El Gobierno Nacional y las SAD vs los clubes de los socios. Operación libertaria para privatizar el fútbol
Por Emilia Trabucco*
La abrupta cancelación del viaje de Javier Milei al sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA sorprendió incluso a sectores cercanos al Gobierno. El Presidente había sido invitado por el propio Donald Trump, con quien compartiría un palco exclusivo junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino. El evento no era menor: funcionaba como una señal diplomática y política hacia el exterior, un mensaje de estabilidad y alineamiento internacional, además de una oportunidad para que la Casa Rosada explotara el prestigio global del fútbol argentino. Sin embargo, a pocas horas del anuncio, otro dato encendió aún más las alarmas: Scott Bessent, figura clave de las finanzas internacionales y carta fuerte del oficialismo para mostrar respaldo externo, también canceló su visita a Buenos Aires.
En un contexto en el que el Gobierno busca inversiones desesperadamente, ambas ausencias se interpretaron rápidamente como síntomas de un conflicto que ya trasciende lo deportivo. La tensión entre el Ejecutivo y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) empieza a tener costos concretos, incluso en la agenda internacional del Presidente, ya que no sólo se ausentará al evento de la FIFA sino que tenía previsto una agenda cargada de reuniones: Marco Rubio, secretario de Estado, había reacomodado su agenda para participar de una cena oficial en Washington organizada por Alec Oxenford y Richard Grenell, presidente del Kennedy Center. Suzanne Clark, titular de la Cámara de Comercio estadounidense, también esperaba recibir a Milei, igual que el Argentine Business Council, ante quienes el mandatario pensaba dar un discurso. La decisión repentina cayó mal en la Casa Blanca, que devolvió el gesto: la visita de Bessent quedó suspendida.
La cancelación dejó expuesta la dimensión política de un conflicto que se viene profundizando desde la llegada de Milei al poder. Para el Gobierno, transformar la matriz institucional, social y cultural del país es tan importante como ejecutar su programa económico. En esa estrategia, el fútbol —por su densidad social, su estructura comunitaria y su resistencia histórica a la privatización— se convirtió en un territorio especialmente sensible. La AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, operan hoy como un límite estructural a un proyecto que busca convertir al mercado en el organizador principal de la vida colectiva. La disputa era inevitable.
El primer movimiento fuerte llegó con el DNU 70/2023, que habilitaba la reconversión de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La respuesta del fútbol argentino fue inmediata: rechazo institucional, alineamiento de los clubes y un mensaje público de desconocimiento de ese artículo. Pero lejos de desactivar el conflicto, el Gobierno lo profundizó. A medida que consolidó apoyo legislativo para su paquete de reformas, desplegó una ofensiva directa: campaña mediática, declaraciones con discursos que buscan disciplinar, presión judicial e intervenciones internas en el propio entramado del fútbol.
La ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, fue explícita al insinuar que su cartera podría “investigar” a Tapia. Aunque no existieran causas concretas, el mensaje era transparente: quien se oponga al rumbo oficial puede ser objeto del aparato estatal. En la lógica del mileísmo, la amenaza preventiva funciona como parte del mecanismo disciplinador. Y aunque no se traduzca en medidas formales, su efecto político ya está logrado.
En ese escenario emergió la figura de Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes de La Plata, con vínculos fluidos con el mundo empresarial, se posicionó públicamente como defensor de la apertura del fútbol a capitales privados. Para el oficialismo, su figura representa la modernización contra el modelo que encarna Tapia. Para buena parte del fútbol argentino, en cambio, su rol parece ser funcional a una estrategia destinada a fragmentar consensos internos y erosionar la autoridad de la AFA. Lo que está en juego va mucho más allá de un liderazgo personal: es la continuidad de un modelo asociativo que estructura desde hace décadas la vida comunitaria de los clubes.
A esto se suma otro frente de disputa: los intereses mediáticos. Cuando los privilegios históricos del Grupo Clarín se ven amenazados, su maquinaria discursiva se activa con rapidez. No se trata de un fenómeno nuevo. El conglomerado combina instalación mediática, presión política y un estilo heredado del “periodismo de guerra” que usó durante su enfrentamiento con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
La ofensiva actual responde a dos movimientos recientes de la AFA que alteran el statu quo en el negocio del Ascenso: la posibilidad de lanzar una plataforma propia para transmitir los torneos y la decisión de abrir la licitación a nuevos actores, incluidos gigantes tecnológicos y plataformas globales. Ambas iniciativas desafían directamente la hegemonía que Torneos/TRISA (TyC/Clarín) sostiene desde hace décadas.
Las cifras muestran la importancia del negocio: de los $180 millones anuales pactados en 2007 se pasó a $290 millones en 2019 y a $350 millones en el contrato más reciente. El Ascenso se consolidó como un activo creciente, y Clarín mantuvo su posición dominante. La iniciativa de la AFA para recuperar autonomía en producción, distribución y monetización amenaza ese control.
La dimensión internacional del conflicto también es relevante. La AFA tiene peso real en Conmebol y en FIFA. Argentina es campeón del mundo, productor global de talento y actor central en la geopolítica del fútbol. Tapia, además, consolidó vínculos en el continente que amplifican la influencia argentina. Por eso, el choque del Gobierno con la AFA no se limita al ámbito doméstico: genera lecturas externas, especialmente cuando impacta en decisiones diplomáticas como la suspensión del viaje presidencial y de la visita de Bessent. En un país que intenta mostrarse estable para atraer inversiones, abrir un conflicto frontal con la institución que administra el deporte más popular puede resultar autodestructivo.
Según el periodista Carlos Pagni, incluso circula en el Gobierno y en esferas del fútbol internacional la idea de intervenir la AFA, una posibilidad que —se afirma— podría avanzar después del Mundial 2026. Aunque por ahora son solo especulaciones, la sola existencia del debate revela la magnitud del enfrentamiento.
Todo el operativo contra Tapia responde a una lógica articulada: presión mediática, amenazas judiciales, fragmentación interna, actores aliados dentro del sistema, reordenamiento parlamentario y señales al exterior. Todas las piezas orientadas hacia un objetivo estratégico: abrir finalmente la puerta a las Sociedades Anónimas Deportivas en la Argentina.
Pero la resistencia no es menor. El sistema de clubes como asociaciones civiles es uno de los últimos grandes espacios sociales no colonizados por la lógica privatizadora. Son instituciones que cumplen funciones que ningún actor de mercado está dispuesto a asumir sin beneficios garantizados: sostienen actividades culturales, educativas, deportivas y comunitarias que estructuran la vida cotidiana de millones. En ese entramado, Tapia se transformó en algo más que un dirigente: para el Gobierno, es un obstáculo; para gran parte del fútbol y de la sociedad, un símbolo de defensa institucional.
El desenlace es incierto. Lo que ocurra en los próximos meses excede largamente al fútbol argentino. Será una señal del alcance real del proyecto del Gobierno y de la capacidad de las instituciones autónomas para resistir presiones en un contexto de concentración del poder estatal y avance privatizador. El cerco sobre la AFA, lejos de ser un episodio aislado, se consolida como uno de los escenarios clave para entender el rumbo político de la Argentina en este nuevo ciclo.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
