El transfeminismo redefine el 8M y expone la disputa por trabajo y democracia
Por Alejandra Rizzo*
El 8M tiene un origen ligado al movimiento obrero. En 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso una jornada internacional de lucha de las mujeres trabajadoras. La fecha se consolidó con huelgas obreras de comienzos del siglo XX y fue reconocida por Naciones Unidas en 1975. A más de cien años de aquellos acontecimientos, el 8 de marzo vuelve a inscribirse en un escenario de confrontación estructural.
Más de un siglo después, los datos globales muestran que aquellas demandas fundacionales no han perdido vigencia. Las mujeres realizan el 76,2 % del trabajo de cuidado no remunerado y dedican 3,2 veces más tiempo que los varones a esas tareas. En la región, dedican entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres al cuidado no pago. Más de 18 millones de personas trabajan en el servicio doméstico y el 93 % son mujeres. La mayoría lo hace sin contrato ni protección social.
Este 8 de marzo no se inscribe en un tiempo neutral. América Latina atraviesa un ciclo de radicalización de las derechas que combina ajuste económico, concentración de poder y ofensiva cultural contra los movimientos populares. En ese escenario, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora recupera su densidad histórica: vuelve a ser una jornada de disputa política frente a proyectos que buscan consolidar desigualdades y restringir derechos.
Esta fecha transcurre en un contexto marcado por el avance del neofascismo, el recrudecimiento de la violencia de género y la profundización de las expresiones de odio. Se combina con recortes presupuestarios, precarización laboral y campañas digitales que buscan instalar al feminismo como “enemigo interno”. Plataformas, operadores mediáticos y proyectos legislativos convergen en un mismo eje: deslegitimar derechos conquistados y limitar la protesta social. La disputa no es solo cultural, es económica e institucional.
En América Latina y el Caribe, según el informe Panorama Laboral 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de participación femenina es del 52,1 %, frente al 74,3 % masculina. Solo el 48,4 % de las mujeres está ocupada, contra el 70,4 % de los varones . La informalidad afecta con mayor intensidad a las trabajadoras.
En Argentina, el 8M se desarrolla en medio de un programa de ajuste y reconfiguración estatal impulsado por el gobierno de Javier Milei. La reducción de políticas públicas, el desmantelamiento de áreas vinculadas a género y diversidad, y la narrativa oficial que presenta al feminismo como “ideología” forman parte de una estrategia más amplia que busca deslegitimar la organización colectiva y naturalizar la desigualdad como responsabilidad individual.
En el terreno social, las cifras oficiales y las estimaciones privadas reflejan un panorama complejo que impacta de manera diferencial según género. Este escenario, además, se inscribe en una coyuntura atravesada por debates estructurales como la reforma laboral y proyectos como la baja de la edad de imputabilidad. La discusión sobre el trabajo ya no es sólo económica: es cultural. ¿Qué se entiende por empleo digno? ¿Qué lugar ocupan las tareas de cuidado no remuneradas?
El desempleo alcanza al 8,5% de las mujeres y al 6,8% de los varones, mientras que la brecha de ingresos por género es del 29,5% y se amplía al 38% entre quienes trabajan en la informalidad. A su vez, el 97,3% de las personas que trabajan en casas particulares son mujeres, de ellas el 77,7% trabaja en la informalidad y el 40% es el principal sostén económico de su hogar.
Uno de los núcleos más regresivos de la reforma laboral es la flexibilización del tiempo de trabajo: banco de horas, negociación individual y compensación flexible de jornadas. En un país donde, según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo elaborada por el INDEC, las mujeres realizan tres veces más trabajo no remunerado que los varones, estos esquemas no amplían libertades sino que castigan la disponibilidad limitada ya impuesta.
El desempleo alcanza al 8,5% de las mujeres y al 6,8% de los varones, mientras que la brecha de ingresos por género es del 29,5% y se amplía al 38% entre quienes trabajan en la informalidad. A su vez, el 97,3% de las personas que trabajan en casas particulares son mujeres, de ellas el 77,7% trabaja en la informalidad y el 40% es el principal sostén económico de su hogar.
A este escenario se suma la persecución judicial y mediática contra lideresas políticas y sociales, que amplifica el clima de disciplinamiento. La ex presidenta y máxima referente del movimiento popular, Cristina Fernández de Kirchner, hoy detenida ilegalmente, ha denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de procesos judiciales direccionados en su contra, en causas que sectores del oficialismo y de la oposición interpretan de manera antagónica y que han sido leídas por parte del arco político y académico como expresión de “lawfare”, es decir, el uso del aparato judicial para disputar poder político. Por su parte, Milagro Sala, dirigente social y referente de la organización Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, permanece privada de su libertad desde 2016 en un proceso cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Estos casos se inscriben en un clima más amplio de criminalización de la protesta social: judicializaciones a manifestantes, protocolos restrictivos para la movilización y discursos oficiales que equiparan reclamo con delito.
Al mismo tiempo, los feminismos y transfeminismos populares enfrentan una ofensiva discursiva que les señala como “enemigo interno”. Las tácticas clásicas de propaganda reaparecen en versión digital: microcontenidos virales, bots, campañas coordinadas y algoritmos que amplifican discursos de odio. Se construye un adversario único “las feministas”, indicadas como responsables de crisis económicas o de supuestos privilegios. La saturación informativa fragmenta y dificulta distinguir información verificada de desinformación, trasladando parte del debate público a lógicas de plataformas tecnológicas fuera de control ciudadano.
Sin embargo, el movimiento feminista y transfeminista argentino y latinoamericano no es una identidad aislada ni un fenómeno exclusivamente urbano. Tiene anclaje territorial, sindical y comunitario. Participa en gremios, en la economía popular, en escuelas y hospitales. Sostiene comedores, ollas populares, espacios de cuidado y redes de acompañamiento frente a la violencia. Las consignas que se escuchan en las calles ”que ardan las reformas esclavistas”, “vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, “la deuda es con nosotras”, “unir las luchas es la tarea” conectan el reclamo contra los femicidios con el cuestionamiento al endeudamiento externo y al extractivismo.
El 8M, entonces, no sólo denuncia. Propone. Propone radicalizar la democracia, ampliar derechos y disputar el sentido común en tiempos de retrocesos simbólicos y materiales. En una región atravesada por el avance de derechas autoritarias y la concentración extrema de la riqueza, los feminismos y transfeminismos populares y latinoamericanos demostraron capacidad para articular luchas locales con causas globales y para convertir la indignación en organización.
El desafío que se abre es transformar esa potencia en un programa político sostenido. Tomar las redes, las calles y también las instituciones con una propuesta que coloque la vida, los cuerpos y el tiempo popular por encima del lucro. No se trata de “salvar” a las mujeres, sino de cuestionar un modelo que precariza a toda la clase trabajadora. Si el 8 de marzo hace que “se pare el mundo”, es porque recuerda que sin igualdad material y sin vidas libres de violencia no hay democracia posible.
*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL.
