Educación en conflicto: docentes y universidades siguen enfrentando el ajuste del gobierno de Milei
Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo*
La crisis universitaria en Argentina continúa siendo uno de los ejes de la escena política y social. Paros docentes, movilizaciones masivas y un conflicto abierto entre el gobierno nacional y la comunidad educativa marcan la agenda de los 26 meses que lleva el gobierno de Javier Milei. El eje del conflicto se compone de salarios deteriorados, caída estructural del presupuesto y un debate de fondo qué tiene como centro el papel del Estado en el financiamiento de la educación superior.
Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el sistema universitario público funciona con un presupuesto prorrogado del año anterior. Ese esquema provocó rápidamente advertencias de rectores y sindicatos docentes y no docentes sobre la imposibilidad de sostener el funcionamiento de las universidades nacionales. La discusión dejó de ser sectorial y pasó a instalarse en la agenda pública en un gobierno donde el déficit cero es el objetivo principal.
El punto de inflexión llegó en abril de 2024. Una movilización federal reunió a cerca de un millón de personas en la Ciudad de Buenos Aires y miles más en las principales ciudades de las 14 provincias del país bajo la consigna “Sin salarios ni presupuesto no hay educación”. La protesta expuso un deterioro salarial que superaba el cincuenta por ciento respecto de la inflación acumulada y un sistema universitario obligado a sostener su funcionamiento con recursos cada vez más limitados.
A partir de ese momento el conflicto se transformó en una disputa política abierta. Mientras los gremios docentes, no docentes, estudiantes y rectores reclamaban una ley que garantizara el financiamiento universitario, el gobierno sostuvo el equilibrio fiscal como prioridad. El Congreso aprobó finalmente el 9 de septiembre la Ley de Financiamiento Universitario destinada a actualizar automáticamente el presupuesto por inflación y recomponer los salarios del sector. El costo fiscal estimado de esa norma representaba apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno.
El presidente decidió vetarla, y esto marcó un nuevo escalón en el conflicto. En octubre de 2024 una segunda movilización masiva volvió a llenar las calles de todo el país en defensa de la universidad pública. Más de un millón y medio de personas participaron de las protestas. Al mismo tiempo, comenzaron tomas estudiantiles, vigilias en facultades y nuevas medidas de fuerza impulsadas por el Frente Sindical Universitario.
Detrás de la disputa política aparecen datos concretos sobre el funcionamiento del sistema. El presupuesto universitario cayó alrededor de un 30% en términos reales respecto de 2023. La inversión por estudiante se redujo más de la mitad. Los salarios docentes perdieron entre un 25 y un 50% de su poder adquisitivo. En los cargos iniciales de la docencia universitaria, los salarios quedaron por debajo de la línea de pobreza.
Las consecuencias comenzaron a sentirse en las aulas. Universidades como la del Litoral o la de Entre Ríos registraron más de 280 renuncias de docentes entre 2024 y 2025. En paralelo, el sistema científico también se contrajo, la inversión pública en ciencia y tecnología cayó hasta el 0,15% del PBI, el nivel más bajo en casi cinco décadas.
El conflicto continuó durante 2025 con paros nacionales, debates parlamentarios y un nuevo intento legislativo para garantizar el financiamiento del sistema. La ley fue aprobada por el Congreso en agosto, pero el Poder Ejecutivo emitió un decreto que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación hasta que el Congreso indicará las fuentes de financiamiento. Mientras tanto, en el mes de diciembre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento. Tres meses más tarde, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los recursos extraordinarios del Gobierno, con los cuales intentaba apartar a los jueces que deben decidir sobre la constitucionalidad del Decreto emitido por el gobierno de Javier Mieli.
El 2026 encontró a la comunidad educativa reunida en las calles contra el proyecto de reforma laboral y en apoyo al Paro Nacional Docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Inicia marzo, comienza el periodo de inicio de clases y el tema sigue abierto en los tribunales y en el debate político.
La disputa por la universidad pública excede el reclamo salarial. En el fondo se enfrentan dos proyectos de la educación pública en general y la educación superior en particular. De un lado, la comunidad educativa que entiende a la universidad como un derecho social garantizado por un Estado presente qué genere condiciones de ingreso, permanencia y egreso. Del otro, una visión de Estado que propone reducir su rol y avanzar hacia modelos de financiamiento a la demanda, financiar vouchers educativos, reconocer la educación en el hogar y obligar a las y los trabajadores de la educación a garantizar guardias mínimas de continuidad del servicio educativo durante periodos de huelga.
El conflicto universitario se convirtió en uno de los principales campos de disputa del proyecto político argentino. El gobierno de Milei continúa constituyendo su proyecto de país también en materia educativa, con el apoyo del poder judicial y actores políticos y económicos nacionales e internacionales.
¿En este año serán suficientes los paros docentes y las movilizaciones para que Milei escuche a la comunidad educativa? ¿Seguirá siendo la educación pública uno de los ejes que aglutine a los sectores del pueblo contra el gobierno facista de Javier Milei? Las calles son y serán testigos una vez más de cuanto poder logre construir el sector educativo para hacer frente a políticas de gobierno estatales que deja fuera cada vez más a la clase trabajadora.
*Mariano Yedro es Profesor y Licenciado en Historia (UNRC) y Magister en Comunicacion y Cultura contemporánea (UNC). Docente en la UNRC. Noelia Naranjo es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCUYO) Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente en UNCuyo. Ambos miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
