¿Hay un nuevo ALCA en las Américas?
Introducción
Imposible no pensar en el Diego, en Hebe y tantos otros y otras que acompañaban en Mar del Plata, a Hugo Chávez, en aquel mítico “ALCA al CARAJO”, como consigna de dignidad y de soberanía de un pueblo latinoamericano, que sintetizaba la negativa a volver arrodillarse ante el asedio del imperialismo rapaz de EE.UU.
Hoy 20 años después, sabemos que el mundo no es el mismo que aquel entonces. Los cambios abrumadores y acelerados del sistema social de producción, llamado Capitalismo, dan cuenta que atravesamos una Nueva Fase, caracterizada principalmente por una crisis multidimensional que se muestra como un umbral entre lo “analógico y lo digital”, cuando en realidad, los grandes poderes mundiales se dirimen en una contradicción principal que Lucas Aguilera, en su Libro Nueva Fase menciona como G2, dos grandes fuerzas sociales representadas en China y EEUU, pero que contiene personificaciones empresariales financieras y tecnológicas, disputando los tiempos sociales de producción.
Aunque el fenómeno se nos presente de formas diferentes, guerras armamentísticas, arancelarias, crisis climáticas, etc, la esencia sigue siendo la misma, la expropiación y explotación de cuerpos, mentes y territorios, y nuestra región latinoamericana, se convierte una vez más, en el escenario donde se agudizan las disputas por la tierra, el agua, la energía, los minerales y obviamente y no menos importante los alimentos.
Este trabajo compilado que realizamos desde el equipo del Centro de Estudios Agrarios para Nodal, pretende colaborar y brindar elementos para el debate y la reflexión acerca de los desafíos que enfrentamos desde el sector agroalimentario en términos regionales, 20 años después del NO AL ALCA.
Lejos de las nostalgias de “todo tiempo pasado fue mejor”, revivir, rememorar y estudiar nuestra historia reciente, nos sitúa para comprender la realidad desde nuestra visión de Patria Grande, con el solo fin de trasformar todo lo que tenga que ser transformado para establecer un programa donde la independencia económica, la justicia social y la soberanía política sean una realidad efectiva para los pueblos de estas latitudes.
¿Hay un nuevo ALCA en las Américas?
Por Matías Strasorier y María Rizzo*
El antiguo acuerdo multilateral de libre comercio firmado en 1994 en Miami, conocido como ALCA, era un plan de liberalización del comercio entre países. Proponía la reducción de las barreras arancelarias y el acceso a mercados, bienes y servicios de intercambio comercial, inversión extranjera, privatización de bienes y servicios públicos, agricultura, derechos de propiedad intelectual, subsidios y medidas antidumping, libre competencia y resolución de diferendos. En la “IV Cumbre de las Américas” en Mar del Plata, era el momento en que debía comenzar a funcionar, sin embargo, caducó allí mismo. Aquel proyecto impulsado por Estados Unidos fue resistido y enterrado por los Estados Latinoamericanos, más bien por sus pueblos a través de sus representantes.
Veinte años después el mundo cambió, el sistema social de producción experimenta un cambio de fase. Desde la crisis financiera de 2008, el capital global encontró como salida la inversión en nuevas tecnologías, lo cual se observa en la emergencia de capitales tecnológicos como Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Huawei, Tesla, Alibaba, ZTE, SpaceX, por nombrar algunos. Estos se encuentran articulados en una compleja red financiera, en la que los grandes fondos financieros BlackRock, Vanguard, State Stree, Banck Of America, JP Morgan, entre otros, que concentran el control de los sectores estratégicos, tales como la conectividad 5G y 6G, la inteligencia artificial, los chips, semiconductores y dispositivos, plataformas de servicios de internet, industria aeroespacial, bio y nanotecnología, transición energética, agricultura tecnológica o AgTech. De esta manera sostienen al capitalismo como sistema social de producción, dándole la direccionalidad de una nueva fase financiera y tecnológica.
Como plantean Paula Giménez y Matías Caciabue en su artículo “La consolidación de una nueva fase del capitalismo”, publicado en diciembre 2021: “Este entramado financiero y tecnológico configura un sistema basado en la transformación digital, la hiperconectividad, los sistemas ciber-físicos y la robótica colaborativa y sensitiva. Todos estos desarrollos son determinantes a la hora de definir quién conformará la fracción de capital que acumule y ostente el poder económico en el ya entrado siglo XXI”. Sin embargo, para que este nuevo mundo surja, las materias primas y recursos naturales de Latinoamérica resultan fundamentales, y un nuevo ALCA como programa de apropiación.
Ya lo confirmaban las declaraciones de Laura Richardson, ex jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que afirmaba que América Latina es importante debido a que se encuentra “el 60 por ciento del litio del mundo en ese triángulo”, refiriéndose a Argentina, Bolivia y Chile, el cual entiende que es “necesario hoy en día para la tecnología». Además, agregó que es un territorio de «ricos recursos y elementos de tierras raras”.
Entre dichos recursos destaca «las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año (…) los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro». A lo cual suma la importancia del agua dulce: «Tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región». También el exabrupto de Donald Trump al criticar las políticas de la administración de Joe Biden hacia Venezuela. En su primer discurso público tras su imputación por cargos federales, expresó: “Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo”.
Latinoamérica tiene la principal reserva mundial de agua dulce en el Acuífero Guaraní, con una reserva subterránea que cubre casi 1,2 millones de kilómetro cuadrados, de los cuales Brasil abarca una superficie de aproximadamente 850.000 km2, Argentina 225.000 km2, Paraguay 70.000 km2 y Uruguay 45.000 km2. Con estos depósitos de agua, de alrededor de 50.000 km cúbicos, se podría abastecer a 6.000 millones de personas durante 200 años. Sin embargo, la desigualdad con que se desarrolla Latinoamérica muestra que casi 40 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y alrededor de 110 millones no acceden al saneamiento, principalmente en Haití, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia.
En términos de transición energética cuenta con el triángulo del litio, como le llaman a la zona andina que contiene el 60% del mineral identificado mundialmente, que se ubica en el límite entre Bolivia, Argentina y Chile. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calcula que, de un total mundial de 86 millones de toneladas de litio identificadas, el triángulo del litio tiene 49,9 millones de toneladas: Bolivia 21, Argentina 19,3 y Chile 9,6. En cuanto a combustibles fósiles, el 19% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en América Central y del Sur, un potencial no explotado si tomamos en cuenta que la región produce únicamente un 6% del total global.
El control y el dominio del Agua Dulce, el Litio, los Combustibles y los Alimentos (lo que llamamos un nuevo ALCA) es fundamental en esta nueva fase del sistema capitalista. Su plan de acción para Latinoamérica es el mismo que desde hace 500 años: la explotación de la comunidad y de la biosfera. La salida es, como lo fue en Mar del Plata en 2005, la lucha organizada de los pueblos, y la confluencia en un programa de unidad latinoamericana con soberanía sobre los recursos que será determinante en que el resultado final sea un nuevo ALCA o un nuevo “ALCARAJO” como se decía en 2005.
*Strasorier es Director del Centro de Estudios Agrarios, Argentina. Maestrando en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO) y Analista agropecuario, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Rizzo es co-Directora del Centro de Estudios Agrarios, Médica Veterinaria, maestrando en Desarrollo Regional y Políticas Públicas de FLACSO y analista agropecuaria, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
¿Guerra comercial o neocolonialismo? La reconfiguración del saqueo 2.0
Por Carolina Sturniolo, Fernando Rizza y Bruno Ceschin
La “guerra comercial” como fetiche
La guerra comercial se presenta como uno de los tantos fenómenos que se encuentran delineados por una disputa de mayores dimensiones entre Estados Unidos y China, lo que se denomina G2, una guerra entre dos grandes polos financieros y tecnológicos por imponer los tiempos sociales de producción, un conflicto que se ha agudizado profundamente en las últimas décadas.
Según datos de la CEPAL, el comercio entre América Latina y China se multiplicó por 35 entre los años 2000 y 2022. China absorbe el 13% de las exportaciones regionales de materias primas, mientras que representa el 22% de nuestras importaciones de manufacturas.
Sin necesidad de tratados ni acuerdos formales, yace sobre América Latina y el Caribe un nuevo ALCA, ya no un tratado de libre comercio continental, sino de una disputa por el control y la expropiación de recursos naturales estratégicos, como el agua dulce, los minerales como el litio, la energía y los alimentos.
Ante esta nueva fase del capitalismo financiero y tecnológico, la tierra ya no se concibe solo como espacio productivo, sino como un activo estratégico en la disputa global por el control de la naturaleza, la biósfera y la biodiversidad.
Ya no con carabelas, ni a fuerza de la cruz o la espada, sino a través del control de los recursos estratégicos por un puñado de empresas transnacionales (ETN), los Estados nación neocoloniales latinoamericanos garantizan el extractivismo, el endeudamiento, la fuga de capitales y la evasión fiscal, a costa del hambre y la exclusión de sus pueblos.
Con herramientas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, los swaps, las operaciones de bicicleta financiera y las corridas cambiarias, se garantizan rentas extraordinarias y criminales, con niveles de desigualdad y exclusión escandalosos.
Según advierte la CEPAL, el 72% de las exportaciones regionales a China están representadas apenas por seis productos: porotos de soja, minerales como cobre, hierro, petróleo y carne bovina.
En paralelo, las empresas transnacionales (ETN) actúan mediante acuerdos comerciales, inversiones y financiamiento, sin necesidad de grandes tratados multilaterales. La nueva fase del capitalismo financiero opera perforando los Estados nación, sometiendolos con deuda, controlando la infraestructura, las materias primas y los canales de comercialización mientras que las pérdidas ambientales, sociales y económicas las pagan los pueblos.
No hay que cambiar de collar: hay que dejar de ser perros
Estamos ante una subordinación renovada, una forma de neocolonialismo que utiliza la lógica del libre comercio para profundizar la dependencia, destruyendo o minimizando los Estados a su conveniencia y orquestando estafas extraordinarias amparadas por la legalidad y la legitimidad institucional.
Lo que ante nuestros ojos se presenta como una “oportunidad de desarrollo y comercialización” no es otra cosa que una renovada dependencia frente a nuevos colonos, en la disputa entre dos polos financieros y tecnológicos por imponer los tiempos sociales de producción.
Para dejar de ser perros, debemos recrear una integración y bio-industrialización de nuevo tipo, donde el litio y los minerales de los Andes, el agua dulce del Acuífero Guaraní, el petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco, el gas de Vaca Muerta, Bolivia y Brasil, los alimentos y la biodiversidad de la pampa húmeda y del Amazonas se integren en procesos productivos regionales, priorizando el bien común de nuestros pueblos y la distribución de la riqueza con inclusión social.
La disputa por los territorios, los recursos y la vida en América Latina y el Caribe
Por Fernando Rizza, Carolina Sturniolo y Bruno Ceschin
La territorialización del capital financiero y tecnológico global
El proceso actual de concentración, extranjerización y financiarización de la tierra ya no se mide solo por los títulos de propiedad, sino por quién ejerce el control efectivo sobre los territorios, las cadenas globales de valor y las infraestructuras asociadas como los puertos, las hidrovías, los centros logísticos y comerciales, entre otros.
El Observatório da Expropriação da Terra en Brasil ha documentado cómo fondos como BlackRock, Vanguard y State Street participan en el financiamiento de empresas que controlan vastas extensiones en el Matopiba, la frontera agroexportadora del Cerrado. Allí, la expansión de la soja y del agronegocio avanza a costa del desplazamiento de comunidades campesinas y pueblos originarios, generando deforestación, pérdida de biodiversidad, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una violencia y criminalización de la lucha inusitadas.
En Paraguay, el 15 % de la tierra cultivada se encuentra bajo dominio de productores brasileños con fuerte respaldo financiero. En Argentina, más de 10 millones de hectáreas están formalmente en manos extranjeras, aunque la cifra real puede ser mayor debido al uso de estructuras societarias interpuestas, pooles de siembra, que ocultan a los verdaderos beneficiarios.
La escena se repite en toda la región donde las grandes corporaciones, los fondos de inversión y los capitales especulativos se apropian de la tierra, del agua y de los recursos naturales de la biodiversidad para ejercer su control y apropiación de la riqueza devenida del trabajo social. El resultado es un nuevo ciclo de acumulación por desposesión, donde los territorios son el tablero sobre el que se juega la disputa global por el control de la biósfera y la biodiversidad.
Desigualdad estructural y capitalismo de rostro verde
Mientras los grandes actores concentran tierras, recursos y tecnología, más del 80 % de las explotaciones agropecuarias latinoamericanas son de tipo familiar o de pequeña escala, y controlan apenas entre el 13 % y el 25 % de la superficie. Estas unidades productivas sostienen buena parte de la alimentación local, pero enfrentan enormes obstáculos, ya que disponen de un escaso acceso al crédito, a la asistencia técnica, a la comercialización y a las políticas públicas.
El discurso del “desarrollo sostenible”, promovido por los globalistas y las corporaciones transnacionales, aparece como la nueva máscara del viejo proyecto extractivista. Bajo la bandera de la transición energética, se despliega un capitalismo de rostro verde, que busca legitimar la apropiación de nuestros recursos con una retórica ambiental.
Las mismas corporaciones que lideran la devastación del planeta son hoy las que invierten en startups de sustentabilidad, en proyectos de captura de carbono, en energías “limpias” y en manejo de suelos. Pero, ¿qué sustentabilidad puede haber en un modelo que expulsa campesinos, destruye ecosistemas y privatiza el agua? ¿De qué transición ecológica hablamos si los pueblos de la región siguen siendo los que ponen el territorio, el trabajo y la vida?
La región vuelve al extractivismo de recursos naturales, bajo un modelo de dominación territorial y tecnológica. El litio, el cobre, el hidrógeno verde o la energía solar aparecen ahora como los nuevos “commodities del futuro”, pero su extracción sigue el mismo patrón colonial, un enclave imperial, economías dependientes, exportaciones reprimarizadas y control extranjero.
Violencia, despojo y criminalización de la resistencia popular
El avance del capital global sobre los territorios tiene un costo humano altísimo. Según Global Witness, América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente y la tierra. En 2022, más del 60 % de los asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en nuestra región. En 2024, la cifra creció, al menos 120 defensores fueron asesinados o desaparecidos, el 80 % de los casos globales.
No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de disciplinamiento social y político. La violencia busca quebrar la moral de los procesos organizativos, imponer el silencio, y garantizar el avance del extractivismo. Es la continuidad de la guerra colonial por otros medios, la guerra contra los pueblos que defienden la vida.
Frente a ello, los movimientos sociales, campesinos e indígenas han levantado resistencias múltiples y creativas. La CLOC-Vía Campesina, que agrupa a más de 80 organizaciones en 21 países, articula luchas por la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y los derechos de los pueblos. En Venezuela, las comunas socio-productivas reconfiguran la propiedad colectiva; en México, Bolivia, Brasil y Ecuador, los pueblos originarios han impulsado formas autónomas de autogobierno y gestión territorial.
Estas experiencias no solo enfrentan el despojo, sino que reconstruyen el sentido del territorio como espacio de vida, de comunidad y de emancipación. Allí donde el capital ve mercancía, las comunidades ven historia, cultura y futuro compartido. Allí donde el mercado busca ganancias, los pueblos buscan justicia y dignidad.
Construir comunidad es soberanía territorial
El desafío que enfrenta América Latina y el Caribe es profundo, o seguimos siendo una periferia víctima del extractivismo, subordinada al capital global, o construimos una alternativa comunal, soberana e integrada basada en la cooperación, la justicia territorial y la producción sustentable.
Ello implica redefinir la propiedad y el uso de la tierra, reforma agraria integral, democratizar el acceso a los bienes comunes, y fortalecer las economías campesinas, indígenas y populares. Supone también recuperar la planificación pública sobre los recursos estratégicos y desmantelar las estructuras corporativas que operan bajo el manto de la “sustentabilidad”.
El bien común es una construcción comunitaria, colectiva. Y América Latina tiene una larga historia de resistencia y creación popular que demuestra que otro modelo es posible. Desde la economía comunal hasta las agroecológicas campesinas, desde las cooperativas energéticas hasta las redes de intercambio justo, los pueblos del continente están dando las claves de una nueva integración, no del mercado, sino de la vida.
Hoy, frente al nuevo ALCA del siglo XXI, ese entramado de capital financiero y digital, extractivismo verde y control territorial, es urgente recuperar la soberanía sobre nuestros recursos y nuestros cuerpos. No hay sustentabilidad sin justicia social, ni transición ecológica sin redistribución de las riquezas.
El futuro de América Latina dependerá de nuestra capacidad de romper las cadenas del neocolonialismo financiero-digital y volver a poner los pies en la tierra, esa tierra que es de los pueblos, que producen y trabajan.
Geopolítica del agua en América Latina y el Caribe
Por Fernando Rizza, Carolina Sturniolo y Bruno Ceschin
El agua como instrumento de guerra
Más allá de la disputa industrial y financiera, el agua también se está empleando como herramienta de presión, dominación o guerra. Esto se hace evidente en la apropiación de cuencas hídricas, el control de la infraestructura de captación y distribución, y el condicionamiento del acceso al agua como palanca política. Un caso paradigmático, es el de la empresa israelí Mekorot, que controla recursos hídricos en territorios ocupados palestinos y se posiciona internacionalmente como exportadora de tecnología hídrica, mientras simultáneamente ejerce control territorial del agua, sentenciando al pueblo palestino a tomar agua contaminada, a la sed o incluso a la muerte.
En América Latina, la presencia de Mekorot en consultoría, asesoramiento en gestión hídrica y convenios estatales no es sólo técnica, sino que abre el debate sobre la exportación de un modelo hídrico que vincula control, privatización, dominio y condicionamiento de la libre determinación de los pueblos.
El control del agua como arma estratégica puede generar dependencia hidrológica, limitar la capacidad de los Estados o comunidades de decidir sobre su recurso hídrico, y convertir el agua en vector de poder geopolítico. En un contexto de cambio climático, sequías, escasez y migraciones, este factor debe ser considerado como parte del nuevo escenario de seguridad internacional.
América Latina y el Caribe en la encrucijada
Cómo ya venimos analizando, América Latina y el Caribe se encuentra entre los objetivos estratégicos del capitalismo financiero y tecnológico global, el que para funcionar en esta Nueva Fase de producción, necesita de agua dulce para las grandes metrópolis, Litio para el funcionamiento de las nuevas tecnologías, Combustibles para las industrias y Alimentos para poner en movimiento la Fuerza de Trabajo. Este nuevo ALCA, lejos de tratarse de una retórica se materializa en la agudización de las tensiones bélicas, comerciales y políticas que se multiplican en la Región.
La empresa estatal israelí Mekorot, denunciada por organizaciones internacionales por su rol en el apartheid hídrico contra el pueblo palestino, ha extendido en los últimos años su presencia en América Latina a través de un perfil bajo y métodos poco transparentes. Aunque formalmente se presenta como una entidad pública, su accionar en la región replica el de una corporación privada transnacional, con operaciones difíciles de rastrear, intermediarios locales que eluden normas de contratación estatal y convenios plagados de cláusulas de confidencialidad. Mekorot no fija domicilio ni oficinas en los países donde actúa, lo que le permite moverse en un terreno gris donde la rendición de cuentas y el control público resultan casi imposibles.
En Brasil, participó en proyectos en Belo Horizonte; en Colombia brindó consultoría a las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y La Guajira; en República Dominicana, el Plan Hídrico Nacional que elaboró en 2023 fue suspendido tras denuncias por irregularidades; y en México firmó en 2013 un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua para asesorar en remediación de acuíferos.
Los casos más resonantes se dieron en Chile y Uruguay, donde la empresa buscó posicionarse como referente técnico en la gestión del recurso hídrico, pese a las críticas por sus antecedentes y las condiciones contractuales impuestas.
En Chile, el convenio con el Gobierno Regional del Biobío, firmado en 2023 a través de la fundación privada “Desarrolla Biobío” fuera del régimen de compras públicas, generó fuertes cuestionamientos de la comunidad palestina y de la organización Abogados por Palestina, que denunció la falta de transparencia y cláusulas que someten los conflictos contractuales a tribunales internacionales y legislación extranjera.
En Uruguay, Mekorot se vinculó a OSE durante la crisis hídrica de 2023, ofreciendo asesorías por USD 275000 para el manejo del agua del Río de la Plata, en el marco del polémico Proyecto Neptuno, hoy frenado, quién buscaba privatizar parcialmente el acceso al agua potable. Así, la empresa israelí avanza silenciosamente en el continente, aprovechando las crisis climáticas y los vacíos institucionales para transformar el agua —bien común vital— en un recurso estratégico bajo control corporativo.
En Argentina, la empresa israelí Mekorot logró avanzar silenciosamente en el sector hídrico gracias al impulso del entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, quien en 2022 promovió una visita oficial a Israel con mandatarios de diez provincias y alentó la creación de una autoridad centralizada de gestión del agua bajo el modelo israelí. A través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) —utilizado como intermediario para evitar controles públicos y normativas de contratación—, Mekorot firmó convenios con Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, y más recientemente con Neuquén, Chubut y Jujuy, alcanzando así la mitad del territorio nacional.
Aunque los contratos son opacos y carecen de información sobre montos o mecanismos de control, las provincias los presentan como “Planes Maestros de Agua”. Detrás de este despliegue, la empresa se inserta en zonas estratégicas para el agronegocio, la megaminería y el petróleo, coincidiendo con el avance del modelo extractivista. Frente a esta injerencia, surgió la Campaña “Fuera Mekorot”, impulsada por asambleas ambientales, organizaciones sociales y de derechos humanos, que denuncian la falta de transparencia, la privatización encubierta del agua y los vínculos políticos y empresariales que sostienen la expansión israelí en el país.
Frente a este panorama, es necesario entender al agua como bien común, vital, frente a la concepción de mercancía financiera. La soberanía territorial requiere la defensa acérrima de nuestros bienes comunes, garantizando un acceso universal, una gestión democrática, pero sobre todo la participación comunitaria. La financiarización del agua, la mercantilización y su uso como herramienta de guerra o dominación deben ser objeto de una reflexión crítica profunda. Sólo así podremos asegurar que ese recurso esencial, que define la vida, no quede al servicio de unos pocos, sino al cuidado colectivo de los pueblos de nuestramérica.
*Carolina Sturniolo es Médica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC.
*Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina.
*Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA)
