Penitenciaría del Litoral, con doble protección judicial y muertes fuera de control | “Cadáveres pasan días en las celdas”, dice la CDH
Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una acción de protección aceptada parcialmente buscan frenar cientos de muertes por desnutrición y tuberculosis en la Penitenciaría. Una Mesa de Emergencia Penitenciaría debe plantear salidas a la crisis.
“Se necesita con urgencia el carro de Medicina Legal para retirar un cadáver”. Ese fue el pedido que realizaron la mañana del 3 de diciembre de 2026 a medios de prensa funcionarios de la Penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil, tras reportarse a una persona privada de la libertad fallecida cuyo cuerpo había pasado todo un día sin ser retirado en una celda del complejo carcelario.
El caso de Luis Fernando B. I., hallado sin vida colgado -según el reporte- en la celda 205 del ala 6, pabellón C del área prioritaria, está lejos de ser un hecho aislado.
Según denunció el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil los cuerpos de internos fallecidos por “causas naturales” o etiquetados como muertes “por determinar” -asociadas a la tuberculosis o a cuadros crónicos de desnutrición- pueden permanecer un día entero dentro de las celdas y, si el deceso ocurre en fin de semana, el retiro puede tardar días.
“Las autoridades no se enteran hasta que se abre el pabellón para entregar la comida. Los cadáveres pueden permanecer días en las celdas. Eso genera nuevos focos de enfermedad”, advirtió Fernando Bastías, del CDH. Esta práctica, además de vulnerar la dignidad humana, agrava las condiciones sanitarias y eleva el riesgo de contagios en un centro hacinado y afectado por un brote de tuberculosis.
“Lo que está ocurriendo en la Penitenciaría del Litoral es una masacre carcelaria latente, perpetrada por el Estado». Fernando Bastías, CDH.
El mayor y más mortífero centro carcelario de Ecuador cuenta desde el lunes 5 de enero de 2026 con una doble “protección judicial” -medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se suman a una acción de protección previa, aceptada parcialmente por un juez de Guayaquil-.
“Mesas técnicas no han logrado solucionar problema”
Según el registro del CDH, en 2025 se contabilizaron alrededor de 600 fallecimientos en la Penitenciaría del Litoral, entre «muertes naturales» y “por determinar” -como las cataloga en sistema penitenciario-, vinculadas a desnutrición crónica, enfermedades respiratorias y falta de atención médica.
La cifra supera el número de víctimas de las 15 masacres carcelarias ocurridas entre 2021 y 2024, que dejaron al menos 567 personas asesinadas a escala nacional.
“Estamos frente a muertes sistemáticas bajo custodia estatal. Si el Estado genera de forma deliberada condiciones de tortura o desatención que llevan a la muerte, ya no hablamos solo de violaciones a derechos humanos, sino de posibles crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Bastias.
Billy Navarrete, presidente del CDH, explicó que, en la audiencia del 10 de diciembre de acción de protección con medida cautelar que el Comité presentó en Guayaquil, el propio personal del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) reconoció que una serie de mesas interministeriales previas tuvieron pocos resultados.
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El principal obstáculo era que las decisiones técnicas sugeridas en esos espacios siempre quedaban supeditadas a la «consulta de superiores», quienes finalmente no autorizaban las medidas, dijo.
Los funcionarios civiles reportaron que la intervención de las Fuerzas Armadas restringe sus labores operativas, pues con la declaración de las cárceles como zonas de seguridad mediante el Decreto Ejecutivo 218 en 2024, se entregó el control administrativo y operativo a los militares, explicó.
Así, el personal militar desplazó a las funciones civiles, controlando desde traslados a audiencias hasta la entrega de alimentos y la atención médica, pese a no tener experticia en gestión penitenciaria ni capacitación en salud. “Los militares tienen las llaves y son los que determinan las atenciones médicas”.
¿Qué viene ahora?
A pesar de los antecedentes, en el CDH esperan resultados de una Mesa de Emergencia Penitenciaria, ordenada por un juez de Guayaquil, al aceptar parcialmente la acción de protección del Comité, el pasado 11 de diciembre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington (EE.UU.) ordenó también la instalación de una mesa interinstitucional urgente, que se uniría a la primera -cuya primera reunión se realizó el 31 de diciembre de 2025 y tiene prevista una nueva sesión para mediados de enero-.
A diferencia de las mesas anteriores, en esta ocasión “ya no cabe consulta” a superiores y los funcionarios no pueden negarse a ejecutar lo recomendado por la mesa técnica, ya que esto constituiría un incumplimiento de mandatos judiciales y organismos internacionales, dicen los activistas.
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Además existe el riesgo de que el caso escale a medidas provisionales ante la Corte Interamericana si el Estado falla en contener la crisis. La mesa técnica la integran autoridades del Ministerio de Salud, SNAI, Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, CDH y comités de familiares.
El Estado tiene 15 días, contados desde la notificación del 5 de enero, para informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas y sobre si autoriza una visita del organismo internacional a la cárcel para constatar la situación.
En el comité guayaquileño cuestionan que los organismos de investigación de salud hayan negado a la tuberculosis como causa directa de las muertes, cuando los cuerpos esqueléticos de los fallecidos apuntan a causas derivadas de la enfermedad respiratoria infecciosa y de la desnutrición crónica.
Según alegan existe una minimización y tergiversación de los datos para eludir responsabilidades, lo que ha impedido diagnósticos reales y respuestas sanitarias oportunas, señalaron.
En su resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que “el elevado número de muertes, su incremento sostenido y la ausencia de información estatal clara sobre las causas constituyen elementos relevantes para evaluar la seriedad de la situación”.
