Dirigente indígena Milagro Sala cumple una década de detención ilegal en Argentina
Se cumplen diez años desde que el 16 de enero de 2016 la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, fuera detenida en Argentina tras encabezar una protesta pacífica frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, pocos días después de la asunción de Gerardo Morales como gobernador de esa ciudad y de Mauricio Macri en la presidencia, en un escenario que anticipaba una ofensiva sobre los territorios y los bienes comunes.
La dirigente ha permanecido privada de su libertad de manera ilegal durante 3.653 días, transitando por penales jujeños y prisión domiciliaria, hasta su actual internación en el Hospital de Gonnet, La Plata. Sala se encuentra bajo tratamiento de salud mental y con una tobillera electrónica, atravesando una desestabilización emocional agravada por el fallecimiento de su hijo Sergio y su esposo Raúl Noro.
El entramado judicial que sostiene su detención incluye 15 causas abiertas y una condena de 13 años de prisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Pibes Villeros”. A pesar de haber cumplido ya una década de encierro, su defensa denuncia que el Poder Judicial de Jujuy continúa impulsando nuevos expedientes, como una causa por supuesto lavado de activos.
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Su médico personal, Jorge Rachid, sostiene que el hostigamiento persiste incluso en su estado de salud actual, marcado por una trombosis profunda y el síndrome de May-Thurner que requiere atención especializada.
La detención de Sala es interpretada por organismos de derechos humanos, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Comité por su liberación, como un “laboratorio” de persecución política y disciplinamiento social iniciado por la gestión de Morales.
El trasfondo de esta persecución también se vincula con la importancia estratégica de Jujuy en el “Triángulo del Litio”. El encarcelamiento de Milagro Sala se interpreta como una detención preventiva para neutralizar resistencias sociales frente al modelo extractivo y la extranjerización del territorio. Este esquema de saqueo de recursos naturales, que en el presente se profundiza con el presidente Javier Milei, encontró en la Tupac Amaru un obstáculo organizado que denunciaba la entrega de bienes comunes.
Referentes argentinos como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida han denunciado que su caso fue el inicio de un modelo de violencia judicial que luego se extendió a otros líderes populares. Recuerdan, además, el rol fundamental de Sala en el impulso de los juicios de lesa humanidad en Jujuy, específicamente en causas contra la empresa Ledesma por “La Noche del Apagón”, lo que habría generado represalias del poder político y empresarial.
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A una década de su arresto, el impacto de su ausencia se refleja también en el desmantelamiento de la obra de la Tupac Amaru. La organización había construido 8.000 viviendas, escuelas, centros de salud y fábricas, infraestructuras que actualmente se encuentran deterioradas o paralizadas.
Mientras el actual Gobierno de Jujuy es señalado por la familia de Sala como una continuidad del esquema anterior, el reclamo internacional por su libertad —respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)— sigue vigente, denunciando un sistema de justicia que consideran arbitrario, patriarcal y ensañado con la identidad coya de la dirigente.
