretexto de la represión a la movilización ciudadana para militarizar amplias zonas, como es el caso de la provincia andina de Imbabura, donde se ha evidenciado la existencia de una de las mayores reservas de oro, plata y cobre del mundo. Hubo bombardeos, como en guerra abierta, con el pretexto de expeler a la minería ilegal e, insistimos, de paso eliminar de raiz a la protesta social.
En esa zona, el gobierno de Noboa otorgó en 2024 a la corporación australiana Sold Gold un yacimiento de unos 50 kilómetros cuadrados, que tiene una proyección de vida de unos 50 años, con un estimado de material mineralizado es de 2,4 billones de toneladas, más de 23 millones de onzas de oro y 10.9 millones de toneladas de cobre, cuyos montos de inversión podrían alcanzar los 26.000 millones de dólares.
Esto sucedió sin que opere ningún cambio de la Constitución que precautela la soberanía del país y los derechos de la naturaleza, más aún, ocurrió en las narices de un pueblo que venía de pronunciarse por el respeto de estos principios, en una Consulta que negó la exploración minera en el Chocó en 2023.
Bajo esos parámetros, los daños humanos y ambientales que resultan de la explotación de esos recursos, dejan pocas expectativas de un retorno poblacional a corto o mediano plazo y menos aún de reparaciones. Por el contrario, los daños humanos y ecológicos que sobrevienen del uso de chatarra radioactiva en el bombardeo de zonas de ecosistemas frágiles, deja daños imperecederos, en la fauna por ejemplo. También en septiembre de 2025 se realizó en Azuay una de las mayores movilizaciones en defensa del agua, donde se puso en evidencia que el uso de mercurio y arsénico en la minería genera una contaminación de alto grado.
Estos ejemplos evidencian cómo la escalada de los mecanismos de guerra en zonas ricas en minerales tienen una interrelación estrecha con la ocupación privada de los territorios. Mientras que en las áreas de paso o exportación de droga, en los puertos, no se evidencian resultados concluyentes.
Los intereses estadounidenses en el centro
Volviendo a los intereses de la Secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, que visitó el país para decidir la ubicación de una base militar en la parte continental ecuatoriana, independientemente de la prohibición constitucional o de la decisión del pueblo sobre instalaciones foráneas, hay que señalar que es explícito que su meta principal es Galápagos, a 965 kilómetros de la parte continental.
Con ese fin, además de los antes mencionados acuerdos de cooperación militar Status of Forces- SOFA y SHIPRIDER, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, emitió una resolución (12/2024) que aprueba el “Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular” y habilita la instalación de personal militar, buques, aeronaves, submarinos y armamento estadounidense en el archipiélago. El guion esta vez alude a la ‘prevención’ de conflictos vinculados a cárteles narcoterroristas internacionales y, según Noboa, sirve al control de la pesca ilegal supuestamente operada por China.
Pero esta ruta, al igual que la del Caribe, no es parte del itinerario privilegiado de los negocios ilícitos que se dirigen principalmente a Norteamérica y Europa, pero si es pieza clave del polígono del Pacífico[1], que es el trazado bélico y geoeconómico estadounidense para el control del Indo-Pacífico, especialmente de China. No está demás añadir que las disputas contra China son ajenas, no es Ecuador, es Estados Unidos quien tiene una competencia por el poder con ese país.
Además, el interés de Estados Unidos en Galápagos es histórico, en la segunda guerra mundial (41-46 ), luego del Ataque a Pearl Harbour, ya instaló la base militar -The Rock- en la Isla Baltra, operó ahí la pista de aterrizaje más larga de América del Sur y -con daños ambientales irreparables- fue utilizada para el reabastecimiento de aviones navales, sirvieron unos 2.400 militares, incluido un escuadrón de bombardeo pesado, una compañía de infantería reforzada, una batería de artillería costera, un pelotón de reflectores costeros y un destacamento de base aérea. Ahora, a más de su cercanía a la costa asiática del pacífico, esta parte de Ecuador es vista como punto de vigilancia de Centroamérica, especialmente del Canal de Panamá.
En tiempos recientes, como lo señalamos antes, desde la declaratoria de guerra interna por parte de Noboa, en Ecuador se ha sembrado caos y violencia, proveniente tanto del crimen organizado como de la gestión gubernamental. Hay operativos cognitivos de amplio espectro para generar miedo y convencer al pueblo de que el problema número 1 del país es la violencia, y que para resolverlo hay que profundizar la guerra, respaldarse en los Acuerdos militares con Estados Unidos y en convenios con privados como el del mercenario Erik Prince, y cambiar la Constitución.
Con estos antecedentes, una base militar en Manta, en Baltra, todo el archipiélago de Galápagos o todo el país como base militar estadounidense sólo sirve a los intereses geoestratégicos de ese país, a sus planes expansionistas de control de la región Latinoamericana y Caribeña y, especialmente, a su estrategia de seguridad en el Indo-Pacífico y a los escenarios colocados en el Dialogo Cuadrilateral -QUAD-, donde Galápagos como el punto más prominente al este de la región, amplifica las líneas previas y amplia significativamente el campo de acción en el Indo-Pacífico y hacia América del Sur[2].
Para Ecuador, el involucramiento en planes bélicos de tal magnitud es un peligro en todos los campos. Primero, la militarización del país, que ya está consumada, le ha transformado en un territorio sin proyecciones de futuro y sin planes propios; luego, el caos inducido podría ahondarse, con la participación directa en las previsibles acciones bélicas, incluso intercontinentales.
No obstante, el pueblo Ecuatoriano se ha pronunciado reiteradamente por la paz y hay fuertes indicios de que en la inminente consulta y referendum sobre las bases militares y sobre el porvenir constitucional, se pueda contrarrestar la desinformación y la paz siga siendo parte de la ética compartida en la sociedad. Si se logra, Ecuador podrá mantener la definición de ser un territorio de paz, libre de bases militares extranjeras, como define la Constitución y como estipula también la Proclama de la CELAC, que define a toda la Región en esos mismos términos.
[1] Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández, Silvina Romano (2025). Lawfare y geopolítica: la incidencia de Estados Unidos sobre el aparato judicial y las fuerzas de seguridad en Ecuador (2017-2024) https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/10803
[2] Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Silvina Romano (2025/11) A días del referendum en Ecuador: la dimensión geopolítica del Lawfare.
