Cinco años del aborto legal: Amnistía Internacional alerta por un fuerte retroceso en el acceso a la IVE
Un informe de la organización develó los numerosos obstáculos que atravesaron las personas gestantes desde 2024 para que el Gobierno haga efectivos sus derechos.
A cinco años de la legalización del aborto en Argentina, desde Amnistía Internacional Argentina denunciaron que el Gobierno de Javier Milei desmanteló los programas y canales de contención y asesoramiento sobre el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los métodos anticonceptivos; redujo la compra y distribución de insumos esenciales para el cumplimiento de la normativa; y promovió las dilataciones de procedimientos y prácticas de hostigamiento en consultorios para “forzar un cambio de decisión” de las personas embarazadas.
Para Amnistía Internacional Argentina, con el ascenso de los gobiernos de ultraderecha en gran parte del mundo, los discursos de sectores religiosos y conservadores que reniegan contra los derechos de autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y disidencias se convirtieron en los últimos años en “una estrategia política” para “construir alianzas, fortalecer su base de apoyo, y revertir conquistas en materia de igualdad y derechos humanos”.
Milei aborta los derechos
La directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, planteó que esa “ofensiva” cobró “fuerza durante el gobierno de Javier Milei, quien ejecutó un grotesco desmantelamiento institucional de políticas públicas vinculadas a estos derechos.
Asimismo, Belski denunció que la gestión libertaria “debilita el rol del Estado como garante de derechos”, “profundiza las barreras preexistentes” en el acceso al aborto seguro, y “agrava las desigualdades sociales”.
“Los relatos se repiten desde distintas provincias del país y revelan un patrón común: las mujeres y personas gestantes están encontrando barreras donde debería haber atención, acompañamiento y acceso asegurado”, precisaron.
Falta de insumos
El primer y principal punto que denunció la organización es que desde la asunción del actual gobierno nacional se interrumpió la compra y distribución de insumos necesarios para garantizar el acceso a la IVE/ILE. El panorama se complejizó cuando de forma repentina, por primera vez en más de 20 años, el Estado Nacional dejó librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos.
“Durante 2023, se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack, mientras que en 2024 no se ha distribuido insumo alguno a las provincias para garantizar el acceso al aborto”, remarcó.
A modo de ejemplo, el informe citó el caso de María, una misionera con cuatro hijos que en agosto de 2024 acudió a un centro médico porque quedó embarazada y quería abortar, y al hacerlo recibió una respuesta desoladora: no podían garantizarle el procedimiento por falta de insumos y le dijeron que tenía que comprar el misoprostol por su cuenta. En ese entonces, el costo de la medicación era de 100.000 pesos.
Además, Amnistía Internacional Argentina resaltó que entre el año 2023 y 2024 hubo una profunda reducción en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y tests de embarazo distribuidos a las provincias. La alarmante cifra de declive es de un 81%.
También se desarticuló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), pese a su impacto comprobado en la reducción del embarazo en la adolescencia.
Falta de información sobre el derecho al aborto
“En el último año, Amnistía Internacional registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023, que llegan a la organización a través de su formulario de atención. Y, entre enero y abril (inclusive) del año 2025, la organización ha recibido 160 casos, lo cual representa el 133% del total recibidos durante el 2024″, puntualizaron.
En rigor, 33,67% de las personas que se contactaron con la entidad señalaron no saber cómo o dónde acceder a una IVE, identificando la falta de información como el impedimento más frecuente para ejercer este derecho.
Desmantelamiento de la línea 0800 de Salud Sexual
“No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley. En este escenario, la desinformación se convierte en una barrera crítica. Sin información pública, las personas no saben dónde ir, ni cómo exigir que sus derechos se cumplan“, lamentaron desde la entidad.
La organización ejemplificó la problemática con un caso: una mujer de 27 años relató que logró comunicarse con la línea 0800, pero el personal que la atendió le referenció algunos centros de salud a los cuales podría acercarse para realizar la práctica, y cuando se dirigió a los mismos, se encontró con que no contaban con profesionales de la salud que garantizaran la IVE/ILE.
“Fui a los centros de salud que me pasó el 0800, pero cuando llegué me dijeron que no tenían equipo [de profesionales para garantizar] IVE. Por ello, terminé buscando ayuda en internet y caí en un lugar donde me denegaron la práctica”, informó.
Desinformación y manipulación psicológica, maltratos y dilataciones
“También se registran casos de consejerías disuasorias, maltratos y prácticas de hostigamiento que buscan forzar un cambio de decisión, violando la autonomía de las personas gestantes”, aclararon. Y por si fuera poco, se suma la ausencia de información oficial sobre este derecho.
A modo de prevención, Amnistía Internacional Argentina advirtió sobre los llamados “centros de maternidades vulnerables”, que son “espacios que se presentan como lugares de contención, acompañamiento y asesoramiento a mujeres embarazadas, pero en realidad, operan como dispositivos de desinformación y disuasión para quienes quieren abortar”.
En este sentido, puntualizó que “bajo la fachada de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad”, estas agrupaciones promueven la “información falsa o incompleta sobre el procedimiento, exageran supuestos riesgos médicos, y despliegan prácticas coercitivas e invasivas de la privacidad de las usuarias, que vulneran el marco legal nacional e internacional vigente en Argentina”.
En este sentido, citaron el caso de Camila, una mujer de 33 años, con dos hijos, quien en 2024 se acercó al Hospital Materno Infantil de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, para acceder a una IVE. Sin embargo, al llegar fue derivada al consultorio de “Maternidades Vulnerables”, donde la recibieron dos personas que comenzaron a cuestionar su decisión con actitudes invasivas y maltrato emocional. En medio de su angustia, le mostraron un muñeco de un bebé mientras le preguntaban insistentemente: “¿Por qué llorás?,” sin respetar su decisión.
“Me hicieron sentir muy mal, la verdad es una experiencia fea la que pasé. No quise volver ahí. La pasé muy mal y salí llorando”, relató la víctima a la organización.
Posteriormente, ante los diversos maltratos experimentados e injerencias arbitrarias, Camila decidió acceder a la IVE en otra institución por fuera de la región sanitaria de su domicilio, pero las dos personas que la atendieron continuaron contactándola de manera reiterada e insistente a su teléfono para indagar sobre si finalmente había realizado el aborto.
La acción de Amnistía Internacional Argentina
Pese a los retrocesos denunciados, la organización hizo hincapié en un aspecto positivo desatado a partir de esta contraofensiva: “Los datos revelan no solo un preocupante retroceso en el acceso efectivo a derechos, sino también una creciente conciencia y organización por parte de quienes ven vulnerado su acceso a la salud sexual y reproductiva”.
En este contexto, Amnistía Internacional exigió al Gobierno Nacional garantice los presupuestos sostenidos para adquirir métodos anticonceptivos y medicación específica y que cumpla con la centralización de las compras para evitar faltantes.
Finalmente, el documento insta a garantizar una atención digna mediante la capacitación obligatoria del personal sanitario y el monitoreo de posibles obstáculos institucionales. Esto incluye propuestas para erradicar la violencia y asegurar la confidencialidad en todos los niveles del sistema de salud.
Mi cuerpo mi decisión: cinco años de la legalización del aborto
El 30 de diciembre se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La autonomía de los cuerpos como un derecho que no admite retrocesos.
Por Jésica Rivero y Maby Sosa
Una pantalla gigante de espaldas al Congreso de la Nación proyectaba el 30 de diciembre de 2020 la histórica sesión del Senado en la que se trató la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Frente a ella cientos de mujeres y diversidades esperaban el resultado de una normativa que cambió la vida de miles de mujeres y que posicionó a la Argentina como uno de los países más avanzados en materia de derechos. Pasadas las dos de la mañana la plaza del Congreso estalló en un solo grito, que se mezcló con lágrimas. En las plazas principales de cada provincia y cada ciudad se repetía la misma imagen. De fondo, la frase «el aborto es ley».
Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una de las pocas militantes que pudo ingresar esa noche al Senado, cuenta que al escuchar la aprobación salió corriendo hacia la plaza, «quería estar con todas mis compañeras», dice a Tiempo Argentino, cinco años después.
Una pantalla gigante de espaldas al Congreso de la Nación proyectaba el 30 de diciembre de 2020 la histórica sesión del Senado en la que se trató la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Frente a ella cientos de mujeres y diversidades esperaban el resultado de una normativa que cambió la vida de miles de mujeres y que posicionó a la Argentina como uno de los países más avanzados en materia de derechos. Pasadas las dos de la mañana la plaza del Congreso estalló en un solo grito, que se mezcló con lágrimas. En las plazas principales de cada provincia y cada ciudad se repetía la misma imagen. De fondo, la frase «el aborto es ley».
Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una de las pocas militantes que pudo ingresar esa noche al Senado, cuenta que al escuchar la aprobación salió corriendo hacia la plaza, «quería estar con todas mis compañeras», dice a Tiempo Argentino, cinco años después.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, él y sus referentes amenazan con atacar una de las leyes más debatidas en la historia de la democracia argentina. El ataque no es hacia la ley, claro, es hacia la organización transfeminista.
«No creo que todo este proceso con la ley en 2018 y en 2020 sea en vano. Siempre hubo una parte de la población que cree que las mujeres somos inferiores a los hombres. Desde el gobierno esa idea está muy arraigada porque todo el tiempo están en contra de las mujeres, no nos creen y discuten hasta los femicidios. Hay que ir contra eso, mostrar los datos, las evidencias», expresa Martino.
El diciembre que se aprobó el derecho al aborto
Julia Martino fue una de las integrantes de la comisión de cabildeo de la Campaña por el Derecho al aborto. Recuerda lo trabajoso que fue aquel 2020 recuperar el debate público y apuntar al poder político.
«Fue dificilísimo. Estábamos en medio de la pandemia y desde la Campaña fuimos perfeccionando las estrategias. Para nosotros siempre fue clave dirigirnos a la sociedad y juntar ahí los consensos. Luego apuntar a la política con el proyecto propio con la movilización de siempre», recuerda. «El proyecto era una herramienta muy poderosa porque te obligaba a hablar con diputados, diputadas, senadores y senadoras pero en 2020 lo diferente era la promesa del presidente Alberto Fernández de mandar un proyecto desde el Ejecutivo». Pero ese año, la pandemia por el Covid-19 obligó a replantear la estrategia y trabajar más con las redes sociales que tomaron un lugar importantísimo. También tuvieron que apuntar ahora hacia el Poder Ejecutivo antes que al Legislativo.
«Nosotras habíamos perfeccionado nuestro proyecto, vuelto a presentar para que esté en la mesa de discusión. La pandemia ocupaba todo el debate y era normal, pero fue presionar sobre el gobierno sin tener la manifestación en las calles», reafirma. «Había que romperse la cabeza para buscar qué cosas hacer porque sin la pata de esa movilización es como que estábamos rengas. Pero sabíamos que estaban generadas las condiciones en la sociedad, ya estaba instalado el tema y hubo también una voluntad real desde el Ejecutivo».
Que la Campaña y las acciones hayan sido federales fue fundamental. «En el Congreso las cosas son muy tensas, los votos los contás de a uno, tenés que estar encima hasta el último segundo. Están votando y los están presionando a los legisladores para que voten en contra. Eso habíamos aprendido también, que no se podía aflojar en ningún momento.»
En mayo, con su ya clásica estrategias de datos falsos y argumentos mentirosos intentó vincular el descenso en la tasa de natalidad con el acceso al aborto legal. Para Julia, pensar nuevos puntos de debates es fundamental en estos tiempos. «Sabemos que la tasa de natalidad empezó a bajar hace más de diez años, 2014. Hay que estudiar mejor esa respuesta, esos argumentos no estaban en 2018. El derecho a decidir de las personas gestantes no cambió pero sí surgen argumentos que antes no teníamos y ahora tenemos que pensarlos», agrega.
Desde el NOA
Victoria Llarens integra Socorristas en Red en Catamarca. Allí la situación es compleja porque el gobierno provincial hoy se niega a aplicar la ley. Sin embargo, desde el socorrismo rescata los cambios fundamentales que hubo con respecto al cambio social que brindó la aprobación de la ley.
En Catamarca, cuenta Victoria, la demanda creció desde la aprobación de la ley, pero más allá de eso, rescata que transformó la mirada de gran parte de la sociedad. «Acá la palabra aborto no se podía pronunciar. Necesito hacer eso, Necesito poder sacarme esto de acá, decían. Después de la ley, y eso lo trabajamos mucho en los talleres del socorrismo, trabajamos mucho poder nombrar esa palabra, sacarla de ese lugar del miedo, del tabú, de la vergüenza», cuenta.
Con la llegada de este gobierno, que desplazó la responsabilidad del cumplimiento de la ley todo fue dificultoso en Catamarca. «En el sistema de salud siempre hemos tenido respuestas hasta ahora, que directamente nos avisar que no se está cumpliendo con la ley.
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La Iglesia Católica tiene en Catamarca un lugar importante. Por eso, era fundamental mirar qué pasaba con aquellas personas gestantes que querían abortar pero se sentían condenadas. «Sistematizamos todos los acompañamientos desde que se creó la colectiva y una de las preguntas es si sos religiosa, si crees en Dios, si tenés alguna religión. Ahí vimos que las personas, que las mujeres gestantes son religiosas y abortan, y creen en la Virgen, y creen en Dios. Eso en algún momento era un conflicto con esta decisión. Hoy no lo es. Pueden tener sus creencias, pero esto no va a interferir en la decisión de abortar. Eso es un avance en cinco años que nuestra sociedad pueda este procesar eso es un montón. Habla del esfuerzo y el trabajo constante que venimos haciendo en el territorio».
Una demanda por ESI y la posibilidad de elegir
Una niña nota un retraso en su menstruación. Tiene 12 años, pero se ilusiona. Hace un tiempo está “noviando” y ser mamá es parte de sus ilusiones. No siente vergüenza y lo cuenta a su familia ya que convive con su novio. También a la agente sanitaria que la atiende en una visita a la comunidad originaria en la que vive, a unos kilómetros del centro de Tartagal, en la provincia de Salta. A partir de ese momento es acompañada por médicas, psicólogas y profesionales del Hospital Juan Domingo Perón, quienes le expresaron la posibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo, como indican los protocolos sanitarios para personas gestantes de su edad.
Ella fue determinante: el embarazo era algo que quería. “Esta es una realidad situada que vivimos no solo en las comunidades originarias, sino también entre la población criolla” cuenta en diálogo con Tiempo una profesional del equipo de salud que intervino en la atención de la niña. El caso fue noticia hace pocas semanas porque la niña se encadenó en la puerta de la Ciudad Judicial local exigiendo que la dejen avanzar con su embarazo.
Ser mamá a los 12, 13 o 14 es lo que los organismos de protección de derechos llaman embarazo temprano no intencional o embarazo precoz y que múltiples legislaciones nacionales e internacionales buscan erradicar pero que aún hoy, a cinco años de la legalización del derecho a decidir, son una realidad para niñas y adolescentes. “Quedar embarazada” se inscribe en una trama aún más compleja que incluye pensar a las infancias como sujetos deseantes y con una vida sexual activa. ¿Qué pasa cuando entrar a la vida adulta a través de la maternidad es la única opción? ¿Es la maternidad un proyecto de vida viable para una niña o una adolescente?
Según la última publicación anual de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), que recoge información del año 2023, en Salta 75 menores de 15 años fueron madres en ese año, mientras que en la franja etaria de 15 a 19 años los casos registrados ascienden a 1.847. De los nacimientos ocurridos ese año en esa provincia, el 11% fueron protagonizados por menores de 10 a 19 años, un número que integra el total de Argentina, con 40.560 nacimientos de adolescentes de ese rango de edad. Ser mamá mientras se estudia o se cuida hermanitos es parte de la cotidianidad de muchos territorios y Salta no es una excepción.
Otro punto de la Ley de Interrupción del Embarazo es la articulación con la Educación Sexual Integral en todo el territorio argentino. La ESI llegó a tener incluso más resistencia que la Ley IVE.
El desfinanciado Plan ENIA
El Informe Plan ENIA 2017-2023. Oportunidades de vida para adolescentes en la Argentina, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) publicado este año asegura que la reducción del 50 % de la tasa específica de embarazo adolescente de la Argentina entre 2018 y 2023 se explica no solo por el aseguramiento de métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de las consejerías en salud sexual y reproductiva en los servicios de salud del primer nivel de atención, sino también por la creación de una amplia red territorial que enlazo políticas públicas vinculadas a la educación, el trabajo y el derecho a la educación sexual integral.
El Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) marcó un hito en el campo de las políticas públicas vinculadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina y en América Latina. Hoy está prácticamente desarticulado: aunque aún forma parte del organigrama del Estado Nacional, no tiene presupuesto real ni equipos técnicos en territorio. El derecho a decidir camina de la mano del derecho a estudiar y disfrutar la infancia, teniendo vivienda y alimento asegurado. También cuidados.
El caso de la niña de Tartagal parte de una serie de confusiones que, sobre todo, expusieron a la niña. Según cuenta Marcela Calermo, referenta de la comunidad, la niña temía que la obligaran a abortar.
La médica que pide reservar su identidad, cuenta a Tiempo que para ella, “la madurez que tenemos desde los equipos de salud desde la vigencia de la legalizacion del aborto no va acompañada del mismo grado de madurez del sistema de justicia”. La profesional prefiere mantener su anonimato porque es muy difícil afrontar estas situaciones sin quedar expuesto a críticas o acusaciones. Cuando el caso de la niña se hizo público, algunas voces señalaron al equipo de salud como culpables de no haber ofrecido el acceso a una ILE a la niña y también de no haber denunciado el abuso. Fue necesario que la Directora de Maternidad e Infancia de Salta, Patricia Leal, contara públicamente el modo en que se abordó el caso, que segun la medica entrevistada por Tiempo, fue informado y elevado en tiempo y forma a la Secretaría de Niñez
“Además de la ley de interrupción voluntaria del embarazo está el Código Civil y para nosotros está sumamente presente, día a día, la autonomía y el derecho de que también las niñas puedan tomar determinaciones y elecciones sobre sus procesos de salud y sobre su propio cuerpo. Una cosa es que debería interrumpir el embarazo a criterio nuestro y otra es que sea una obligación” reflexiona la trabajadora.
Pasaron cinco años la ley que cambió la historia de las mujeres y personas gestantes. El debate sobre la autonomía de los cuerpos y el derecho a decidir está en las calles. Y por ahora no hay manera que se acepten retrocesos.
Catamarca y el proyecto de Jalil: embarazarse por un plan
“Ya no hacemos ‘eso’”, le dijeron desde un hospital público de Catamarca a una chica que buscaba información sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hace unas semanas la provincia decidió incumplir con la Ley 27.610 aprobada en 2020 y dejaron de realizar la práctica. La provincia tampoco cumple con la interrupción legal del embarazo, es decir, con causales de salud o para casos de embarazos no consentidos. Hay en este momento una mujer con problemas de salud y una adolescente que están solicitando la práctica y se la niegan.
Pero esta disposición que conocieron y denunciaron Socorristas en Red en Catamarca fue tiempo después de que el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, anunciara que impulsará un proyecto de ley para subsidiar a jóvenes que tuvieran hijos. La excusa es un recorte en un descenso en el índice de natalidad (una tendencia mundial de hace más de una década). Según consigna la agencia NA, el gobernador explicó que se trata de incentivos económicos, y quizá también beneficios sociales, destinados a jóvenes para fomentar la tenencia de hijos. El gobernador mencionó que se propondría que “durante 4 años haya un monto especial, asignado anualmente, para que tengan hijos”.
Junto con la Ley 27610 de Interrupción Legal del Embarazo se aprobó la Ley 27611 conocida como el Plan de los 1000 días que apunta a fortalecer la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (0 a 3 años)
Entre las preocupaciones que dijo tener Jalil fue que de acuerdo al descenso de la natalidad, en dos mandatos de gobierno, aproximadamente ocho años, la provincia “iba a tener la mitad de alumnos en las escuelas primarias”. Aliado de Javier Milei, el viernes 26 de diciembre aprobó el Presupuesto 2026 en el Senado, que justamente desfinancia la educación y podría provocar una gran deserción en las escuelas públicas.
