Argentina habilita el despojo extranjero de su tierra
La República Argentina atraviesa hoy una disputa central sobre su territorio. Una decisión política concreta que define quién puede apropiarse de la tierra y bajo qué reglas.
Por Carolina Sturniolo, Fernando Rizza y Bruno Ceschin
El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma legal que, bajo el discurso de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, desarma los límites que protegían la tierra y el territorio como recursos estratégicos y lo coloca al servicio del capital extranjero, vaciandola por completo de su fin social.
La iniciativa funciona como una derogación encubierta de la Ley de Tierras N.º 26.737, sancionada en 2011, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un principio explícito, la tierra rural es un recurso natural no renovable y cumple una función social.
El cambio modifica el corazón de la norma, la tierra deja de ser un asunto de soberanía para convertirse en un activo financiero disponible para la timba global.
La ley vigente está excluida de los tratados de protección de inversiones y de la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, Estados Unidos. Ese resguardo se quiere eliminar dejando al país expuesto a litigios internacionales por decisiones soberanas sobre su territorio y sus recursos naturales.
La ley vigente regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras. El nuevo texto limita ese control solo a Estados extranjeros y a empresas bajo su control directo, no a las personas extranjeras y las empresas privadas extranjeras, quienes son realmente los que concentran la mayor parte de la tierra en manos foráneas en la Argentina.
Los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales lo confirman. La extranjerización no está protagonizada por Estados, sino por corporaciones, fondos de inversión y entramados societarios diseñados para diluir responsabilidades y eludir controles. Al excluirlos de la regulación, la reforma legaliza una vía libre para la concentración territorial.
El nuevo proyecto elimina además los límites cuantitativos asociados a la nacionalidad del comprador. La extranjerización puede avanzar de forma fragmentada y silenciosa o incluso de manera masiva. Es un proceso difícil de percibir en lo inmediato, pero devastador en el largo plazo. Como un rompecabezas que se arma lejos de la vista pública.
Para darse una idea del fenómeno de extranjerización de la tierra vasta ver el informe de Land Matrix, dónde Argentina es el país con la mayor cantidad de Grandes Transacciones de Tierras (GTT) identificadas, con 440 transacciones que totalizan 12.962.128,86 hectáreas para el año 2024.
La iniciativa también suprime el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, un ámbito donde participaban distintas áreas del Estado nacional y las provincias. Su eliminación concentra decisiones estratégicas en el Poder Ejecutivo y vacía de contenido el federalismo. La tierra no es solo producción, es territorio, cultura y soberanía. Excluir a las provincias de la discusión es reducirla a una mercancía y profundizar la centralización de la política.
La reforma mantiene un límite formal de 1.000 hectáreas, pero solo para Estados extranjeros o empresas controladas por ellos. En la práctica, no afecta al capital privado. Funciona, en cambio, como un mensaje geopolítico alineado con la estrategia de Estados Unidos, que busca restringir el acceso de China a recursos estratégicos. La legislación opera así como un filtro político y no como una defensa del interés nacional.
El proyecto incorpora, además, excepciones para quienes presenten planes de inversión en plazos “razonables”, replicando la lógica del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. No existen mecanismos efectivos de control. La promesa de inversión vuelve a usarse como llave para ceder soberanía.
En este contexto, hablar de libertad es absurdo. No existe igualdad de condiciones cuando el poder de compra está concentrado en un puñado de actores globales y las comunidades locales quedan reducidas a simples espectadoras. El capital no opera en el vacío. Opera sobre territorios habitados, con historia, producción, cultura y vida social.
El ejemplo del modelo libertario conducido por Javier Milei, es Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, al sur de la República Argentina, y anticipa el escenario que se busca consolidar. Allí, el empresario británico Joseph Lewis bloqueó el acceso público a un lago mediante la compra de tierras linderas. Lo que hoy es conflicto judicial, mañana puede transformarse en derecho adquirido. La reforma abre la puerta a la privatización de caminos, ríos y recursos naturales estratégicos.
Se trata de un debate profundo, ya que hablar de reforma agraria integral implica entender la tierra como la ocupación del territorio, la soberanía territorial y la construcción de comunidad.
Este tipo de reformas pone en riesgo verdaderamente la seguridad nacional y soberanía territorial. En definitiva si la Argentina seguirá siendo un territorio disponible para la acumulación global o si conserva la capacidad de decidir sobre la tierra que sostiene cualquier proyecto de futuro. No se discute la propiedad privada. Se discute quién manda sobre el territorio.
*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA)
