Organizaciones sociales, sindicales y feministas rechazan la reforma laboral de Javier Milei
Organizaciones sindicales, sociales, feministas y de la economía popular difundieron un comunicado conjunto en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Denuncian que, bajo el argumento de la “modernización”, el proyecto implica un retroceso histórico en derechos laborales y profundiza la precarización, la desigualdad y la violencia económica, especialmente sobre mujeres, diversidades y sectores populares.
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El gobierno nacional presentó una reforma laboral que propone modificar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Lejos de generar empleo o ampliar derechos, se trata de una reforma regresiva orientada a disciplinar al mundo del trabajo, abaratar costos empresariales y debilitar la organización colectiva.
Uno de los puntos más cuestionados es el abaratamiento del despido. El proyecto reduce la base indemnizatoria, elimina adicionales como premios o bonos y empuja a indemnizaciones mínimas que no alcanzan para sostener la vida de las personas despedidas y sus familias. Esto incrementa la inestabilidad laboral y consolida una relación de mayor desigualdad entre empleadores y trabajadores.
La iniciativa también avanza sobre el derecho al descanso. La fragmentación de las vacaciones y la ampliación de los llamados “bancos de horas”, habilitan jornadas extendidas sin un pago efectivo de horas extra, debilitando uno de los derechos laborales históricos. Este esquema afecta de manera diferencial a quienes combinan trabajo remunerado con tareas de cuidado no pago, que siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.
En materia de licencias, el proyecto implica un retroceso significativo. Se reducen licencias cortas vinculadas a cuidados, enfermedad, estudio o trámites, y se recortan licencias por cuidado de hijxs, personas mayores o personas con discapacidad. Además, se introducen esquemas de “flexibilidad” que priorizan la demanda empresarial y desconocen las dinámicas familiares, comunitarias y territoriales.
Otro eje central del rechazo es la criminalización de la protesta y la vida gremial. La creación de nuevas figuras de “infracciones muy graves” podría sancionar la participación en huelgas, asambleas o medidas de fuerza, dejando a trabajadores y trabajadoras sin ingresos y más expuestos a la violencia laboral. Las organizaciones denuncian un intento de vaciamiento sindical y de individualización de los conflictos.
La reforma también debilita la negociación colectiva al establecer la primacía de los acuerdos por empresa sobre los convenios por actividad, fragmentando la solidaridad obrera y exponiendo a una mayor flexibilización a quienes tienen menor poder de negociación.
Lejos de reducir la informalidad, el proyecto la profundiza. La extensión del período de prueba, los contratos temporales sin protección y el debilitamiento de los controles laborales empujan a más personas a la precarización. Las trabajadoras de casas particulares y quienes integran la economía popular —cooperativistas, monotributistas, trabajadoras comunitarias y de cuidados— quedan especialmente desprotegidas, en un mercado laboral que hace décadas no absorbe empleo registrado.
El proyecto no moderniza: retrocede. No amplía libertades: ajusta sobre los cuerpos y las vidas.
Organizaciones firmantes
El comunicado está firmado por Ni Una Menos; CTA de lxs Trabajadorxs – Género y Diversidad; CTA Autónoma – Género y Diversidad; UTEP (Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular); ATE – Género y Diversidad; FESPROSA; MTE (Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs); Movimiento Evita; Nuevo Encuentro; Barrios de Pie; Marea Feminismo Popular; Unidxs y Organizadxs – Frente de Géneros; La Cámpora – Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros; Kolina Feminista; Peronismo por la Ciudad; Movida Ciudad; Proyecto Generar; Agencia NODAL; La Neurona Rebelde; El Hormiguero; Partido Comunista Revolucionario; Corriente Clasista y Combativa; Mala Junta – Patria Grande; y Mamá Cultiva.
