Conaie alerta de que proyecto urgente sobre minería y energía pone en riesgo los derechos colectivos, territorios y fuentes de agua
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó de que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, pone en riesgo los derechos colectivos, los territorios ancestrales y las fuentes de agua.
La Comisión de Desarrollo Económico empezará el tratamiento de la propuesta este martes, 3 de febrero, con la urgencia en materia económica con la que fue remitida.
La Conaie emitió un comunicado en sus redes sociales advirtiendo que la iniciativa del Gobierno genera alarma entre los pueblos, las nacionalidades indígenas y las comunidades campesinas debido a que propone, entre otras cosas:
Priorizar la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada, derecho reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sustituye licencias ambientales por autorizaciones simplificadas y acelera trámites administrativos, la consulta se reduce a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo.
“Normas de esta naturaleza vulneran el marco constitucional y profundizan conflictividad social en los territorios”, dice la misiva.
⭕ [COMUNICADO]
Alertamos al país frente al proyecto de fortalecimiento minero y energético impulsado por el Gobierno, que debilita la consulta previa, flexibiliza controles ambientales y pone en riesgo los territorios y el agua. Llamamos a la unidad en defensa de la vida. pic.twitter.com/e5tea7X3nl
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 2, 2026
En el pronunciamiento, la Conaie también alerta de una eventual flexibilización de controles ambientales y administrativos, especialmente en licencias, autorizaciones y uso del agua.
Para la organización indígena, estas intenciones plasmadas en el proyecto de ley “debilitan la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles y afectan ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, pilares de la soberanía hídrica y alimentaria”.
Otra de las consideraciones que manifestó la Conaie sobre este proyecto de ley urgente es que reforzaría un modelo de dependencia extractiva, concentrando decisiones estratégicas y ampliando la participación privada mediante delegaciones de largo plazo, sin mecanismos efectivos de control social, transparencia ni rendición de cuentas.
“La experiencia histórica del Ecuador demuestra que este camino ha profundizado la desigualdad, la criminalización de la defensa territorial y los impactos sociales y ambientales, sin resolver los problemas estructurales del desarrollo”, señala la Conaie.
En este marco, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador hizo un llamado a la unidad de los pueblos y las nacionalidades indígenas y exhortó a los asambleístas de Pachakutik a rechazar este proyecto e impulsar un debate amplio, transparente y participativo que coloque en el centro la vida, los territorios y una verdadera justicia social y ambiental.
La Comisión de Desarrollo Económico, que tiene mayoría oficialista, sesionará desde las 14:30 de este martes, 3 de febrero, para avocar conocimiento de este proyecto de ley urgente y empezar con su tratamiento en el plazo de 30 días establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Minería ilegal en Ecuador opera en la impunidad: Hubo 1.654 denuncias desde 2021, pero solo 34 condenas
La impunidad reina en los casos de denuncias de minería ilegal en Ecuador, según datos de la Fiscalía.
De 2021 a 2025, la Fiscalía reporta 1.654 denuncias por delitos de minería ilegal pero de ese total, unos 1.151 casos (el 69,5%) seguían en investigación previa y otras 275 denuncias fueron archivadas.
En cambio, solo en 34 casos hubo una sentencia condenatoria y en 32 casos la sentencia ratificó la inocencia de los acusados.
En otros 69 casos, los acusados fueron sobreseídos; es decir, el proceso finalizó porque no hubo pruebas suficientes.
Hasta 30 años de cárcel dicta el Código Penal
El Código Integral Penal establece una pena de 16 a 20 años de cárcel por la «actividad ilícita de recursos mineros».
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El artículo 260 de ese Código menciona que incurre en este delito toda persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros. En el caso de minería artesanal ilegal, la pena es de 13 a 16 años.
Además, si se ocasionan daños al ambiente, la sanción sube a cárcel de 22 a 26 años; y si se comete como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada la pena es cárcel entre 26 y 30 años, más una multa de 1.000 a 1.500 salarios básicos unificados.
Y el artículo 261 tipifica, además, otro delito: el financiamiento o suministro de maquinarias para la actividad de extracción ilícita de recursos mineros, con pena de cárcel de tres a cinco años.
Las denuncias han aumentado en 2025
Solo en 2025 la Fiscalía recibió 393 denuncias por los dos delitos: actividad ilícita de recursos mineros y financiamiento o suministro de maquinarias para minería ilegal.
Se trata de un incremento importante frente a 2021, cuando se reportaron 249 denuncias.
De los dos delitos, el más denunciado es el de actividad ilícita de recursos. En 2025, de las 393 denuncias, 388 fueron por este delito.
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La lentitud en el avance de los procesos se debe a que en la mayoría de los casos denunciados ante la Fiscalía el delito se reportó como «no flagrante».
Esto significa que cuando las autoridades llegaron al punto en donde se estaba realizando la actividad de minería ilegal, ya no había personas en el sitio o las máquinas ya estaban apagadas, dice el abogado especialista en minería, Stevie Gamboa.
«La razón para tan pocos resultados es la dificultad para seguir los procesos sin que haya personas detenidas. Los procesos que más o menos avanzan son los que están en flagrancia», añade Gamboa.
Gamboa explica que para entender mejor el problema de la impunidad en los casos de minería ilegal también se debe analizar cuántos amparos administrativos recibe la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) por parte de las empresas con concesiones mineras formales.
Los amparos administrativos son los recursos que presentan las empresas mineras, además de las denuncias en Fiscalía, cuando identifican que en sus concesiones hay actividad de mineros ilegales.
Se trata de un proceso obligatorio que deben hacer las empresas, pues si no lo hacen, pueden perder las concesiones, dice Gamboa.
Y pese a que las empresas serias presentan estos amparos a la Arcom y pagan dos tasas para que la Agencia haga las inspecciones, Gamboa explica que la mayoría de trámites no prospera, pues quedan archivados.
El abogado dice que los funcionarios de la Agencia se demoran tanto tiempo en tramitar los amparos que en muchos casos los mineros ilegales ya se han ido explotando todo lo que pudieron.
Otro problema es que hasta hace poco, uno de los requisitos para presentar un amparo administrativo era informar «la relación circunstanciada de los hechos con la indicación de los nombres y apellidos de las personas causantes de la invasión, despojo u otra forma de perturbación».
Pero el 31 de diciembre de 2025 se eliminó ese requisito mediante un decreto ejecutivo.
En tres provincias hay más denuncias de minería ilegal
Tres provincias concentran el 62,5% de todas las denuncias presentadas por minería ilegal en 2025. Se trata de Zamora Chinchipe, Loja y Napo.
La provincia amazónica de Zamora Chinchipe, de hecho, lidera la lista de denuncias por minería ilegal desde 2021.
Según la Arcom, en Zamora Chinchipe hay alrededor de 10 puntos rojos de minería ilegal identificados: Zumbi, Cumbaratza, Yanzatza, Nangaritza, Parque Podocarpus, Centinela del Cóndor, Paquisha, Panguintza Chinapintza, La Saquea, Yacuambi.
Este problema contrasta con la otra cara de la moneda en esta provincia, que también es el centro de la actividad minera industrial formal del país, pues desde 2019, ahí operan las dos únicas minas a gran escala que tiene el país:
-La mina de cobre a cielo abierto, Mirador, a cargo de la empresa de capitales chinos Ecuacorriente.
-Y la mina subterránea de oro, Fruta del Norte, a cargo de la empresa canadiense Lundin Gold.
Producto de esa actividad, la recaudación de impuestos en Zamora Chinchipe creció 39% en 2025 y es la cuarta provincia en donde se recauda más impuestos.
Las otras dos provincias con puntos críticos y más denuncias de minería ilegal son Loja y Napo.
La minería ilegal en Napo, al mando de Choneros y Lobos
En Napo, organizaciones como Napo Ama la Vida denuncian desde 2020 el avance de la minería ilegal en zonas como Yutzupino (Puerto Napo), Tena, y en Carlos Julio Arosemena Tola, en donde ríos como el Jatunyacu y Anzu ya muestran signos de contaminación con mercurio.
José Moreno, miembro del colectivo Napo Ama la Vida, explica que tras el mega operativo de Manatí, en febrero de 2022, para desalojar la minería ilegal en Yutzupino, la actividad no desapareció, sino que se movió a otros puntos y se multiplicó incluso en territorios de comunidades indígenas.
«La mayoría de concesiones mineras entregadas en Napo son terrenos en donde viven familias y comunidades indígenas y muchas zonas ya están tomadas por mineros ilegales», dice Moreno.
Y añade: «ahora vemos comunidades en donde los niños tienen problemas en la piel, en donde no se puede pescar, nadar, ni usar para nada el agua de los ríos que antes eran cristalinos».
Moreno explica que la minería ilegal es un fenómeno que ha dividido a los pobladores de Napo pues, por una parte, hay familias que han permitido el ingreso de mineros ilegales a cambio de dinero o de que les permitan sacar también oro de las orillas de los ríos.
Pero también hay comunidades indígenas que se han organizado para oponerse y cerrar el paso a los mineros ilegales en sus territorios, añade.
Moreno explica que la problemática es más grave pues la minería ilegal está ahora al mando de grupos armados en Napo, como Los Lobos y Los Choneros.
