América Latina 2025: Escalada belicista y desafíos para los proyectos populares
Por Solange Martínez*
El panorama latinoamericano y caribeño del año 2025 confirma que la región se encuentra en el centro de una disputa global que reorganiza no sólo economías sino también los sistemas políticos y sociales.
El despliegue militar por parte de EEUU en el Mar Caribe, como la profundización de una de las dimensiones de lo que llamamos la Guerra Multidimensional (económica, cognitiva, judicial, territorial, digital y militar) dominó, particularmente durante la segunda mitad del año, la agenda de la conflictividad regional.
Durante 2025 el gobierno de Donald Trump ejerció presión sobre los países de la región fundamentalmente a través de su agenda de lucha contra el narcotráfico, “control migratorio” y comercial, a través de la imposición de aranceles, que le permitieron “golpear la mesa, para luego sentarse a negociar”.
También eligió la injerencia directa en procesos electorales, como ocurrió en Honduras, a través de declaraciones públicas para apoyar a Nasry Asfura, o -más allá aún- como fue el caso de Argentina, condicionando un desembolso de dinero, necesario para estabilizar la economía, al triunfo dell Partido de Javier Milei en las elecciones de medio término.
El endurecimiento de la política de control sobre el territorio latinoamericano y caribeño, se expresó de diversas formas en cada país, pero siguiendo patrones comunes: intervención externa, restauraciones conservadoras, presiones de la Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica (NAFyT), creciente militarización y una disputa abierta por la soberanía y el rumbo de los proyectos populares.
Podemos señalar sin dudas el ascenso de un Estado Policíaco Global, que funciona como causa y efecto de la erosión de la soberanía latinoamericana. Los casos de El Salvador, Ecuador, Haití y Panamá exhiben cómo la arquitectura global de seguridad opera como vector de disciplinamiento político. El régimen de excepción salvadoreño, la intervención armada y la tutela internacional en Haití, y los acuerdos militares entre países como Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay Panamá y Estados Unidos marcan un mismo patrón, la subordinación de la “seguridad” interior a agendas extranjeras.
Este fenómeno convive con nuevas formas de control digital, donde empresas como Starlink operan como infraestructuras de poder geopolítico más que como proveedores de servicios. Su llegada a Bolivia, luego del triunfo electoral de Rodrigo Paz Pereira terminó de cerrar el círculo abierto, luego de 2019 cuando Elon Musk, de manera polémica opinó vía X sobre su voluntad de tumbar gobiernos. El magnate había pedido concesiones para la explotación del litio, en tiempos de Evo Morales, pero las mismas fueron denegadas.
A lo largo de 2025 vimos también en Bolivia, como el lawfare -guerra jurídica- y la judicialización de la política continuó siendo la herramienta clave para desarticular proyectos populares. Así, en este año que finalizó, la proscripción de Evo Morales es el ejemplo más extremo de cómo este mecanismo puede reordenar el mapa político y habilitar restauraciones conservadoras que antes parecían inviables. De modo similar, las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se explican también por intentos de presión judicial, mediática, diplomática y en los últimos meses del año, militar, orientados a condicionar un gobierno que buscó redefinir su autonomía externa.
Por contraste, México constituyó el ejemplo más sólido de resistencia exitosa frente al lawfare y la injerencia norteamericana. La reforma judicial, la participación popular en la elección de jueces y el blindaje social del proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación expresaron un caso singular de contraofensiva soberana.
El G2 disputa la región como espacio estratégico y la lucha en las calles
China y Estados Unidos compiten abiertamente por el litio, tierras raras, agua dulce, corredores logísticos, puertos, rutas bioceánicas, plataformas digitales y cooperación militar. El continente ya no es sólo proveedor de materias primas, sino también un territorio donde se define la gobernanza tecnológica: desde la expansión de centros de datos en Brasil y México hasta la competencia por redes satelitales en Haití y Bolivia. La disyuntiva para los gobiernos se vuelve evidente. Las opciones son subordinarse a las potencias o construir una soberanía tecnológica con articulación sur–sur.
En casi todos los países las calles volvieron a ser un actor central. La expansión de la desigualdad post-pandemia, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de derechos laborales alimentan movilizaciones que expresan un descontento estructural. A este ciclo se suman luchas feministas y ambientales, resistencias indígenas y acciones comunitarias que, como en Haití, reemplazan incluso a un Estado en descomposición.
Aún a pesar de los procesos de disciplinamiento las calles son, cada vez más, un terreno en disputa. Mientras sectores populares la sostienen y profundizan para defender derechos, sectores reaccionarios la emplean como herramienta de desestabilización cognitiva, como se observa en México y Brasil.
La región latinoamericana y caribeña, es cada vez más explícitamente, objeto de una disputa entre los actores pertenecientes a diversas fracciones hacia el interior del polo del capital, personificadas en la NAFyT. En el cambio de fase del capitalismo, la región es codiciada por sus mercados y sus recursos naturales.
En el contexto del vertiginoso desarrollo del régimen de acumulación y la transición del sistema capitalista hacia la era del metaverso, la democracia ha expuesto sus limitaciones. Esto se expresa a partir del fortalecimiento de modelos autocráticos, represivos y de control, que con la excusa de la lucha en contra del crimen organizado y la disputa territorial con bandas armadas, han hecho uso excesivo del estado de excepción, como en el caso de El Salvador, Ecuador, Perú y Haití o han aprovechado para sancionar leyes que criminalizan la protesta, como ejemplifican por excelencia las últimas acciones del gobierno argentino en materia de seguridad.
Esta transición geopolítica y civilizatoria, ha sido una oportunidad para la actualización de la Doctrina Monroe 4.0 en su capítulo de Doctrina de Nuevas Amenazas, en 2025.
La actuación del Comando Sur y del Departamento de Defensa, devenido en Departamento de Guerra estadounidense en la región, así como los ejércitos irregulares, han aportado a procesos conflictivos, que finalmente se resuelven con medidas de control y militarización de los territorios, generando profundos impactos para los derechos humanos y la organización popular. Se expanden y coordinan supranacionalmente modelos sociales en los que la seguridad, la vigilancia y el control operan para contener la protesta social y restaurar el orden allí donde el achicamiento del Estado abrió paso a la violencia que engendran los altos niveles de desigualdad.
El mapa de gobiernos latinoamericanos se armó a partir de la existencia, por un lado, de gobiernos que abrazaron la doctrina de securitización estadounidense, en un proceso de actualización de la doctrina Monroe, que consideran el estado solo en la dimensión del monopolio de la violencia, para la implementación de modelos represivos útiles al control de los territorios, como es el caso de El Salvador, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay. La reciente victoria de Kast en Chile y la de Rodigo Paz Pereira en Boilivia, más la dudosa proclamación de Nasry Asfura en Honduras, prometen nuevas alianzas para este modelo. En articulación con Estados Unidos, Israel es hoy una de las terminales políticas de gobiernos latinoamericanos de la ultraderecha. Elementos sionistas emergen en los entramados institucionales de los gobiernos de Argentina, Ecuador y Paraguay, así como en las fuerzas sociales y políticas que sostienen los proyectos del bolsonarismo en Brasil y del pinochetismo “democrático” en Chile. Por otro lado, a contramano de la reacción neoconservadora, observamos un conjunto, cada vez más chico, de gobiernos progresistas, entrampados en la lucha contra poderes fácticos y el asedio permanente, ante escenarios de alta conflictividad, con el agravante de restricciones económicas y deudas públicas, intentando responder a las demandas populares.
Ubicamos en este grupo a Colombia, Brasil y recientemente a México y Uruguay. La suma de México a este bloque, que junto con Brasil, se posicionan como las economías más grandes de la región, pero con unas sociedades altamente polarizadas. Finalmente nos encontramos ante un bloque revolucionario conformado por Cuba, Venezuela y Nicaragua, que resisten violentos embates, sabotajes, bloqueos económicos y otras formas de injerencia externa. Pero no cabe dudas ya, de que el poder corporativo se impone sobre el estatal que no logra responder, hace décadas de neoliberalismo, a las demandas de los sectores populares y mucho menos aún, a las exigencias de este tiempo en el que los mercados laborales se contraen a la par del crecimiento de las catástrofes ambientales, sanitarias y sociales.
La ecuación de la acumulación continúa resolviéndose en favor de los que más tienen. De acuerdo con los datos de la World Inequality Database, el 1% de la población más rica de América Latina acapara en torno al 45% de la riqueza. Los ricos más ricos de la región se sostienen en la cima de la acumulación de capital, a costas de negocios como las comunicaciones, la minería, la energía, las redes sociales, el retail, los servicios financieros y el alcohol. Lo cierto es que el tránsito de la economía mundial hacia la digitalización, ha tenido un profundo impacto en los modos de producir valor y, en consecuencia, en la calidad del empleo.
El empleo formal, en vías de extinción, los bajos salarios y la falta de seguridad social, ha impactado en el aumento de la vulnerabilidad de las clases populares, convirtiendo en migrante a una gran masa de la población, al tiempo que impuso discusiones como las de la “baja productividad” o la reducción de la jornada laboral que podrían resultar analógicas, si se tiene en cuenta que los procesos de producción y acumulación de valor se han desplazado hacia el territorio virtual (nuevo locus standi) aumentando los índices de explotación de la clase trabajadora en general, sin importar el rubro o la rama de actividad.
En este contexto de agudas contradicciones la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) valoró que Venezuela ha tenido uno de los mayores crecimientos a nivel regional. Sin duda el bloqueo económico, impacta de manera negativa en la economía, pero la fuerza de la organización popular y un despliegue de políticas estatales que tiene como premisa el blindaje de la población y el desarrollo comunal, ofrece oportunidades excepcionales para el desarrollo económico y social de un proyecto de sociedad que intenta poner “la mayor suma de felicidad posible” por delante y que tiene en su base la organización y la construcción de poder popular. Nada de esto es comprensible en un mundo en que la crisis sistémica sacude los cimientos de nuestras sociedades, poniendo por delante la atomización y la descomposición social.
En ese sentido la Revolución Bolivariana ha representado más que una simple gestión gubernamental, un símbolo de soberanía para toda América Latina y el Caribe. Una apuesta consciente, organizada y valiente que cuestiona las raíces de la primacía del capital y su lógica destructiva de la vida humana y de la naturaleza.
El crimen organizado y el narcotráfico son sin dudas grandes desafíos para aquellos estados que quieran recuperar el control del territorio para el bien común, pero claro está que la retórica estadounidense tiene otros objetivos, diferentes a los enunciados. La realidad colombiana ha demostrado cómo años de sometimiento al famoso Plan Colombia de Estados Unidos, no resolvió el problema, sino que lo agravó.
No es poco lo que está en juego cuando se habla de controlar el territorio venezolano, pero las tropas norteamericanas en el Mar Caribe, han comenzado a amenazar la región entera.
Con qué grados de fuerza y cohesión responderá el eje progresista a una agresión bélica, no es una certeza, aunque la firmeza de los pronunciamientos en contra ha sido firme e indiscutible.
Mientras, en EEUU, crece el rechazo hacia la apertura de escenarios de este tipo, no solo por el lobby demócrata, sino por diferentes sectores de la sociedad.
En medio del avance vertiginoso del desarrollo de las fuerzas productivas y de la consolidación de ciertos actores de la aristocracia financiera y tecnológica, Venezuela, como el heroico ejemplo de que las alternativas civilizatorias se construyen y articulan en un proceso histórico complejo, pero posible, nos habla de que aún en el contexto más crítico la única certeza que nos deja el 2025 es que en 2026, también habrá lucha.
*Solange Martínez es docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte). Conductora de Esquina América (radio UNLa) y de NODAL Se Prende. Analista de NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
