Claudia Sheinbaum demuestra en México un modelo de crecimiento económico con distribución de la riqueza
Por Diego Lorca *
Esta semana, un decreto firmado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum modificó las reglas de jubilación en México lo que le permitirá a miles de trabajadores del Estado jubilarse varios años antes de lo previsto, sin que eso implique una reducción en el monto de su pensión y siempre que tengan los años de servicios requeridos. Esta modificación beneficiará directamente a quienes realizan sus aportes bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Esta es una de las tantas medidas del gobierno mexicano para proteger a sus trabajadoras y trabajadores. Aumento del salario mínimo, reducción de la jornada laboral y regulación del trabajo de plataforma apuntalan en México el modelo de ampliación de derechos de la Cuarta Transformación, en contraste con las reformas laborales regresivas que avanzan en otros países de la región, como por ejemplo, Argentina.
La continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, no solo ratifica un programa político, sino que profundiza una arquitectura de reformas laborales que colocan al trabajo y la producción en el centro del desarrollo económico.
Desde 2025, y con iniciativas clave proyectadas para 2026, el país avanza en un conjunto de reformas estructurales que abarcan salario, jornada laboral, salud y bienestar en el trabajo, formalización del empleo y regulación del trabajo en plataformas digitales. A diferencia de otros procesos en América Latina, estas transformaciones se construyen mediante diálogo social y consenso tripartito, sin resignar salarios ni derechos, ni afectar la inversión extranjera directa ni el crecimiento económico.
Las principales reformas laborales en marcha y las iniciativas para 2026
Salario mínimo, recuperación histórica del poder adquisitivo
Uno de los pilares de este proceso es la política de recuperación del salario mínimo. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, anunció un incremento del 13 % para 2026, que eleva el salario mínimo diario de 278,80 a 315,04 pesos a partir del 1 de enero. Esta medida se inscribe en una política distributiva sostenida, ya que desde 2018 a la fecha, el salario mínimo acumuló un aumento del 154 %. Bolaños remarcó que “se trata del nivel más alto que se ha tenido registro del salario desde el año 180” y pone fin a un proceso de precarización salarial iniciado con el neoliberalismo.
Para medir el poder adquisitivo o poder de compra hay que compararlo con la canasta básica, esto nos indica que en 2025 con el salario mínimo se podían comprar 1.8 canastas básicas y en 2026 se podrán comprar 2.0 canastas básicas. En total, serán 8.5 millones de mexicanos los que se verán beneficiados por este aumento y 6.6 millones de personas las que han salido de la pobreza con estos aumentos.
En términos regionales, el salario mínimo mexicano se ubica como el tercero más alto de América Latina medido en dólares, con un ingreso mensual estimado de 536,62 dólares, solo por detrás de Uruguay y Chile. Muy por debajo quedan países como Nicaragua (217,61 dólares) y Argentina (231,61 dólares), que hoy registran algunos de los valores más bajos de la región.
Devolver tiempo a los trabajadores mediante una semana laboral de 40 horas
Otro eje central de la agenda laboral es la reducción de la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció a fines del 2025 que en 2026 se presentará formalmente la iniciativa de reforma laboral, de carácter constitucional y legal, que implicará una modificación del artículo 123 de la Constitución.
En términos concretos, la reforma se implementará de manera gradual entre 2027 y 2030, con una reducción de dos horas por año hasta alcanzar plenamente la semana laboral de 40 horas en enero de 2030. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2025 más de 13,4 millones de personas trabajaban más de 40 horas semanales y que constituyen el universo directo de trabajadores y trabajadoras que se verán beneficiados por la reforma.
Desde el Gobierno se subrayó de manera explícita que la reducción de la jornada no implicará disminución de salarios ni de prestaciones sociales. El propio Secretario del Trabajo sintetizó el espíritu de la medida al afirmar que su objetivo es “devolver tiempo a los trabajadores”, reconociendo el valor del tiempo libre, el descanso y la vida por fuera del trabajo como dimensiones centrales del bienestar.
Plataformas digitales y formalización, regular el trabajo del siglo XXI
La agenda laboral de la Cuarta Transformación también incorpora uno de los grandes desafíos del trabajo contemporáneo, el trabajo en plataformas digitales. Tras una etapa de prueba piloto, en 2026 se consolida la incorporación de repartidores y conductores de aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi al sistema de seguridad social, garantizando acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), atención médica y derechos laborales básicos.
Si bien la reforma generó debates y tensiones —incluyendo reclamos de sectores de trabajadores por posibles pérdidas de ingresos—, el eje central es claro y consiste en terminar con la informalidad estructural y reconocer derechos en un sector que durante años fue presentado como “emprendimiento individual” para eludir responsabilidades laborales.
Esta regulación se complementa con la obligación de llevar registros electrónicos de jornada y con mejoras en el subsidio al empleo, configurando un marco más transparente y protector para el trabajo digital. Siempre es importante aclarar que cuando hablamos de plataformas digitales, estamos hablando de empresas trasnacionales enormes que han visto crecer considerablemente su rentabilidad en los últimos años, trasladando costos a los trabajadores y no reconociendo la relación laboral.
La Ley Silla, salud laboral y prevención
Entre las reformas ya vigentes, la denominada Ley Silla constituye uno de los ejemplos más claros del cambio de paradigma. En vigor desde 2025 y consolidada en 2026, esta modificación de la Ley Federal del Trabajo obliga a los empleadores a garantizar asientos con respaldo y pausas de descanso a trabajadores que realizan tareas prolongadas de pie, especialmente en sectores como comercio y servicios.
La norma incorpora criterios de ergonomía, prevención de riesgos laborales y bienestar físico, obligando además a las empresas a adecuar sus reglamentos internos con base en diagnósticos oficiales de riesgo. Se trata de una política que entiende la salud laboral no como un costo, sino como una inversión en calidad de vida y productividad.
México parece mostrar un camino que ofrece resultados en la región más desigual del mundo
Otro aspecto clave del proceso mexicano es la forma en que se construyen estas reformas laborales. El 1 de mayo de 2025, durante el Día Internacional de los Trabajadores, la presidenta Sheinbaum anunció el inicio de un “diálogo abierto e incluyente” para debatir la reducción de la jornada laboral.
Entre junio y noviembre, el Gobierno organizó más de 40 mesas de trabajo, con la participación de alrededor de 2.000 representantes del sector empresarial, sindical, académico y estatal. En estos encuentros se analizaron experiencias internacionales y estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se procesaron posiciones diversas, desde las reticencias iniciales del empresariado hasta la exigencia sindical de una implementación más rápida.
El resultado fue un acuerdo progresivo, construido sobre la base de la escucha y el consenso. En un escenario global de reformas laborales impuestas sin diálogo, el caso mexicano demuestra que la ampliación de derechos puede ser compatible con estabilidad económica y previsibilidad institucional.
El proceso mexicano contrasta de manera contundente con lo que ocurre actualmente en Argentina. Mientras México avanza en reformas laborales expansivas, construidas mediante diálogo social y consenso, el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral de carácter regresivo, orientada a flexibilizar condiciones de trabajo, debilitar la negociación colectiva y reducir la protección sindical.
En el caso argentino, las iniciativas se presentan sin instancias reales de diálogo tripartito, muchas veces por decreto o mediante proyectos fragmentados, y bajo una concepción que entiende al trabajo como un “costo” a reducir. La ausencia de consenso social y la orientación claramente regresiva marcan una diferencia estructural con el modelo mexicano.
No se trata solo de estilos políticos distintos, sino de proyectos de sociedad antagónicos. Allí donde México fortalece el salario, reduce la jornada, formaliza el empleo y amplía derechos, Argentina ensaya un retorno a las recetas de flexibilización que ya demostraron su fracaso.
En un contexto regional atravesado por el ajuste, la precarización y la ofensiva de proyectos neoliberales de corte neofascista encabezados por figuras como Donald Trump en Estados Unidos y replicados en América Latina por Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, México se consolida como una de las experiencias más significativas de transformación del mundo del trabajo en la región y nos demuestra que el crecimiento económico es posible cuando un gobierno protege la industria y a sus trabajadores.
*Diego Lorca, Director del OITRAF (Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro) y analista de NODAL.
