Ley de Glaciares: más de 50.000 personas se inscribieron para las audiencias y crece la polémica en Diputados
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a escalar en el Congreso luego de que se confirmara que más de 50.000 personas se anotaron para participar de las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados para los días 25 y 26 de marzo. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, generó una movilización social inédita en torno a una discusión ambiental.
Sin embargo, el oficialismo de La Libertad Avanza decidió no extender las jornadas de debate, lo que desató una fuerte controversia política. Legisladores de la oposición y organizaciones ambientales denunciaron que la modalidad propuesta por el oficialismo constituye una “trampa” que limita la participación ciudadana.
Cómo será la audiencia
La decisión fue comunicada a través de una nota firmada por los presidentes de las comisiones que organizan el plenario: José Peluc, titular de la Comisión de Recursos Naturales, y Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales.
Según el esquema planteado, solo una parte de los inscriptos podrá exponer:
Los primeros inscriptos de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires podrán participar de manera presencial el 25 de marzo.
Un segundo grupo podrá hacerlo de forma virtual el 26 de marzo.
El resto de los más de 50.000 anotados deberá enviar su exposición por escrito o en video, con un límite de cinco minutos, para que sea incorporada al debate.
En el documento enviado por los legisladores se argumenta que “la magnitud de las inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable”.
Con ese criterio, se busca garantizar que haya al menos una representación de cada jurisdicción del país.
La oposición habla de “trampa”
La decisión generó un fuerte rechazo en bloques opositores, que sostienen que el cambio de modalidad viola las reglas del propio proceso de convocatoria.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la medida y afirmó que se intenta limitar el debate ciudadano.
“Hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos. Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”, sostuvo.
Ferraro agregó además que el reglamento de la Cámara establece que la modalidad de participación debe definirse antes de la convocatoria, y recordó que en las pautas iniciales se contemplaba extender las jornadas si la cantidad de inscriptos lo requería.
En la misma línea, la diputada massista Sabrina Selva denunció que el oficialismo está “simulando” una audiencia pública.
“Deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia, y no caer en la simulación de una audiencia pública sino cumplirla”, afirmó.
Qué cambia en la reforma
La discusión se da en torno a la modificación de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección ambiental en Argentina.
La legislación vigente establece la protección integral de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
La reforma impulsada propone que solo queden bajo protección estricta aquellos glaciares o geoformas que tengan un “aporte hídrico relevante y comprobable” a una cuenca. Además, otorga mayor poder a las provincias en la definición del inventario de glaciares.
Desde el oficialismo defienden estos cambios señalando que la Constitución reconoce que las provincias son dueñas de sus recursos naturales.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten que la reforma podría debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental y anticipan que, de aprobarse, la ley será judicializada por implicar una posible regresión en materia ambiental.
Un debate que moviliza al país
La inscripción de más de 50.000 personas para participar en las audiencias públicas marca uno de los niveles de participación ciudadana más altos registrados en debates ambientales en el Congreso.
Mientras organizaciones, científicos y movimientos sociales continúan llamando a inscribirse y participar, la disputa política por la forma en que se desarrollará el debate anticipa que la discusión por el futuro de la Ley de Glaciares seguirá generando tensión dentro y fuera del Parlamento.
Ley de Glaciares en Argentina: más de 50.000 inscriptos para audiencias públicas
Ante la magnitud de inscriptos, el Gobierno cambió la modalidad de participación. «Están haciendo trampa: deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia», señaló la diputada Sabrina Selva.
Argentina sigue enfrentando al Gobierno de Javier Milei: esta vez más de 50.000 personas se anotaron para participar en las audiencias públicas para decidir sobre la modificación a la Ley de Glaciares. Tras la convocatoria de la Cámara de Diputados para los días 25 y 26 de marzo, la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, generó una movilización social inédita en torno a una discusión ambiental.
Ante la cantidad de insciptos, el Gobierno de La Libertad Avanza decidió no extender las jornadas de debate y modificar la modalidad de participación. Al respecto, legisladores de la oposición y organizaciones ambientales de todo el país denunciaron que la modalidad propuesta por el oficialismo constituye una “trampa” que limita la participación ciudadana.
Esto tiene lugar ya que los primeros inscriptos de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires podrán participar de manera presencial el 25 de marzo, mientras que un segundo grupo podrá hacerlo de forma virtual el 26 de marzo.
El resto de los más de 50.000 anotados deberá enviar su exposición por escrito o en video, con un límite de cinco minutos, para que sea incorporada al debate.
Entre tanto, desde el Gobierno han argumentado que “la magnitud de las inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable”.
«Están haciendo trampa: deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia, y no caer en la simulación de una audiencia pública sino cumplirla», protestó el viernes Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
En el mismo sentido se expresó el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro: “Hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos. Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”.
La solicitud a la audiencia fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas, entre otras.
Las organizaciones expresaron preocupación ante la posibilidad de que el proyecto avance con un trámite acelerado, como ocurrió en el Senado, y que la audiencia pública se reduzca a una instancia meramente formal.
Sostienen que una participación con plazos acotados o limitada en su alcance no garantiza que la ciudadanía pueda informarse y expresarse de manera efectiva en decisiones ambientales de alto impacto.
En un artículo publicado por la plataforma NO a la Mina, el investigador Independiente de Conicet (IRES), Horacio Machado Aráoz refirió que la Ley de Glaciares «fue construida desde abajo hasta su sanción en 2010», mientras que la de Javier Milei viene de arriba: impulsada por empresas mineras trasnacionales y sus aliados internos (políticos, empresarios y gerentes).
La reforma elimina las condiciones mínimas para la preservación del agua y las actividades humanas en los pueblos. Bajo una mirada irracional y rentista, la modificación va de la mano con la reforma laboral, que deja derechos mínimos para quienes serán expulsados hacia las ciudades. “Sin glaciares no tendremos agua. Sin agua no hay ciudadanía que sobreviva”, puntualizó Machado.
