Corte IDH declara al Estado peruano responsable por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos durante el gobierno fujimorista
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró al Estado peruano responsable por la esterilización forzada y posterior fallecimiento de Celia Edith Ramos Durand en 1997, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) durante el gobierno de Alberto Fujimori.
«La Corte estableció que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley y a la salud de Celia Edith Ramos Durand», indicó.
El tribunal determinó que estos hechos no fueron aislados, sino que formaron parte de una política estatal de esterilizaciones masivas que afectó a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
COMUNICADO | 📄
En la sentencia del caso Ramos Durand y otros Vs. Perú, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Perú responsable internacionalmente por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en… pic.twitter.com/OCLSFGfiwB
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 5, 2026
Un programa de Estado basado en la «coerción»
En un comunicado, el tribunal internacional con sede en Costa Rica explicó que los hechos ocurrieron dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), el cual, bajo la apariencia de promover la anticoncepción voluntaria, derivó en más de 314 000 esterilizaciones de mujeres y 24 000 de hombres.
La Corte señaló que esta política, que se implementó mediante «coerción», fue organizada desde los más altos niveles del Estado y se enfocó principalmente en mujeres rurales, indígenas y en condiciones de pobreza extrema, utilizando incentivos para funcionarios por captar mujeres y amenazas hacia las pacientes, “quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva a cambio de beneficios o mediante el uso de información sobre presuntos riesgos a la salud que no estaban acreditados”.
«Celia Edith Ramos Durand, de 34 años, fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas. El 3 de julio de 1997 fue intervenida en el puesto de salud del Caserío La Legua, acondicionado provisionalmente como sala de operaciones. El establecimiento no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias. Durante la intervención la señora Ramos Durand presentó una reacción alérgica severa. Fue trasladada a una sala de recuperación con recursos limitados y, aproximadamente 30 minutos después, a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Miguel de Piura, donde estuvo hospitalizada 19 días hasta su fallecimiento el 22 de julio», detalló.
El esposo de la víctima denunció al personal médico por lesiones graves seguidas de muerte, pero la Fiscalía archivó el caso al considerarlo un hecho fortuito y por una conciliación extrajudicial.
«Como consecuencia de varias denuncias, en 2002 inició un proceso contra los responsables del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el que se incluye el caso de la señora Ramos Durand. Este proceso, que ha sido archivado en distintas oportunidades, continúa abierto», detalló la CorteIDH.
En la sentencia del caso Celia Ramos Vs Perú la @CorteIDH declara que las esterilizaciones forzadas de mujeres pobres desarrolladas en los años noventa fue una política de Estado. pic.twitter.com/1fgNVu3G1f
— Carlos Rivera Paz (@IDL_Rivera) March 6, 2026
Violaciones a los derechos humanos
El tribunal precisó que, aunque Ramos Durand firmó un documento previo, este fue obtenido «bajo coerción» y sin brindarle información adecuada sobre los riesgos, alternativas o consecuencias del procedimiento.
Por estas razones, se declaró la violación de múltiples derechos, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad personal y la igualdad ante la ley. Además, se señaló la falta de debida diligencia en la investigación judicial.
La sentencia también destacó el profundo sufrimiento causado a los familiares de la víctima, en especial sus tres hijas (quienes eran niñas al momento de los hechos).
Como consecuencia de este fallo, la Corte IDH ha ordenado al Estado peruano implementar diversas medidas de reparación para resarcir los daños causados a la familia Ramos Durand.
