Ecuador | Asambleístas de Revolución Ciudadana solicitan indagar sobre la deuda externa e inversiones del Gobierno entre 2018 y 2026

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Ecuador: Revolución Ciudadana pide indagar sobre deuda externa e inversiones del Gobierno

Un grupo de asambleístas del partido la Revolución Ciudadana en Ecuador presentó este lunes ante la Contraloría General del Estado una solicitud formal con el fin de indagar sobre la deuda externa del Ecuador y los tratados bilaterales de inversión realizados por el Gobierno entre los años 2018 hasta 2026.

De acuerdo a los legisladores, el actual endeudamiento podría contravenir la Constitución. Los asambleístas señalaron que la deuda pública ecuatoriana alcanzó los 91.000 millones de dólares al cierre de 2025.

De ese total, aproximadamente 55.000 millones de dólares corresponderían a deuda externa, mientras que cerca de 35.000 millones serían deuda interna. Los legisladores advirtieron que el nivel de endeudamiento representa alrededor del 69 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La iniciativa, respaldada por más de 21 legisladores, busca que el organismo de control audite las operaciones de endeudamiento del país en la fecha referida, así como los procesos de negociación y suscripción de acuerdos internacionales.

Agregaron que esta cifra de endeudamiento externo supera el límite del 57 por ciento establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

La ciudadanía y organizaciones sociales tienen un plazo de 10 días para presentar observaciones, mientras que la Fiscalía tendrá hasta 30 días para emitir una decisión definitiva.

Para los asambleístas, pese al incremento del endeudamiento, no se evidencian inversiones significativas en sectores como salud, educación o infraestructura pública.

Argumentan como preocupación que parte de esos recursos se estén destinando a cubrir gasto corriente, lo cual está restringido por la Constitución, salvo en situaciones excepcionales como emergencias o desastres naturales.

La emisión de bonos soberanos por más de 4.000 millones de dólares realizada en enero de este año fue cuestionada por los asambleístas, quienes afirman que se habría concretado con tasas de interés superiores al 9 por ciento, consideradas elevadas frente a estándares internacionales.

El bloque político asegura que los acuerdos han generado históricamente millonarios pagos del Estado ecuatoriano en arbitrajes internacionales, al reconocer que la Constitución de 2008 restringe la cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros en disputas con inversionistas privados, conforme al artículo 422.

teleSUR


 

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