Adorni y Bullrich ratificaron que enviarán al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal
El jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad saliente reafirmaron que la iniciativa prevé “el agravamiento de penas”. La baja de edad de imputabilidad continúa en la agenda del gobierno.
Aceitado y focalizado mientras la oposición peronista se debate en internas, el gobierno ratificó este lunes que enviará “en los próximos días” al Congreso el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que presentaron el presidente Milei y la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich a principios de octubre.
En esta ocasión, desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Seguridad saliente Patricia Bullrich afirmaron que la nueva composición del Congreso que se conformará a partir del 10 de diciembre tendrá “la misión histórica” de tratar y aprobar esta reforma, que tiene entre sus caballos de batalla el agravamiento de penas.
Según Bullrich, el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”.
La ministra de Seguridad saliente y senadora electa señaló que el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y que protegerá a quienes cumplen “tareas fundamentales”, como “el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores”.
La todavía funcionaria también destacó que el proyecto incorpora la figura de conducción imprudente —reclamo histórico de la ONG Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”. Afirmó que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como consecuencia del nuevo Código, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”. Remarcó que “está comprobado que los países que tienen penas fuertes bajan los delitos”.
Intento de reformateo
De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Justicia, la reforma endurece las penas para los delitos como los homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil, y la trata de personas. Elimina la prescripción para los delitos graves como el abuso sexual y el homicidio agravado cuyo castigo “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.
Según este ministerio, las condenas perpetuas no tendrán límite temporal. “De ese modo cuando se condene a un delincuente por homicidio agravado la prisión será perpetua, es decir para toda la vida”, afirmó la cartera de Justicia. También, el comunicado enarboló otro argumento esgrimido por el gobierno: asegura que el proyecto establece el cumplimiento efectivo de la pena “en el 82% de los delitos”.
“Actualmente, cuando la pena no supera los tres años el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”, ponderó el ministerio.
En octubre, con Milei, Bullrich brindó más detalles del proyecto. Y en aquella ocasión, al detallar los casos de agravamiento de penas, marcó que la iniciativa plantea una diferenciación si la legítima defensa la aplica un civil o personal de las fuerzas de seguridad: “Lo ampliamos al concepto de cumplimiento del deber para que los integrantes de las fuerzas de seguridad, cuando tienen que actuar en el marco de la ley y la constitución, estén protegidos por este Código Penal y no terminen siendo victimarios”, sostuvo.
¿Nueva doctrina?
¿Qué va a pasar con la baja de la edad de imputabilidad? En octubre, y con Milei a su lado, Bullrich sostuvo que ese tema “va a ir aparte, pero entra para ser discutido como una totalidad del sistema penal y judicial argentino”. Respecto a la edad, dijo: “estamos planteando la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años”.
Este lunes, el Ministerio de Justicia aseguró: “El envío de este proyecto completa las reformas de forma y de fondo del sistema penal, que incluyen la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad”. En otras palabras, la baja de la edad de imputabilidad continúa en la agenda de las reformas que el gobierno tiene en carpeta para el sistema penal.
En el Congreso, más precisamente desde la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó en la primera mitad del año avanzar con proyectos para bajar la edad de imputabilidad, por ahora sin éxito. Habrá que ver en esta nueva etapa legislativa cómo reimpulsan la medida, con el desembarco de Bullrich como flamante senadora nacional.
Adorni, por su parte, elogió a una de las primeras funcionarias del Pro que pasó a las filas violetas. “La doctrina Bullrich vino para poner fin al régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden”, afirmó entre otros cumplidos a “Pato”, y destacó que desde el 10 de diciembre esa misma doctrina “será llevada al Congreso de la Nación, donde tendrá la misión de aprobar los proyectos necesarios para que el país salga adelante”.
También, Adorni subrayó que la reforma implica “el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima”. Criticó que el Código vigente “está hecho a medida de los delincuentes”, con condenas insuficientes y una “puerta giratoria” que explica gran parte de los delitos. Y adelantó que el proyecto buscará “agravar todas las penas”, incluir “un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública” e incorporar que “los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles”.
Son varios los puntos por tratar. El respaldo en las urnas y el recambio en el Congreso acercan al gobierno a un posible reformateo legal en materia de seguridad. Estará en la oposición y en las organizaciones de la sociedad civil analizar la “letra chica” del proyecto, y velar por las garantías democráticas.
Tras haber eliminado 60.000 empleos públicos, el Gobierno va por un nuevo recorte
El Gobierno anticipó un recorte, que se estima del 10%, de la planta de trabajadores y trabajadoras del sector público. En lo que va del gobierno de Milei se destruyeron a razón de 83 empleos eliminados por día. El nuevo ajuste que se viene en 2026.
El Gobierno aplicará un nuevo recorte del personal público, como parte del ajuste bestial que impone para lograr un superávit que le permita acumular recursos para las ingentes sumas de vencimientos de deuda que deberá afrontar el año pasado. Aunque el Ejecutivo evitó dar precisiones, los trascendidos dentro de Casa de Gobierno apuntan a que la motosierra podría recortar hasta el 10 por ciento del total de trabajadores, que asciende a 285.570 empleados, tras haberlo reducido en 60.784 puestos desde 2023 que asumió el gobierno de La Libertad Avanza.
La posibilidad de otro recorte encendió las alarmas en ATE, que evalúa adelantar el paro nacional previsto para cuando el Congreso trate la reforma laboral. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, salió con los tapones de punta: calificó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como “un ser siniestro” y advirtió que los estatales “también vamos por él”.
El gremialista denunció que el ajuste no es económico sino ideológico. Remarcó que los contratados representan “menos del 0,5% del presupuesto”, mientras que la deuda externa supera el 25%. Y apuntó directo al corazón del proyecto oficial: “No quieren destruir el Estado; quieren moldear uno al servicio de los grandes grupos económicos”. De concretarse el recorte del 10% que el Gobierno analiza, unas 28.000 personas podrían quedar fuera de la administración pública en 2026. ATE advirtió que evalúa adelantar el paro previsto durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Desde 2023 se perdieron 60.784 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 17,7% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, más de 83 personas por día. En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
La motosierra 2023-2025
El gobierno de Milei insiste en reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. «Si se analiza por sector, la mayor parte del recorte recae sobre empresas y sociedades; en segundo y tercer lugar la administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera) y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente;; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente», según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Los sectores con mayores ajuste
En términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente
El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.155 despidos. Esta situación no solo implica una pérdida laboral masiva, sino que afecta funciones esenciales que exceden el envío de cartas y paquetes: el Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales del país.
Le siguen la Operadora Ferroviaria, con 3.375 cesantías, en el marco de un retroceso en el desarrollo del sistema ferroviario que incide directamente en los costos logísticos y el crecimiento de las economías regionales. Otro caso preocupante es el del Banco Nación, con 2.069 desvinculaciones, en un contexto donde el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia su privatización.
En Aerolíneas Argentina a cargo de interconectar el país, se contabilizan 1.887 despidos. En AySA, empresa responsable del abastecimiento de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se contabilizaron 1.686 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de un servicio esencial para millones de personas. Finalmente, la ex Télam, agencia nacional de noticias, fue prácticamente desmantelada con la desvinculación de 641 trabajadores, «lo que representa un ataque directo a la pluralidad informativa y a la capacidad del Estado de producir contenidos propios con una mirada federal y soberana», sostuvo el CEPA.
Los despidos encubren no sólo una gran magnitud sino una clara orientación ideológica del proceso de desmantelamiento del Estado. Nuevamente, el caso más extremo es el de la ex Télam, donde el recorte alcanzó el 79% del personal, llevándola a una situación de virtual extinción operativa. «Este desmantelamiento no se limita a un ajuste presupuestario: constituye una decisión política de alto impacto simbólico y estructural, orientada a desarticular la capacidad del Estado de comunicar desde una perspectiva federal, plural y soberana. Con su virtual cierre, se debilita una herramienta estratégica para equilibrar la concentración mediática, visibilizar las realidades del interior del país y construir relatos alternativos a los del mercado», sostuvo el informe.
En segundo lugar, se ubica ENARSA Patagonia, una empresa clave para el diseño y ejecución de políticas energéticas en el sur del país, que sufrió una reducción drástica de personal. Esta medida debilita la presencia del Estado en la planificación territorial del sistema energético, en una región con vasto potencial en gas, petróleo y energías renovables, y cuya integración energética es indispensable para el desarrollo federal. Los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E. —en tercer y cuarto lugar, respectivamente— también son especialmente significativos.
Estas empresas fueron fundamentales en la producción y difusión de contenidos pedagógicos, digitales y audiovisuales, desempeñando un rol clave en la democratización del conocimiento, el acceso a la cultura y la construcción de ciudadanía. La reducción de sus planteles limita seriamente la capacidad estatal para garantizar derechos culturales y educativos en todo el país, particularmente en sectores excluidos del mercado de plataformas privadas.
El ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional. En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40 por ciento del personal representa un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.
La administración pública
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, el proceso de reducción del personal también fue de gran magnitud, afectando tanto a áreas operativas como a organismos técnicos, científicos y sociales que cumplen funciones estratégicas en el diseño y la implementación de políticas públicas. La mayor reducción nominal de personal se registró en ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional), con 3.220 puestos de trabajo eliminados, lo que representa un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo del Estado. Este recorte masivo compromete el funcionamiento de un organismo clave para la sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia en la gestión de los recursos.
El ajuste también impactó con fuerza en organismos científicos y técnicos fundamentales para el desarrollo estratégico nacional. El CONICET, principal institución de promoción de la investigación científica en el país, sufrió una reducción de 1.964 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo. Esta medida no solo afecta la continuidad de líneas de investigación de largo plazo —muchas de ellas vinculadas a problemáticas críticas como salud, ambiente, energía y soberanía alimentaria—, sino que debilita el tejido institucional del sistema científico argentino, históricamente reconocido en la región. El ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) perdió 828 trabajadores, lo que limita su capacidad de fiscalizar el uso del espectro radioeléctrico, garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios y promover políticas de conectividad e inclusión digital. En un país con profundas desigualdades de acceso a internet y servicios de telecomunicaciones, este recorte implica una renuncia al objetivo de achicar la brecha digital.
El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), otro pilar del entramado productivo y tecnológico sufrió una reducción de 774 trabajadores. Esta decisión impacta directamente sobre la asistencia técnica a pymes, el desarrollo de normas de calidad, la transferencia tecnológica y la producción de bienes con valor agregado nacional. Su debilitamiento erosiona la capacidad del Estado de acompañar al sector productivo y promover la innovación tecnológica local. Por su parte, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), responsable de garantizar la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, perdió 611 puestos de trabajo. Esta reducción pone en riesgo la trazabilidad de exportaciones agroalimentarias, la prevención de enfermedades zoonóticas y la protección del patrimonio fitosanitario del país, con potenciales impactos económicos y sanitarios de gran escala.
En el plano social y previsional, los recortes también fueron significativos. La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) —uno de los principales brazos operativos del Estado en materia de derechos sociales— perdió 1.584 trabajadores, lo que afecta la atención al público, la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales. Esta pérdida de capacidad repercute directamente en los sectores más vulnerables, que requieren de un Estado presente y eficaz.
Un caso particularmente relevante y novedoso dentro del proceso de reducción de personal en la administración pública nacional es el de los despidos registrados en las estructuras centrales de las Fuerzas Armadas. En el Estado Mayor General de la Armada Argentina, las cesantías alcanzaron a 1.006 agentes, mientras que en el Estado Mayor General del Ejército Argentino se contabilizaron 642 desvinculaciones. «Se trata de una medida de impacto inédito en los últimos años, dado que históricamente estos organismos habían quedado relativamente al margen de las políticas de ajuste de personal aplicadas a otras dependencias estatales», destaca el CEPA.
