Congreso, gobernadores y Wall Street: la coalición que habilitó la ofensiva legislativa en Argentina
Por Emilia Trabucco*
La semana legislativa en Argentina consolidó, en un mismo movimiento político, una ofensiva que reconfigura relaciones de poder en torno a los bienes comunes estratégicos, la concepción misma del trabajo y más punitivismo.
El gobierno de Javier Milei logró construir mayorías para avanzar con cambios estructurales disputados desde hace décadas, mediante alianzas con gobernadores, apoyos de bloques no orgánicos a La Libertad Avanza y un régimen de negociación presupuestario donde el Estado nacional administra a discrecionalidad. A este combo hay que sumarle un operativo represivo de seguridad que funcionó como complemento del trámite parlamentario.
En ese cruce se vuelve inevitable una pregunta: ¿a qué intereses están respondiendo los gobernadores y los sectores políticos que hicieron posible el quórum y las mayorías, cuando el paquete de leyes votado implica pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos, destrucción de derechos laborales y expansión punitiva?
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado de la Nación con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención. El debate giró en torno a la redefinición de áreas protegidas, incluida la zona periglaciar para habilitar actividades productivas, con impacto directo sobre reservas de agua. Mientras se desarrollaba el tratamiento legislativo, hubo protestas frente al Congreso y detenciones de activistas ambientales, en un clima donde la calle funcionó como contracara del acuerdo institucional. El Gobierno logró alinear senadores de provincias con fuerte peso extractivo y/o expectativas de inversiones en minería y energía, y sumó apoyos más allá del bloque propio, consolidando un paso clave en la disputa por bienes comunes.
En paralelo, el Senado convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, consolidando un consenso punitivo transversal. La norma se presentó como respuesta a la inseguridad, pero la discusión pública se corrió del núcleo material, qué lugar ocupan les jóvenes en una economía en crisis, qué tipo de políticas sociales y educativas se recortan o desarman, y por qué la respuesta estatal se concentra en expandir el sistema penal juvenil.
El corolario político fue la reforma laboral. En la Cámara de Diputados se aprobó con 135 votos afirmativos y 115 negativos; luego el Senado la sancionó con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Una profunda transformación de la arquitectura del trabajo, con destrucción de derechos y más privilegios para el empresariado, despidos más baratos y en cuotas, extensión de jornada hasta 12 horas, mecanismos para hacer optativo o eludible el pago de horas extra, violación del derecho constitucional de huelga con exigencias de “servicios mínimos” elevados en actividades consideradas esenciales. También se incluyó la creación del FAL, un fondo para indemnizaciones administrado por entidades financieras y financiado con aportes, ahora, de les trabajadores, que antes pagaba la patronal e integraba el circuito previsional.
Pero lo decisivo —lo que explica la semana como secuencia política— no es solo el articulado, sino la coalición real que lo hizo posible. El oficialismo sumó al PRO, a la Unión Cívica Radical y a bloques provinciales cuya lógica responde a gobernadores con poder territorial. El propio Congreso de la Nación se convirtió, durante esos días, en una mesa ampliada de negociación federal; quórum, dictámenes, votos y ausencias estuvieron atravesados por demandas provinciales sobre coparticipación, deuda, transferencias y negocios personales.
La operatoria tuvo nombres y método. Diego Santilli, operador del oficialismo en el vínculo con mandatarios, se reunió con Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en la Casa de Salta para “acercar posiciones” sobre la reforma. Fue una escena de intercambio político donde “acompañar” quedó atado a una condición de viabilidad fiscal provincial. Y cuando asomó la posibilidad de una foto coordinada de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones —una señal de coordinación colectiva para imponer cambios— esa reunión fue desactivada tras llamados de Santilli a mandatarios “dialoguistas”.
En el plano estrictamente parlamentario, esa “coalición real” tuvo un momento decisivo, el quórum y los votos aportados por los bloques provinciales y por legisladores que responden a gobernadores que hasta ayer se inscribían —formalmente— en otra tradición política. Se destaca aquí el rol lamentable de Sáenz, Jalil, Jaldo y Hugo Passalacqua como piezas vitales para lograr reformas, aun habiendo hecho campaña con el peronismo en 2023. Un gobierno sin mayorías propias que, sin embargo, fractura oposiciones y organiza apoyos provinciales para aprobar leyes regresivas para las mayorías.
En el Senado se materializó una ruptura en el peronismo con el corrimiento de senadores que responden a dinámicas provinciales: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Formosa) se alejaron del bloque conducido por el justicialismo/kirchnerismo. Días después, en la sesión preparatoria, se produjo un golpe de conducción, donde Patricia Bullrich le quitó al kirchnerismo la vicepresidencia del Senado y se la dio a Moisés, con una votación de 45 a favor, 24 en contra y 1 abstención (Andrada). Ese reordenamiento reconfigura la mesa de conducción, negociación de comisiones y capacidad de ordenar tiempos legislativos a favor del oficialismo.
El reordenamiento también avanzó en el Senado por la vía de interbloques y pases. Se formalizó el pase de Luis Juez (Córdoba) al bloque de La Libertad Avanza, aumentando músculo propio en una Cámara donde el oficialismo administra mayoría de manera quirúrgica. Y, en paralelo, se armó el interbloque Impulso País, que alinea al PRO y Provincias Unidas para ganar peso en comisiones. Allí aparecen senadores identificables por provincias, como Martín Goerling Lara (Misiones), Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut), entre otros.
Ese esquema se vuelve todavía más legible cuando se mira la variable que funciona como gramática material del federalismo real, los Aportes del Tesoro Nacional. En diciembre de 2025 —en plena negociación de agenda legislativa— el Gobierno aceleró el envío de ATN a provincias y se registraron montos devengados relevantes para provincias con “buen vínculo” con la Casa Rosada.
En 2025 se repartieron $199.500 millones en ATN; $66.500 millones (un tercio del total) se entregaron en las últimas dos semanas de ese año, beneficiando especialmente a Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Herramientas discrecionales que se activan en la previa para ordenar mayorías y disciplinar voluntades.
A la vez, el vínculo entre esos gobernadores y el programa del Ejecutivo no se limita a los ATN. El 25 de febrero, el Gobierno invitó a diez gobernadores a un viaje a Estados Unidos para participar del evento “Argentina Week” en Nueva York, del 9 al 12 de marzo, organizado por Cancillería y la Embajada. La lista incluye a Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Jalil, Carlos Sadir y Sáenz; también fueron convocados Rogelio Frigerio y Jaldo (con distintas respuestas de agenda).
La agenda incluye la presencia de más de 30 CEOs y ejecutivos del sector financiero internacional (JP Morgan, Bank of America, Citi, AmCham, AS/COA, US–Argentina Business Council) y figuras empresarias locales vinculadas a energía, finanzas y economía digital. Habrá actividades en la torre de JP Morgan, con bienvenida de Jamie Dimon y una intervención central de Milei; y reconocimientos a “RIGI Champions”.
Si los gobernadores que aportan quórum y votos aparecen, días después, integrados a un “road show” internacional ante el núcleo duro del capital financiero y corporativo global —con RIGI como marca—, ¿no estamos frente a una reconfiguración de lealtades políticas donde las provincias operan como plataforma de activos (energía, minería, logística) y como garantía de gobernabilidad para un programa de inserción subordinada? Se trata entonces de entender qué bloque de poder se está consolidando y qué racionalidad lo organiza: recursos estratégicos abiertos, legislación laboral flexibilizada y un Estado que ofrece orden social a través del endurecimiento represivo.
La calle reaccionó en cada jornada legislativa y esa reacción fue tratada nuevamente como problema de “seguridad”. Durante las protestas contra la reforma laboral, se desplegaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, con más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados, como saldo del operativo para “blindar” el debate. La línea del Gobierno fue presentar la represión como respuesta a “violencia” minoritaria, pero el dato político es la decisión de asociar protesta con amenaza.
En ese marco, el Estado escaló un paso adicional, la denuncia por terrorismo. El Gobierno presentó el 13 de febrero una denuncia en la Justicia Federal contra los supuestos “identificados”, que incluye terrorismo, atentado al orden constitucional y a la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados “por el objetivo de generar terror”.
La utilización de esta figura penal —con competencia federal y herramientas de investigación más intrusivas— busca instalar un precedente, que la conflictividad social asociada a reformas estructurales pueda encuadrarse como delito de excepcionalidad. Es una señal de disciplinamiento que se explica por la arquitectura general del programa: reformas impugnadas socialmente, control represivo del espacio público, judicialización penal expandida.
La estrategia mediática del gobierno para instalar miedo a través de la violencia estatal y legitimar las medidas, se combinó con la dificultad de las organizaciones para trazar un plan de calle, con tensiones con las conducciones políticas y sindicales. La Confederación General del Trabajo quedó en el centro de las críticas. Tras el paro general del 19 de febrero contra la reforma, la conducción decidió no movilizar el viernes en vísperas de la sanción en el Senado y convocar a una marcha el lunes siguiente hacia Tribunales para acompañar la impugnación judicial.
La discusión abierta no es menor; en qué medida la vía judicial, clasista y demostradamente un instrumento de persecución y centinela de los privilegios de los sectores concentrados, puede frenar un paquete votado por mayorías armadas con operadores, gobernadores y bloques aliados. Se trata de una disputa sobre eficacia política frente a un programa que avanza “en shock”, mientras la vida cotidiana de las mayorías se ordena en torno a sobrevivir.
Si se conectan las piezas —ATN, desactivación del CFI, quórum con gobernadores, aprobación de reformas, represión y denuncia por terrorismo, y finalmente el “Argentina Week” con los mismos mandatarios invitados a presentarse ante Wall Street— aparece una imagen coherente. Milei coronó la semana con la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo, con una cena de festejo en la Quinta de Olivos con sus aliados. El régimen de gobierno utiliza las instituciones de la democracia liberal para impulsar un paquete que, al mismo tiempo, erosiona las bases materiales de esa democracia y desplaza a las mayorías del centro de decisión.
Ese cuadro, lejos de habilitar derrotismo, obliga a la precisión estratégica. Si este programa avanza vertiginosamente es porque combina tres dimensiones en una sola máquina: acuerdos políticos territoriales (gobernadores), legitimación discursiva en el territorio virtual (la narrativa del “orden”, la “modernización”, la estigmatización de la protesta) y administración del castigo social mediante represión y penalización. La pregunta de época parece residir en cómo reconstruir referencias políticas con legitimidad en el campo popular para dar la batalla: desde las organizaciones, los territorios y la calle, sosteniendo una lectura no fragmentada de la ofensiva y habilitando una discusión programática que vuelva a poner en el centro el trabajo, la soberanía sobre recursos estratégicos, la protección de bienes comunes y la defensa irrestricta del derecho a protesta.
En otras palabras, el problema no es únicamente la crisis de representación, sino la manera en que esa crisis es administrada por un bloque de poder que gobierna con la institucionalidad que dice detestar, mientras la utiliza para consolidar una reconfiguración regresiva. El desafío está planteado, construir (o reconstruir) una nueva síntesis política popular capaz de desarmar el “sálvese quien pueda” que se legitima desde el territorio virtual y se aplica en el territorio real —donde cientos de familias quedan a la intemperie—, y disputar el sentido común en el mismo terreno donde hoy el régimen pretende monopolizarlo.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
