Argentina se alinea con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán y resigna soberanía productiva
Por Fernando Rizza*
El gobierno de Javier Milei eligió pararse en la crisis global devenida por la guerra iniciada por Israel y EEUU contra Irán en el golfo pérsico con una lógica de alineamiento político externo y desprotección interna. La apuesta busca mostrar afinidad con Washington y Tel Aviv, pero la cuenta la empieza a pagar la economía argentina, de la mano de quienes producen y trabajan. Mientras la Casa Rosada lee el conflicto como una oportunidad para el sector de la energía, el sector agrario enfrenta una suba de costos que amenaza la producción, los alimentos, el ingreso de divisas y los precios internos. La guerra, vista desde abajo, no entiende de estrategias y de intrigas de la casta política, sino que se mide en pérdidas humanas, en pobreza, en ajuste económico, en recesión y en mayores subas de costos, gas, combustibles, logística y fertilizantes.
Ese es el núcleo del problema. La administración libertaria se entusiasma con el costado favorable del shock, pero oculta su contracara. Argentina exporta alrededor de 300.000 barriles diarios de petróleo y proyecta un superávit energético que podría superar los USD 12.000 millones. Incluso el alza internacional del crudo podría elevar las exportaciones energéticas en torno al 40 %. Pero ese beneficio parcial convive con una presión inflacionaria interna, ya que el encarecimiento del petróleo y el gas impacta en combustibles, generación eléctrica y costos logísticos. Distintas estimaciones indican que ese traslado podría sumar entre 0,3 y 1 punto porcentual al índice de precios al consumidor. Las posiciones que se ganan en materia económica, en realidad se trasladan al cada vez más degradado bolsillo del pueblo trabajador argentino.
Los impactos en el sector agroindustrial
Donde el golpe se vuelve más serio es en el mercado de fertilizantes. Entre fines de febrero y mediados de marzo de 2026, la urea pasó de USD 481 a USD 755 por tonelada. En menos de un mes, el salto fue del 57 %. En el mercado argentino hubo aumentos iniciales del 40 %, con subas de hasta USD 200 por tonelada en la primera semana del conflicto. Más allá de lo que pareciera ser un movimiento de especulación financiera, hay problemas reales de stock. La oferta global cayó de 3,7 millones de toneladas mensuales a apenas 2 millones, por la merma de producción en Irán y otros países del Golfo. Argentina, además, arrastra una dependencia estructural en los últimos años importó alrededor del 67% de los fertilizantes utilizados, por más de USD 2000 millones anuales, y cerca del 35 % de la urea que consume depende de embarques que cruzan el Estrecho de Ormuz. Es decir, una de cada tres bolsas que necesita el campo para producir quedará atada a un cuello de botella geopolítico que el Gobierno no controla.
Las consecuencias empiezan a hacerse visibles y las entidades del agro argentino se posicionan. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, la Asociación de Cooperativas Argentinas y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa describen un mercado en pausa, con operaciones frenadas y decisiones de compra postergadas. En la campaña fina, esa incertidumbre puede traducirse en menos fertilización, menor nivel tecnológico y caída de rindes, sobre todo en trigo y maíz. El golpe, entonces, no termina en el productor, le da de lleno en la macroeconomía. El complejo agroindustrial esperaba más de USD 34.500 millones en exportaciones durante 2026. Si suben los costos y se enfrían las decisiones de siembra, se resiente la principal fábrica de divisas del país.
Y ahí aparece la dimensión más política del problema. En medio de este escenario, el gobierno se desprendió de una herramienta estratégica para amortiguar el impacto. Hasta diciembre de 2025, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, conservaba el 50% de Profértil, la principal productora local de urea, quien abastecía aproximadamente el 50% de la urea requerida en el mercado nacional. Esa participación fue vendida a Adecoagro por unos USD 635 millones. La operación dejó al Estado sin capacidad de incidir en un insumo crítico justo cuando el mercado mundial se volvió más hostil. Federico Basualdo, ex subsecretario de Energía, lo resumió con precisión: “Argentina perdió no solo capacidad para influir en el precio interno, sino una posición estratégica en un mercado global en expansión”. Basualdo agregó además que “Profértil tenía una ventaja competitiva excepcional: acceso al gas de Vaca Muerta, el principal insumo para fabricar urea, a bajo costo y con una logística solucionada con el ducto que une Loma La Lata con Bahía Blanca, donde está la planta”.
Lo que tuvo el gobierno fue una contundente decisión política de reprimarización de la economía lo que genera mayor dependencia e imposibilidad de amortiguar crisis globales, como en este caso. Milei eligió retirarse de un sector sensible en nombre de su política de privatizaciones, justo cuando el mundo demuestra que los insumos estratégicos no son una mercancía cualquiera, son la capacidad de dar respuestas, Son soberanía. Y el cuadro se vuelve más grave cuando la compradora, Adecoagro, tiene entre sus principales accionistas a Juan Sartori y en su directorio aparece Daniel González, actual secretario coordinador de Energía y hombre de confianza de Luis Caputo. Lo que el discurso oficial llama modernización puede leerse también como transferencia de recursos públicos a una red de intereses privados con vínculos directos con el poder.
El gobierno de Milei ¿es “amigo del campo”?
La contradicción del gobierno libertario queda expuesta. Se presenta como defensor del sector agrario, pero lo deja más expuesto y dependiente a la volatilidad internacional. Se muestra como administrador racional, pero vende capacidad estratégica justo antes de un shock global. Habla de libertad, pero entrega margen de maniobra, soberanía nacional. Un país con una matriz agroindustrial y con problemas de restricción externa (necesidad de ingreso de divisas) renuncia a intervenir sobre el mercado de fertilizantes poniendo en riesgo a miles de familias productoras y trabajadoras rurales sobre todo, pero a todos los argentinos y argentinas que pagarán más caros alimentos, combustibles y el conjunto de bienes y servicios, por el incremento de los costos logísticos.
La guerra en Medio Oriente no la decidió la Argentina. Pero la fragilidad con la que la enfrenta sí es una decisión propia. Y esa decisión tiene la firma política del gobierno Libertario.
* Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina.
