La Fiscalía General de Cuba imputa por el delito de terrorismo a los tripulantes de la lancha de Miami
La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba anunció el martes 3 de marzo que imputó por el delito de terrorismo a los seis detenidos por el incidente de la lancha rápida con armas que entró en aguas territoriales al norte de la Isla la semana pasada.
En una declaración oficial, la entidad indicó que el proceso penal está radicado por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior.
Este investiga «el intento de infiltración en el territorio nacional ocurrido en la mañana del 25 de febrero por la zona norte de la provincia Villa Clara, con el propósito de realizar actos terroristas», señala la nota.
Los seis imputados por delitos de terrorismo, todos heridos y únicos sobrevivientes de un presunto intercambio de disparos que provocó la muerte de cuatro de los tripulantes de la embarcación y heridas a un guardafronteras, están asegurados con «la medida cautelar de prisión provisional».
«Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía velará por el cumplimiento del debido proceso, y concluidas las investigaciones adoptará las decisiones procesales correspondientes», apunta la nota.
El pasado viernes, altos mandos militares del régimen cubano ofrecieron en una emisión especial del programa televisivo de propaganda Razones de Cuba, su versión del tiroteo. El coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, dijo que no fue una, sino dos, las embarcaciones que salieron desde Cayo Marathon, en Florida.
«Una presentó dificultades técnicas en el trayecto y los ocupantes se trasladaron a la otra, razón por la cual arribaron finalmente en una sola lancha», explicó.
«Se trata de una unidad de nueve metros de eslora», precisó. Según el oficial, «el intercambio de disparos ocurrió a aproximadamente 20 metros de distancia, lo que evidencia la cercanía y la intensidad del enfrentamiento».
«Durante la inspección se ocuparon fusiles de distintos calibres, una escopeta Winchester, fusiles tipo DB AR-15, un fusil Delta, 11 pistolas y un módulo individual para cada uno de los diez ocupantes, que incluía fusil, pistola, cuchillo, uniforme de camuflaje, medicamentos, pasamontañas, casco y otros aditamentos. También portaban medios de comunicación, equipos de visión y materiales estériles», detalló.
«Se contabilizaron 134 cargadores y un total de 12.846 municiones de diferentes calibres, entre ellos 5.56×45 mm y 7.62 mm (AKM). Una de las pistolas ocupadas tenía capacidad para perforar chalecos antibalas. Asimismo, fueron incautados un dron con dos cámaras, diez equipos de comunicación, cuchillos de comando, una planta eléctrica portátil, una cizalla para cortar candados y emblemas identificativos, entre ellos el del denominado movimiento contrarrevolucionario 30 de Noviembre y distintivos de ‘autodefensa del pueblo'», agregó.
Su versión, sin embargo, invita a pensar cómo es posible que tantos elementos, más diez personas, cupieran a la pequeña embarcación ocupada.
«El objetivo del grupo era infiltrarse en el país, promover desorden público, ejecutar actos violentos y atacar unidades militares. El armamento incautado es armamento de combate. No se trata de una falacia», indicó el oficial, dando cuenta de la gran contradicción de esta historia: si era un grupo de combate muy armado, cómo fue posible que fuera neutralizado de forma tan aparentemente sencilla por las tropas guardafronteras, según el relato del MININT.
La Fiscalía de Florida inició también su investigación sobre lo ocurrido, sin tomar como definitiva la versión del régimen cubano.
«A estas alturas (escasa la información y abundante la desinformación), igual puede haber sido una operación de exiliados que salió mal o que fue infiltrada por la Inteligencia castrista; esa amarga sospecha pesa contra todo el que tuviera conocimiento de la misión», advirtió Andrés Reynaldo para DIARIO DE CUBA en un artículo en el que enumeró las incongruencias de la narrativa oficial.
«Inicialmente, se mencionó entre los detenidos a Rolando Roberto Ascorra Consuegra, que no se movió de Miami. La pifia, atribuida a ‘un error de apreciación en la identificación’, según el comunicado del MININT, da pie a presumir que la lista antecedía al fatal encuentro. Asimismo, las autoridades afirmaron que un séptimo detenido, Duniel Hernández Santos, ‘confeso de sus acciones’, viajó desde Miami para servir de contacto en tierra. Sin embargo, una fuente en esta ciudad dijo al activista e influencer Eliecer Ávila, que Hernández había sido deportado a la Isla en 2024».
Y recordó que «en una conferencia de prensa el 5 de febrero en el Palacio de la Revolución, el dictador designado, Miguel Díaz-Canel, había anticipado que se fraguaban planes ‘terroristas’ desde EEUU. Como suele ocurrir, la prontitud y unanimidad en reforzar la versión oficialista, de manera sesgada o directa, por parte de periodistas, influencers y plataformas procastristas fuera de la Isla, apunta a una preparación previa. La prisa o la pereza hace que algunos repitan las mismas palabras y hasta los mismos giros sintácticos de una común consigna».
NOTA INFORMATIVA
La Fiscalía General de la República controla el proceso penal radicado por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, para investigar el intento de infiltración en el territorio nacional ocurrido en la mañana del 25 de febrero por la zona norte de la provincia Villa Clara, con el propósito de realizar actos terroristas.
Han sido instruidos de cargo seis imputados por delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal. La Fiscalía dispuso su aseguramiento con la medida cautelar de prisión provisional.
Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía velará por el cumplimiento del debido proceso, y concluidas las investigaciones adoptará las decisiones procesales correspondientes.
La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país.
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
3 de marzo de 2026
