La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó este lunes al Estado ecuatoriano que adopte las «medidas que sean necesarias y efectivas» para evitar más muertes en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país, que en los últimos meses registra fallecimientos presuntamente por tuberculosis.
«La CIDH consideró que el elevado número de muertes, su incremento sostenido y la falta de información estatal desagregada sobre las causas, sumado a los hallazgos de las visitas judiciales, entre otros pronunciamientos de entidades estatales, evidencian la necesidad de reforzar las medidas adoptadas por el Estado», indicó el organismo en un comunicado, en el que anunció que otorgaba medidas cautelares a los presos de esta cárcel.
La Comisión relató que en la solicitud de medidas, presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), se detalló que los presos estarían expuestos a «condiciones incompatibles con los estándares internacionales, caracterizadas por hacinamiento, deficiencias estructurales, acceso insuficiente a atención médica, propagación de enfermedades infectocontagiosas —particularmente tuberculosis—, desnutrición y limitaciones en el acceso a agua potable y alimentación adecuada».
Y que se reportó «un número de fallecimientos al interior del centro, presuntamente asociados a tales condiciones».
#CIDH otorga #MedidasCautelares a personas privadas de libertad en el Centro Guayas 1 en #Ecuador
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— CIDH – IACHR (@CIDH) January 5, 2026
El Estado, por su parte, señaló que adoptó «diversas medidas para atender la situación del centro», como programas de control y tratamiento de la tuberculosis, habilitación de áreas de atención médica, traslados de presos diagnosticados con enfermedades infectocontagiosas y la implementación de políticas públicas de salud penitenciaria.
Sin embargo, tras analizar lo entregado por las partes la CIDH consideró que los presos de la Penitenciaría, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se encuentran en «una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable».
Por lo que solicitó al Estado que garantice «el acceso a atención médica adecuada y especializada, así como a los tratamientos y medicamentos necesarios, incluyendo la realización inmediata de tamizajes y valoraciones médicas integrales».
Que se asegure «el acceso inmediato a alimentos de calidad en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales; así como a agua potable», que reduzca el hacinamiento y que garantice el acceso a abogados y familiares de los presos recluidos en esa prisión.
Además, ha pedido poder realizar una visita a la Penitenciaría, «a fin de verificar la puesta en marcha de acciones inmediatas en los términos de la presente resolución».
En marzo pasado, el Municipio de Guayaquil pidió al Gobierno que implemente «medidas urgentes» en el complejo penitenciario de la ciudad ante una posible crisis de tuberculosis, después de que cinco presos presuntamente infectados fallecieran en la Penitenciaría.
Posteriormente han fallecido en esta cárcel decenas de presos bajo la sospecha de que la causa sería la tuberculosis, pero no han sido esclarecidas por parte de la institución estatal que administra las prisiones.
Las cárceles también son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.
