Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Jorge Luis Sierra *
La administración de Claudia Sheinbaum ha logrado moderar el tono intervencionista de Donald Trump, aunque al costo de aceptar un mayor nivel de cooperación en inteligencia y la presencia de aeronaves militares estadounidenses en tareas de reconocimiento y entrenamiento.
La muerte de decenas de asesores de seguridad cubanos y de elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que custodiaban al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, según reportes cubanos posteriores al 3 de enero de 2026, así como la incapacidad de las fuerzas locales para frustrar la operación militar estadounidense, deja lecciones que ningún país latinoamericano debería ignorar.
Más allá del impacto inmediato del golpe, lo ocurrido en Venezuela marca un cambio de umbral en el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en el hemisferio y expone debilidades estructurales que trascienden el caso venezolano.
La primera de esas lecciones tiene que ver con la moral, la disciplina y la cohesión interna de las fuerzas armadas. Cuando una institución militar carece de incentivos profesionales claros, sufre politización prolongada o arrastra denuncias sistemáticas de violaciones a derechos humanos y corrupción, su capacidad de respuesta frente a una operación externa de alta intensidad se reduce drásticamente. Ningún aparato de inteligencia, por sofisticado que sea, puede compensar la fragilidad de una fuerza encargada de ejecutar órdenes bajo presión extrema.
La segunda debilidad quedó expuesta en el terreno de la infraestructura crítica. La operación estadounidense evidenció hasta qué punto las carencias en sistemas eléctricos, de comunicaciones y de mando y control se convierten en vulnerabilidades estratégicas. La interrupción coordinada de redes digitales, radares y sistemas de alerta temprana creó una ventana operativa que permitió una acción rápida y precisa. En un contexto de guerra moderna, la superioridad no se define sólo por el número de efectivos o el armamento pesado, sino por la capacidad de negar al adversario la percepción, la comunicación y la coordinación.
La tercera lección apunta al límite estructural de los servicios de inteligencia cuando operan en Estados con fuerzas de seguridad reducidas, presupuestos insuficientes y altos niveles de infiltración. Incluso servicios considerados durante años como altamente profesionales —como el aparato de inteligencia cubano— enfrentan serias restricciones cuando dependen de aliados institucionalmente frágiles. La inteligencia, sin un entorno operativo sólido, se convierte en información que no puede traducirse en acción eficaz.
Desde el punto de vista estrictamente militar, Estados Unidos combinó su parafernalia tecnológica con inteligencia de precisión para ejecutar una operación que, según el Pentágono, no registró bajas fatales propias y logró todos sus objetivos inmediatos. Washington reconoció que varios de sus efectivos resultaron heridos, aunque la mayoría fue dada de alta en poco tiempo. En términos tácticos y operacionales, la misión fue presentada como un éxito. Sin embargo, ese éxito no puede confundirse automáticamente con una victoria estratégica.
A diferencia de la invasión a Panamá en 1989, cuando la destrucción de las Fuerzas de Defensa y la captura de Manuel Noriega permitieron a Estados Unidos imponer un nuevo orden político, el caso venezolano presenta un escenario distinto. La captura de Maduro no implicó la desaparición del chavismo como estructura estatal ni la disolución de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Estados Unidos carece hoy de la legitimidad política interna y externa para sostener una ocupación prolongada o una campaña terrestre de gran escala sin enfrentar costos humanos y políticos significativos.
Ese límite estratégico obliga a Washington a moverse en una zona ambigua: exhibe fuerza, pero debe negociar; demuestra capacidad militar, pero evita comprometerse en una guerra prolongada. El resultado es una región sometida a una presión constante, donde la amenaza del uso de la fuerza reemplaza a las herramientas diplomáticas cotidianas.
Cuba ha reaccionado denunciando la agresión y alertando sobre los riesgos de una escalada regional, al tiempo que mantiene abiertos canales de cooperación limitada con Estados Unidos en áreas como migración y narcotráfico. La postura cubana revela una estrategia de contención: rechazar el uso unilateral de la fuerza sin cerrar completamente la puerta al diálogo, consciente de la profunda asimetría militar existente.
México y Colombia, por su parte, enfrentan dilemas similares. Ambos gobiernos han optado por intensificar la cooperación en materia de inteligencia y seguridad con Washington, no como señal de alineamiento ideológico, sino como mecanismo de disuasión. En Colombia, el propio presidente Gustavo Petro ha reconocido públicamente la ausencia de un sistema de defensa aérea y la imposibilidad de enfrentar una acción militar estadounidense. En ese contexto, la diplomacia y el intercambio de información se convierten en instrumentos para ganar tiempo y reducir riesgos.
Según declaraciones de René Guarín, el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, el presidente Petro le ha solicitado reunir la mayor cantidad de información relacionada con el narcotráfico para llevarla a la Casa Blanca en la reunión con Donald Trump, el próximo 3 de febrero de 2026. Guarín manifestó que Colombia intenta lograr que el nombre de Petro sea retirado de la Lista Clinton antes de la cita con Trump.
México atraviesa una situación comparable. La administración de Claudia Sheinbaum ha logrado moderar el tono intervencionista de Donald Trump, aunque al costo de aceptar un mayor nivel de cooperación en inteligencia y la presencia de aeronaves militares estadounidenses en tareas de reconocimiento y entrenamiento. Los vuelos de vigilancia y los aterrizajes de aeronaves como el C-130 Hércules en Toluca deben leerse como parte de una estrategia de exhibición de fuerza por parte de una Casa Blanca dispuesta a usar la amenaza militar como recurso político.
La asimetría con el aparato militar estadounidense ha llevado a los países latinoamericanos a recurrir a todos los canales diplomáticos disponibles para evitar nuevas operaciones como la ejecutada en Venezuela. La región carece de mecanismos colectivos de defensa capaces de equilibrar el poder de Estados Unidos, y sus márgenes de maniobra se reducen aún más cuando la presión se ejerce de manera bilateral.
América Latina enfrenta hoy un escenario complejo en la defensa de su soberanía: ya no pasa sólo por el fortalecimiento militar, sino por la reconstrucción institucional de las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia, así como la articulación de una diplomacia capaz de reducir la infusión del miedo como factor de negociación.
La lección final es incómoda pero ineludible: mientras persistan Estados con fuerzas armadas debilitadas, infraestructura crítica vulnerable y sistemas políticos erosionados, el umbral para el uso unilateral de la fuerza seguirá descendiendo. Lo ocurrido el 3 de enero de 2026 es una advertencia sobre el nuevo equilibrio —o desequilibrio— de poder en el hemisferio.
*Periodista y editor mexicano-estadounidense.
