Ecuador | La Superintendencia de Compañías interviene los diarios “Extra” y “Expreso” que denuncian persecución del Gobierno

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La SIP bajo alerta por la intervención estatal a diarios Extra y Expreso en Ecuador

Ante la intervención de la editora de los diarios Extra y Expreso, la SIP exigió transparencia absoluta y respeto al debido proceso para garantizar la libertad de prensa.

a SIP puso la lupa sobre la reciente decisión del Gobierno ecuatoriano de intervenir Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), la empresa detrás de los diarios Extra y Expreso. La medida, ejecutada por organismos de control bajo argumentos administrativos, ha levantado sospechas sobre posibles presiones al ejercicio periodístico en el país.

El control administrativo de la editora fue oficializado por la Superintendencia de Compañías el pasado 19 de febrero. Ante este hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió que el proceso se maneje con total claridad y apego a la ley, advirtiendo que este tipo de acciones no deben utilizarse para vulnerar la propiedad privada ni la autonomía de los medios.

El trasfondo de la medida

Todo empezó el 18 de febrero, cuando Galo Eduardo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de GRANASA, recibió la notificación oficial. La Superintendencia justifica la intervención bajo la premisa de «supervigilar» la situación económica y financiera de la compañía.

Según la entidad reguladora, el objetivo es corregir supuestas irregularidades internas para proteger a los socios y a terceros. Sin embargo, desde la SIP remarcan que una vigilancia técnica no tiene por qué derivar en una intromisión en la línea editorial de los diarios, los cuales mantienen una postura crítica frente al poder de turno.

Una lupa estatal sobre la redacción

Como parte del proceso, ya se nombró a una interventora externa que fiscalizará las operaciones de la firma y entregará reportes mensuales. Para Pierre Manigault, directivo de la SIP y vinculado al grupo estadounidense Evening Post Publishing Inc., esta presencia estatal en una empresa de comunicación es, por decir lo menos, delicada.

Manigault señaló que cualquier control sobre medios independientes genera dudas razonables. Su postura es clara: estas herramientas administrativas no pueden convertirse en un garrote político para silenciar voces incómodas.

¿Fiscalización o intimidación?

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la organización, fue un paso más allá al sugerir que la intervención a GRANASA tiene un tinte intimidatorio para todo el gremio. Ramos, quien dirige la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que estas medidas suelen generar un efecto inhibitorio, donde el miedo a represalias institucionales termina forzando la autocensura.

Desde la SIP insisten en que el Estado debe garantizar que la revisión de cuentas no sea una fachada para castigar la pluralidad de opiniones que caracteriza a Extra y Expreso.

El rechazo de Fundamedios y la respuesta de los diarios

En el plano local, la organización Fundamedios también calificó la resolución como desproporcionada. En sus redes sociales, señalaron que este movimiento contra un medio crítico se suma a una serie de decisiones que asfixian el ecosistema informativo en Ecuador. Para el organismo, la democracia flaquea cuando la prensa se siente bajo el acecho constante de auditorías y procesos técnicos ambiguos.

Por su parte, el diario Expreso fue tajante en su postura oficial: aseguraron que ninguna intervención logrará doblegar su compromiso con la verdad. Los directivos reiteraron que su redacción seguirá trabajando de forma independiente, sin someterse a los intereses de las autoridades vigentes.

La SIP, que agrupa a más de 1.300 medios desde su sede en Miami, mantendrá el caso de GRANASA bajo observación prioritaria. Lo que suceda en Ecuador en las próximas semanas será clave para medir el estado real de la libertad de prensa en la región.

El Diario



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