Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Marco Consolo
En Honduras, el próximo 30 de noviembre, alrededor de 6 500 000 personas están llamadas a elegir al presidente para el período 2026-2030, 128 diputados al Parlamento nacional, 20 diputados al Parlamento centroamericano, 298 alcaldes y otros tantos vice-alcaldes, así como 2168 concejales municipales.
En este pequeño país centroamericano (en el que la normativa electoral no prevé ni la reelección ni la segunda vuelta), hay cinco candidatos presidenciales. La izquierda presenta a Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Contra ella se presentan Salvador Nasralla Salum, por el Partido Liberal; Nasry Juan Asfura Sabla, por el Partido Nacional; Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, por el Partido de la Innovación Nacional y la Unidad Socialdemócrata (PINU-SD), y Mario Enrique Rivera Callejas, por la Democracia Cristiana (PDCH).
La candidata de Libre lidera con diferencia las encuestas y la derecha, la oligarquía y la embajada de Estados Unidos están haciendo todo lo posible para impedir su victoria. A pesar de su pequeño tamaño y su peso económico relativo, su ubicación geográfica hace que Honduras sea geopolíticamente significativa.
Pero vayamos por partes.
El golpe de Estado de 2009
Como se recordará, en 2009 la breve experiencia progresista del Gobierno de Manuel Zelaya fue sofocada en su origen por un golpe de Estado civil-militar (respaldado también por las jerarquías eclesiásticas locales) con una represión dolorosa y sangrienta y decenas de víctimas. Entre otras «culpas», Zelaya había tenido la osadía de llevar a Honduras al ALBA con Hugo Chávez, de querer preguntar a la población si estaba de acuerdo con una Asamblea Constituyente para «refundar el país» y de intentar liberarse de la molesta tutela y presencia estadounidense, empezando por las importantes bases militares de Palmerola, que alberga el comando de la Fuerza Operativa Conjunta Bravo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
El golpe fue seguido por 12 años de dictadura, encubierta con elecciones amañadas gracias a descarados fraudes electorales denunciados por la oposición, pero también respaldados por la UE. En el calor de la resistencia a la dictadura, se rompe el tradicional bipartidismo (Partido Liberal, Partido Nacional) y nace un nuevo partido, Libre, gracias al expresidente Zelaya y a los sectores que habían organizado la resistencia. Finalmente, en noviembre de 2021, Libre logró ganar las elecciones y elegir a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta del país.
La conspiración golpista de la oligarquía
Desde entonces, la oligarquía conspira abiertamente para derrocar a Xiomara Castro y recuperar los privilegios perdidos. Su gobierno ha logrado resultados históricos para el país. Pero, una vez más, estar en el gobierno no significa estar en el poder: gobernar sin tener el control del poder económico y mediático ha mostrado sus límites estructurales y desde dentro del establishment, los poderes fácticos han saboteado científicamente cada conquista.
Los partidos tradicionales (Partido Liberal y Partido Nacional) representan, de hecho, los intereses de las 10 familias y los 25 grupos económicos que controlan la economía del país, acumulan el 80 % del PIB y poseen el 98 % de los medios de comunicación. En términos de libertad de expresión, los latifundios mediáticos nunca habían mentido y calumniado tanto. La oligarquía nunca ha estado dispuesta a negociar con un gobierno de izquierda en Honduras y, en varias ocasiones, ha expresado su disposición a llegar a una guerra civil.
En estas elecciones se enfrentan, por tanto, dos concepciones opuestas del mundo. Y, una vez más, LIBRE se enfrenta a la conspiración nacional e internacional de la derecha fascista y de la Casablanca de Trump, cuyo objetivo es destruir cualquier proyecto popular en el país y en el continente.
El gobierno de Xiomara y la candidata favorita, Rixi Moncada
Con el lema «Refundar Honduras», los logros del gobierno progresista de la actual presidenta Xiomara Castro han sido muchos y reflejan avances significativos en materia de transparencia administrativa, justicia social y soberanía nacional.
Entre las medidas más significativas adoptadas por iniciativa del Gobierno de Castro, en 2022 el Parlamento aprobó por unanimidad la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), enclaves con un alto nivel de autonomía, con su propio sistema político a nivel judicial, económico y administrativo, supuestamente basado en el capitalismo de libre mercado. Y en septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró su inconstitucionalidad. La eliminación de las ZEDE supuso un duro golpe al modelo neoliberal implementado en las décadas anteriores.
Pero el programa de gobierno de Rixi Moncada no es solo continuidad: el objetivo es profundizar en la transformación del modelo económico, aumentar las inversiones sociales y reforzar el papel del Estado. Tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Moncada fue su representante en los diálogos de San José, destinados a restablecer la legalidad institucional. Tras un breve exilio (y una persecución judicial sin fin), fue una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular, del que surgió en 2012 el partido Libre, que creó junto con Zelaya. Dentro de Libre, pasó a formar parte de la Comisión Política. En el Gobierno de Xiomara Castro, ocupó varios cargos, entre ellos el de directora de la Entidad Nacional de Energía Eléctrica, consejera del Consejo Nacional Electoral, ministra de Finanzas y ministra de Defensa, siendo la primera mujer en Honduras en ocupar este último cargo.
Entre sus primeras medidas como Ministra de Finanzas, Moncada presentó a la nueva presidenta un informe sobre la situación financiera del país, en el que afirmaba que el Gobierno de Castro (recién investido) había heredado un Estado en bancarrota con «cifras manipuladas y signos de corrupción, con instituciones derrumbadas y hundidas». En un duro discurso, también afirmó que el presupuesto general de la República aprobado por el Gobierno anterior era falso, corrupto y no reflejaba la realidad del país.
Por lo tanto, no es de extrañar que la campaña electoral se haya desarrollado sin exclusión de golpes y que los ataques contra Rixi Moncada hayan aumentado en intensidad a medida que se acerca la fecha de las elecciones. «Quieren detenerme. Los grupos de poder, la oligarquía, los líderes del Partido Nacional y del Partido Liberal, los bancos de Honduras, los poderes económicos de Honduras quieren detenerme», repitió Rixi Moncada durante un acto electoral.
Los otros dos candidatos
Los otros dos candidatos con alguna posibilidad son Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional), aunque ambos están muy por detrás en las encuestas (que siempre hay que tomar con cautela).
En cuanto a Salvador Nasralla, es el candidato por el que apuestan los sectores más reaccionarios de Washington para ganar contra la abogada Rixi Moncada. Es un expresentador de televisión convertido en figura política. No es casualidad que Nasralla no haya hecho campaña en el territorio y haya pasado gran parte del período electoral en Estados Unidos y España, donde se reunió con los líderes del fascismo hispanohablante. En un reciente programa de televisión, Nasralla afirmó que, en caso de derrota, parte de la flota estadounidense desplegada actualmente en el Caribe contra Venezuela y Colombia podría trasladarse a las costas hondureñas para «poner orden».
El tercer candidato, Nasry Asfura, se presenta por el partido del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente encarcelado en Estados Unidos con una condena de 45 años por tráfico de drogas y crimen organizado. Para la embajada estadounidense, el Partido Nacional parece poco creíble, por lo que ha preferido apostar por la recuperación del Partido Liberal, el mismo partido que en 2009 promovió el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya, que procedía de sus propias filas.
A diferencia del programa de gobierno de Rixi Moncada, los programas de todos los candidatos de la derecha apuntan a retomar las privatizaciones y los privilegios para la estrecha oligarquía local. En otras palabras, proponen volver a la situación de los 12 años de dictadura neoliberal. Una dictadura que provocó un aumento exponencial de la pobreza (que llegó al 75 %) y la tercera mayor desigualdad social del continente.
Y no solo eso. En la era de las “fake news”, la verdad ya no importa y el burro le dice cornudo al buey: los fascistas, que dicen que los persiguen, también participan en foros sobre derechos humanos haciendo de víctimas.
La conspiración contra las elecciones
Pero, además de intentar hacerse pasar por víctimas, los planes golpistas son menos delicados. Hace unos días, la Fiscalía reveló una serie de 26 escuchas telefónicas, ya sometidas a peritaje. En las grabaciones, la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López (designada por el Partido Nacional), y el líder parlamentario del mismo partido, Tomás Zambrano, ultiman los detalles para sabotear el proceso electoral del 30 de noviembre. Las grabaciones revelan un complot para manipular los resultados, alterar el sistema de transmisión de datos, utilizar a los observadores electorales para deslegitimar el proceso, intentar controlar el transporte de las urnas, desestabilizar los centros de datos donde se transmiten los resultados y reforzar la campaña mediática contra el Gobierno.
Por último, pero no menos importante, las grabaciones también se refieren al papel de las Fuerzas Armadas y a un sector militar de extrema derecha dispuesto a dar un golpe de Estado. Tras descubrir la conspiración, el jefe del Estado Mayor, el general Roosevelt Hernández, acaba de destituir a cinco coroneles que estaban de acuerdo con los golpistas civiles.
En las escuchas, la consejera declara que espera la ayuda activa de Casabianca y menciona “medios” que habrían sido proporcionados por la embajada de Estados Unidos en el país.
El objetivo es proclamar vencedor a Salvador Nasralla, frente a Rixi Moncada, clara favorita. Las escuchas revelan los detalles de un plan ya en marcha, que se corresponde al milímetro con lo que está ocurriendo en las últimas semanas. El guion del golpe electoral no es nuevo y no destaca por su imaginación: la estrategia consiste en no aceptar el resultado de las urnas, gritar fraude, aumentar el conflicto para anular las elecciones y repetirlas más adelante en condiciones más favorables para la derecha.
Tras ser sorprendida con las manos en la masa, la derecha se dedica ahora a manipular la opinión pública para restar importancia al contenido de las escuchas telefónicas y reforzar la intensa campaña de difamación contra el fiscal general de la República y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Parte de la campaña de desinformación tiene como objetivo convencer a la población del «control total y totalitario» de todas las instituciones por parte del Gobierno de Xiomara Castro, incluida la policía y las Fuerzas Armadas. La derecha hondureña trabaja duro para que un sector militar, fiel al SOUTHCOM (el Comando Sur de los Estados Unidos), se rebele contra sus comandantes y facilite un nuevo golpe de Estado de «última generación», en caso de que sea necesario. Un tema que también mencionó el candidato Nasralla en televisión, quien instó a las Fuerzas Armadas a rebelarse. La oligarquía no perdona a la actual cúpula militar que no haya prestado oído a los cantos de sirena golpistas y a la petición de la derecha de reprimir a la población.
La realidad dista mucho del «control total y totalitario» y, por el contrario, las relaciones de fuerza institucionales son desfavorables para el Partido Libre. En la Corte Suprema de Justicia, nueve de los quince jueces pertenecen a los sectores más reaccionarios, y en la Fiscalía abundan los fiscales nombrados tras el golpe de Estado de 2009. Son los mismos que bloquean los juicios contra los responsables de la sangrienta represión del golpe, garantizando su impunidad.
También en el Parlamento, la mayoría de los diputados son expresión de la oligarquía y favorables a la agenda de Casablanca. Pero la oposición no controla la Presidencia, y no hay día en que no se manifieste su agresiva voluntad de conquistarla.
El fracaso de la simulación electoral
El último dato preocupante ha sido el fracaso de la simulación electoral del pasado 9 de noviembre, a 20 días de las elecciones. Para Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral en representación de Libre, el fracaso demuestra que «existe una conspiración contra el proceso electoral orquestada en el seno de la propia institución electoral». La denuncia se centró en la falta de conectividad satelital para la transmisión de datos, con solo 1556 minutos transmitidos de los 4362 previstos (35,7 %), y en la falta de conexión para la recopilación de datos biométricos de los votantes, con 317 dispositivos conectados de los 1340 desplegados (23,7 %). Acciones que coinciden perfectamente con el plan revelado en los audios, para desacreditar el proceso electoral y generar una crisis de legitimidad postelectoral en Honduras.
En conclusión
El próximo 30 de noviembre, Honduras deberá elegir entre continuar y profundizar el camino del cambio o volver al modelo que había sumido al país en una crisis sin fondo. Dadas las conspiraciones en curso, será decisiva la respuesta popular a los intentos golpistas y a la injerencia estadounidense. Y será igualmente importante la alerta y el acompañamiento internacional que contribuya a detener la conspiración golpista.
