Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Tica Moreno *
Seguir las noticias sobre los usos, abusos y rumbos de la inteligencia artificial, comandada por las big tech de Estados Unidos, puede resultar un tanto desesperante y provocar tecnofobia. Pero es urgente que los movimientos populares asuman la tarea histórica de ingresar en esta disputa y participar en el desarrollo de esa tecnología.
La inteligencia artificial que la mayoría de las personas usa cotidianamente es la de los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), pero ése es solamente un tipo de modelo y aplicación. Cada día se hacen 140 millones de interacciones en ChatGPT sólo en Brasil, el tercer país con más usuarios en esta plataforma. Allí las personas hacen una pregunta o dan una instrucción y reciben una respuesta que puede ser útil o una alucinación estadísticamente fundamentada.
La cantidad de datos necesaria para entrenar cada uno de los modelos de inteligencia artificial es enorme, pero está lejos de ser representativa de la diversidad de idiomas, culturas y saberes de los pueblos. Si se tiene un texto escrito en nepalí sobre la situación política del país y se usa la traducción automática para pasarlo al suahili, la probabilidad de error es mucho mayor que si se traduce un texto del español al inglés.
El entrenamiento de la inteligencia artificial implica el establecimiento de parámetros e instrucciones internas al sistema a las que las personas usuarias no tienen acceso, pero que, junto con los datos de origen, componen el sesgo ideológico de esos modelos. Basta hacer una prueba y preguntar, por ejemplo, cuáles son los países que más han cometido atrocidades contra la humanidad, para percibir el sesgo antiizquierda que contiene.
Datos, inteligencia artificial y poder militar son hoy condiciones de posibilidad de la agenda del imperialismo en esta fase peligrosa y decadente. Es ingenuo tratar la inteligencia artificial sólo como una tecnología más, como cualquier otra. Además de acelerar y transformar procesos productivos existentes, tiene el potencial de transformar cualitativamente las relaciones sociales, la forma en que interactuamos entre nosotros, con el trabajo, con los instrumentos de trabajo y con los procesos que producen la vida.
No por casualidad la inteligencia artificial ocupa un lugar central en la geopolítica contemporánea y lo que está en juego en esta disputa es la capacidad de dirigir el desarrollo de la humanidad.
La inteligencia artificial se desarrolla entre dos posibilidades históricas. De un lado, existe el potencial progresista de transformar las capacidades humanas y las relaciones sociales. La experiencia china demuestra cómo integrar la IA al conjunto de la sociedad: desde la planificación y la innovación en todas las etapas de las cadenas productivas hasta la organización de las ciudades, del campo y de la agricultura, e incluso de los cuidados a las personas mayores.
China lo hace con regulación, planificación, código abierto y soberanía digital. Del otro lado, el modelo estadounidense centrado en el control corporativo privado (Google, OpenAI, Anthropic) y articulado a la economía de guerra, desarrolla la IA como un instrumento de vigilancia, precarización del trabajo y mantenimiento de las jerarquías Norte–Sur. En este proyecto, la IA alcanza el nivel de arma de destrucción masiva, ahora con las big tech de Silicon Valley como sujetos de ese complejo.
La IA se caracteriza por un uso dual, civil y militar. Israel, por ejemplo, utiliza servicios de inteligencia artificial (de Google) para clasificar a la población palestina como objetivo y decidir de forma autónoma ataques “mortales-genocidas”. Con la alianza entre las big tech y el gobierno Trump, enfrentamos presiones contra legislaciones nacionales de regulación y protección de datos, amenazas y aranceles cuando Brasil intenta regular las plataformas de manera mínimamente autónoma, sea en la cuestión de las plataformas digitales de trabajo o para restringir el uso político de los datos.
Para nosotros, en Brasil, la posibilidad de entrar en esta batalla y construir soberanía digital pasa necesariamente por comprender que no estamos en las mejores condiciones. Somos más estructuralmente dependientes de las tecnologías extranjeras y carecemos de un proyecto nacional estratégico. Brasil no invierte en infraestructuras digitales propias, y contrata a las big tech para todo. El flujo consiste en la recolección masiva de datos de las interacciones sociales en los territorios, que son almacenados y procesados en las “nubes” de las big tech.
Éstas, a su vez, usan esos datos para entrenar sus modelos y desarrollar sus sistemas de IA que, después, nos serán vendidos nuevamente a nosotros: los países del Sur. A nosotros nos restaría, una vez más, adquirir tecnologías ya listas. La renuncia a la capacidad de desarrollar ciencia y tecnología, e incluso del potencial para hacerlo, es una marca de la dependencia.
Además de exportadores de minerales y datos, necesitamos comprender cómo nuestros países están subordinados y dependientes de las big tech en todas las capas de las infraestructuras digitales: ya sea en las infraestructuras físicas —como energía, telecomunicaciones, centros de datos y equipamientos—, ya sea en la infraestructura lógica —los softwares, el desarrollo de sistemas y bases de datos, además de la IA en sí—.
En Brasil, en todas estas capas identificamos el dominio de las corporaciones transnacionales, debido a la privatización de las infraestructuras físicas —como las telecomunicaciones— y a la insuficiencia de investigación y desarrollo soberano.
La soberanía no puede ser sólo declaratoria. La soberanía nacional, la soberanía popular, se compone necesariamente de soberanía energética, soberanía minera, soberanía tecnológica y soberanía digital. Son imperativos para nuestros proyectos emancipatorios. No se pueden generar territorios de alta tecnología por un lado y territorios de extracción de bienes comunes, como energía, por el otro.
Por eso volvemos al debate: ¿cuáles son los proyectos que están actualmente planteados en el mundo?
Las big tech encontraron una fórmula para vender soberanía como servicio. Tomaron parte del discurso sobre la soberanía de datos —que es la localización de los datos— y venden el servicio de “nube soberana”. La llaman soberana, pero la Cloud Act de Estados Unidos determina que nuestros datos están bajo su jurisdicción y que, sí, ellos pueden acceder a ellos.
Este camino de las big tech se viabilizó por la visión de soberanía digital hegemonizada por Europa, que se enfoca en la protección de la privacidad individual, no en una visión de los datos como factor de producción, como es el caso de la perspectiva china.
En la elaboración china, los datos son un factor de producción crucial para la nueva cualidad de las fuerzas productivas, y por ello deben ser protegidos. La privacidad es sólo una dimensión. Como factor de producción, los datos tienen una singularidad: pueden ser usados simultáneamente por múltiples actores y agentes, su valor aumenta con la escala, y poseen capacidad generativa —producen nuevas realidades, conocimientos y posibilidades—.
Obviamente producen lo nuevo en interacción con los seres humanos; pueden contribuir a destrabar capacidades creativas e imaginativas minadas por la explotación, la dominación y la opresión. Los datos son producto de nuestras interacciones sociales. Por lo tanto, el control y el poder sobre los datos significa para nosotros la defensa de territorios, modos de vida, producción y reproducción, conocimientos y, en última instancia, del futuro compartido que podemos construir como humanidad.
La soberanía nacional formal enfrenta limitaciones estructurales en la práctica. Nuestra autonomía decisoria es minada por una burguesía nacional que, en América Latina, es históricamente antidemocrática, antinacional —por ser subordinada y dependiente— y antipopular. Además, en las últimas dos décadas, las corporaciones transnacionales y sus instrumentos —como los acuerdos de libre comercio— han erosionado las posibilidades de soberanía y autonomía en la toma de decisiones.
La soberanía popular no se circunscribe a un estatus jurídico por conquistar: afirma la soberanía como el ejercicio continuo del poder popular. Y, como defendemos en América Latina, la solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad en procesos de integración regional y cooperación Sur–Sur son componentes de nuestra soberanía, no una contradicción. Así también ocurre con la soberanía digital. No hay forma de salir de esta situación de profundo atraso, subordinación y dependencia en soledad, en un solo país.
Compartir redes e infraestructuras digitales debe ser asumido como una cuestión política, no meramente técnica.
La soberanía digital requiere tecnodiversidad y resistencia a la uniformización de los modos de vida. Requiere que los pueblos sean sujetos del desarrollo tecnológico, y no apenas usuarios de paquetes tecnológicos ya listos. Esto implica articular el uso crítico de la tecnología con la construcción de un proyecto político estratégico para nuestros países, con énfasis en la industrialización y en una política científico-tecnológica nacional:
1) regulación soberana de plataformas, algoritmos e infraestructuras,
2) financiamiento público para el desarrollo de tecnologías libres, de código abierto y controladas por el Estado y por el pueblo,
3) inversión en centros de datos,
4) formación masiva en educación digital popular,
5) núcleos tecnológicos en escuelas, cooperativas y territorios campesinos y
6) políticas de transición justa para la clase trabajadora ante la automatización.
Situamos esta agenda en las luchas concretas que atraviesan todas las dimensiones de nuestra vida en común: cómo la IA puede servir a la lucha por la reforma agraria y la agroecología; cómo la lucha feminista por el reconocimiento y la socialización del trabajo de cuidados se articula con la manera en que la IA será o no incorporada en la organización social del cuidado de las personas mayores; cómo la lucha antirracista confronta los sesgos algorítmicos que reproducen y profundizan el racismo estructural; cómo la lucha antiimperialista enfrenta el uso de la IA como arma de genocidio y destrucción masiva.
Colocar a los movimientos populares como sujetos de esta disputa significa reconocer que el potencial del Sur Global no reside en sus élites financieras o intelectuales, sino en el pueblo organizado. Por eso, colocar la inteligencia artificial y la soberanía digital en la agenda política es un desafío estratégico para las organizaciones populares.
Esto implica desplazar el eje del debate de lo estrictamente técnico a lo político, combinar el diagnóstico y la crítica con la construcción de una estrategia antiimperialista y socialista, situando la inteligencia artificial en el terreno de la disputa por el futuro de la humanidad.
*Socióloga. Integrante de la Coordinación Nacional de la Marcha Mundial de Mujeres (MMM). Participa en dos proyectos concretos de cooperación tecnológica entre movimientos populares brasileños y socios chinos.
