Informe documenta 245 víctimas de persecución política en El Salvador
Por David Bernal
Al menos 245 salvadoreños fueron víctimas de persecución política entre los años 2019 y 2025, como una medida de represión por ser considerados “voces críticas” contra el Estado, según revela un informe presentado este 5 de marzo por Cristosal.
El documento lleva por título “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025” y fue presentado hoy por la mañana en Ciudad de Guatemala, donde Cristosal radica desde mediados de 2025, debido al cierre de sus operaciones en territorio salvadoreño por “persecución y amenazas de parte del Estado salvadoreño”.
📚 #Informe | El Estado salvadoreño persigue y encarcela a personas por motivos políticos.
En “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador (2019–2025)” documentamos cómo la criminalización penal se ha convertido en el principal instrumento de… pic.twitter.com/trhxk2WRKF
— Cristosal (@Cristosal) March 5, 2026
La investigación realizada por la organización de derechos humanos documenta 237 actos de persecución política en contra de 245 salvadoreños, aunque sostiene que puede existir un “subregistro” debido a “limitaciones estructurales para el acceso a la información pública y condiciones adversas para el ejercicio de la labor de documentación independiente”.
La herramienta incorpora un análisis sistemático de tres grandes modalidades: persecución extrajudicial, acciones punitivas no penales y criminalización. Además, se documentan a detalle 20 casos emblemáticos, lo que fortalece la capacidad de inferencia del estudio”, explicaron durante la conferencia de este 5 de marzo.
Entre los 20 casos emblemáticos que aparecen en el informe están la captura del hijo del líder indígena Silverio Morales, los casos judiciales que afectaron a los periodistas Carolina Amaya y Víctor Barahona, la captura y posterior muerte bajo custodia del Estado del asesor de seguridad Alejandro Muyshondt y la detención del ex alcalde Ernesto Muyshondt.
“Se han hecho uso de acciones judiciales orientadas a neutralizar completamente la disidencia mediante el uso del derecho penal como mecanismo de represión. Estas acciones forman parte de una estrategia de eliminación política y social”, sostienen dentro del informe.
Durante la presentación, el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, hizo énfasis en que el informe “no es una advertencia, sino una afirmación contundente de que en El Salvador hay persecución política”.
“Hay represión en El Salvador”
Desde Cristosal también sostienen que los casos documentados dejan constancia de que en El Salvador hay un “acelerado deterioro democrático” y una “captura institucional” de varias dependencias del Estado que son utilizados como “herramientas de represión”.
“Siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos (documentadas dentro del informe) enfrentaron criminalización como una estrategia de represión. Este patrón evidencia el uso sistemático del poder punitivo del Estado para silenciar la disidencia en El Salvador, en especial porque todos los perfiles bajo análisis han enfrentado, en mayor o menor medida, este tipo de hostilidades”, analizan.
Añaden que “el ejercicio de la libertad de expresión o la participación en asuntos públicos no alineados con las posturas gubernamentales son percibidas como ‘peligro para sus intereses’ y se convierten en acciones susceptibles de medidas penales” y añaden los recientes casos del abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, capturados en mayo de 2025 por participar en una protesta y dejados en libertad luego de que accedieron a declararse culpables de desórdenes públicos y resistencia.
La investigación de Cristosal revela además que el grupo más afectado dentro de los 245 casos documentados corresponde a personas con “protección internacional especial”, quienes recibieron el 60.4 % de las hostilidades. Esta clasificación incluye a personas defensoras de derechos humanos, de derechos medioambientales, de derechos laborales o sindicales, derechos de pueblos indígenas, periodistas y personas operadoras de justicia.
La organización defensora de derechos humanos sostiene que esta persecución se ha visto facilitada gracias a la medida del régimen de excepción, que impera en El Salvador desde marzo de 2022.
“El uso prolongado del estado de excepción ha facilitado la aprobación de leyes y reformas legales permanentes que desnaturalizan el modelo penal acusatorio adoptado después de los Acuerdos de Paz, instaurando un ‘derecho penal del enemigo’, alterando garantías procesales fundamentales tales como el derecho a la defensa y los principios de la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el de legalidad, entre otros”, sostienen.
También reconocen la existencia de “presos políticos” en El Salvador y por ello piden al Estado salvadoreño el cese de la persecución y la reparación integral a los que ya fueron víctimas, que garantice la independencia judicial y el Estado de derecho y que haya transparencia y rendición de cuentas.
Sobre esto último, pidieron que se permita la visita a El Salvador de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar los señalamientos que se realizan.
