El magistrado federal Martín Cormick ha determinado que las personas que consideran que han sido perjudicadas por las acciones de fuerzas policiales bajo el llamado protocolo antipiquetes deben presentar denuncias penales de forma individual ante la Justicia. Esta resolución surge tras un análisis judicial sobre una normativa que, desde su entrada en vigencia en diciembre de 2023, generó amplio debate público en Argentina. Según informó Todo Noticias, el juez Cormick anuló el protocolo por deficiencias en el cumplimiento de los requisitos formales vinculados a su aplicación y promulgación, lo que afecta directamente las limitaciones impuestas por el Estado a determinadas formas de protesta social.
De acuerdo con Todo Noticias, la normativa había sido originalmente impulsada por Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad y posteriormente defendida por su sucesora, Alejandra Monteoliva, así como por el propio Ministerio de Seguridad. Tras el fallo, el Ejecutivo argentino confirmó su intención de apelar la decisión, argumentando que la ausencia del protocolo impactará en la capacidad estatal para mantener el orden. El Ministerio afirmó en un comunicado que “sin Protocolo vuelve el caos”, enfatizando que la regulación se elaboró con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos y que la defenderán por considerarla “la herramienta que devolvió orden, previsibilidad y paz social”. El ministerio sostiene que el protocolo permitió garantizar la libre circulación y “que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar”.
La anulación de la normativa fue consecuencia directa de una demanda presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que manifestó en X que esta decisión judicial “pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”. El CELS destacó la diversidad de actores sociales que participaron en el proceso legal, entre los que se incluían sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, a los que calificó como agentes fundamentales de este “triunfo colectivo”, según recopiló Todo Noticias.
El dictamen del juez Cormick sostiene en detalle que el protocolo adolecía de fallos administrativos esenciales, comprometiendo así la legalidad de su aplicación. Además, el fallo estipula que toda persona que sienta vulnerados sus derechos en el marco de procedimientos policiales basados en la normativa anulada debe recurrir al fuero penal para accionar judicialmente, puntualizó Todo Noticias.
La reacción del Gobierno de Javier Milei ante la sentencia fue inmediata. El Ministerio de Seguridad difundió que presentará una apelación, insistiendo en la legitimidad del protocolo e insistiendo en que el mismo “no prohíbe, ordena”, postura que refuerza la línea argumental del oficialismo. Según el comunicado, la regulación reconoce el derecho a la protesta, aunque establece condiciones para garantizar la libre circulación y la actividad comercial.
Alejandra Monteoliva, actual titular de Seguridad, expresó en redes sociales que el fallo responde a intereses de “la vieja política”, y reiteró que no habrá “un paso atrás” en la implementación de medidas de control sobre las manifestaciones. Según lo consignado por Todo Noticias, tanto Monteoliva como Bullrich, actual senadora y principal promotora del protocolo, reiteraron el eslogan oficialista y cuestionaron públicamente el accionar del magistrado. Bullrich sostuvo que el juez Cormick “siempre (…) contra el Gobierno” y advirtió que al anular el protocolo se perjudica a “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.
El tema del protocolo antipiquetes cobró especial relevancia desde finales de 2023, cuando el Gobierno nacional lo presentó como una herramienta clave para regular el desarrollo de protestas callejeras, con foco en la protección de la libre circulación y la actividad económica. La normativa generó apoyos y rechazos dentro de distintos sectores sociales e institucionales, desencadenando litigios judiciales como el presentado por el CELS y debates en el Congreso. Diversas agrupaciones sociales y políticas sostuvieron desde un inicio que el reglamento vulneraba derechos y recortaba libertades constitucionales, un argumento que ahora tiene eco en la reciente resolución judicial.
La decisión de Cormick, destacó el medio Todo Noticias, sigue en análisis dentro del Ejecutivo, cuyo equipo jurídico prepara los fundamentos para la apelación ante instancias superiores. El resultado de este proceso judicial direccionará no solamente el futuro inmediato del protocolo antipiquetes, sino también el alcance de las facultades del Ministerio de Seguridad para regular las manifestaciones en el espacio público.
