Grupo de expertos internacionales dicen ante CIDH que se cometen crímenes de lesa humanidad en régimen de excepción de El Salvador
Un grupo de expertos conformado por cinco juristas de reconocimiento internacional entrega este martes un informe en una audiencia con la CIDH.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entrega este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que asegura que hay “base razonable para creer” que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe, presentado en el 195 período de sesiones de la CIDH, celebrado en Guatemala, sostiene que durante el régimen de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles.
“A la luz de lo documentado y del derecho penal internacional, existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo asesinato, encarcelamiento o privación grave de la libertad en contravención de normas fundamentales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos”, indicó la conclusión XVI del informe.
Según los juristas, hay “responsabilidad internacional” no solo del Estado, sino “de las personas físicas de manera individual, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional”.
“El régimen legal vigente en El Salvador conforma un entramado legal que permite la violación sistemática de derechos fundamentales inderogables, configurando una base razonable para demostrar la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.
Claudia Martín, una de las expertas que elaboraron el informe.
En la audiencia, Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, aseguró que reconocen que los Estados tienen obligación de proteger a la población y garantizar la seguridad pública, sin embargo, advirtió que toda política pública debe respetar los derechos internacionales. «Seguridad, sí, pero no a costa de crímenes de lesa humanidad», afirmó durante la audiencia transmitida por la CIDH.
Detallan que los crímenes de lesa humanidad son “actos graves cometidos de manera generalizada o sistemática contra una población civil”, no necesariamente cometidos en un conflicto armado, y que responden a una política de Estado o de una organización.
El estándar “base razonable para creer”, según el informe, es el empleado por la Corte Penal Internacional (CPI) para “determinar si ejerce sus facultades de oficio para iniciar una investigación de los hechos”.
Según el informe, el GIPES analizó actos que incluyen encarcelamiento, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación y violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos. “Se documentó tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación”, indica el informe. Sostienen que los actos fueron “generalizados” y “sistemáticos”.
“El estado de excepción no fue una desviación temporal, sino la base estructural sobre la cual se pudieron normalizar graves violaciones de derechos humanos bajo la apariencia de legalidad”, indica el informe.
También señaló que el cierre “progresivo y deliberado del espacio cívico, los actos de estigmatización, la vigilancia ilegal, la persecución judicial, las detenciones arbitrarias, la tortura y la adopción de legislación restrictiva contra periodistas, opositores políticos e integrantes de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil” constituyen “persecución” por “razones políticas”.
El grupo instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a “crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”, y recomendó al Estado de El Salvador establecer una comisión independiente de revisión de casos con apoyo internacional, así como poner fin al régimen de excepción y a las reformas penales relacionadas con el régimen. Consideró que violan el derecho internacional.
El GIPES está conformado por cinco juristas reconocidos internacionalmente: Susana SáCouto, Claudia Martín, Gino Costa, José Guevara y Santiago Cantón.
El informe fue respaldado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el proyecto de investigación Impactum y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto, de la Universidad de Ghent, Bélgica.
El informe se basa en información oficial, nacional e internacional, y en reuniones con víctimas, sociedad civil, academia, abogados y periodistas.
Los fondos se destinarán a la unidad presupuestaria y línea de trabajo 08 Apoyo a otras instituciones, 01 Programas educativos a través de socios estratégicos, para la “Asociación para la Promoción Humana”.
Según la correspondencia enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, los fondos servirán para “la ejecución del proyecto de becas cofinanciadas destinado a la formación integral de 376 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en comunidades de escasos recursos y que finalizan sexto grado en escuelas públicas en el departamento de La Libertad, para permitir la reinserción de estos en el mercado laboral y dar continuidad a sus estudios superiores”.
El Gobierno ha negado violaciones a derechos humanos denunciadas por organizaciones, como torturas, capturas arbitrarias y muertes de detenidos bajo custodia estatal. Por ejemplo, en noviembre de 2022, ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, aseguró que la tortura no existe como política penitenciaria. En ese entonces, Carlos Javier Hernández, subdirector de asuntos jurídicos de la Dirección de Centros Penales, dijo que no se reporta “ningún hecho o acto de violencia o amotinamiento” en los centros penitenciarios y enumeró programas penitenciarios. En ese entonces, la encargada de la Fiscalía General de la República dijo que había 11 investigaciones por tortura desde 2019, cinco activas y 15 judicializadas, en cuatro de las cuales ya hay condenas.
El Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) asegura que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción.https://t.co/A15e5szvfu
— Paolo Luers (@paololuers) March 10, 2026
El Salvador y EUA firman acuerdo nuclear: planta estaría lista en 7 años, según embajadora
La embajadora Milena Mayorga comunicó la firma de un memorando de entendimiento entre EUA y El Salvador sobre energía nuclear, sin brindar detalles precisos del contenido del mismo.
La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) la firma de un convenio entre el Gobierno de El Salvador y el Instituto de Energía Nuclear (NEI, por sus siglas en inglés) de ese país para temas relacionados con la materia, pero sin precisar en qué consiste ni cuáles serían sus implicaciones.
“Hemos sostenido una mesa redonda entre el GOES y el Gobierno de Estados Unidos, pero también con importantes aliados en el tema de energía nuclear (…) Se firmó este memorando de entendimiento específicamente entre la oficina de energía de los Estados Unidos y la oficina de energía nuclear de El Salvador”, dijo la funcionaria.
Mayorga no explicó en qué consiste el memorando, qué compromisos implica para ambos países ni cuánto tiempo llevaba en discusión antes de su firma, ni qué institución firmó en nombre de El Salvador, dado que la oficina de energía nuclear aún no tiene vida legal, ya que la ley de la materia aún no ha entrado en vigencia. En el video compartido de la reunión, sin embargo, puede verse al presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.
Pese a ello, Mayorga aseguró que espera que el país tenga un reactor nuclear ya instalado y operativo en territorio salvadoreño en un plazo de siete años.
“Será a largo plazo tener las plantas y proveer a la empresa privada y al Estado de otra fuente de energía; y la planta nuclear va a estar lista en siete años”, indicó Mayorga.
La funcionaria también destacó que el proyecto inició por sugerencia de la empresa llamada Thorium Energy Alliance, que le vendió la idea de buscar energía limpia y que la visitó en la propia embajada.
En El Salvador, la Ley de Energía Nuclear fue aprobada en octubre de 2024. Según el decreto, esta debía entrar en vigencia un año después, en octubre de 2025.
Sin embargo, en agosto de 2025, el oficialismo acordó retrasar el inicio de la vigencia de la normativa hasta junio de 2026, con el argumento de que era necesario atender “recomendaciones de organismos internacionales que señalan la importancia de contar con un sistema jurídico integral y debidamente articulado”.
La ley se aprobó sin ninguna discusión con expertos en la materia, sino únicamente con la opinión del Gobierno para justificar la supuesta búsqueda de mayor diversidad en la generación de energía.
