Ecuador: laboratorio hemisférico de securitización política – Por Decio Machado
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Decio Machado*
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reconfigurado de forma abrupta el tablero geopolítico global y, de manera descarnada, ha puesto en evidencia las debilidades estructurales del progresismo latinoamericano. Si durante la última década América Latina había ocupado un lugar relativamente secundario dentro de las prioridades estratégicas de Washington –eclipsada por la disputa sistémica con China, la guerra en Ucrania o las tensiones en Medio Oriente–, el segundo ciclo presidencial de Trump ha redefinido el papel y el rango de importancia del subcontinente dentro de la arquitectura de hegemonía estadounidense.
No como espacio de cooperación multilateral, ni como región con autonomía política relativa, sino como buffer geopolítico frente a potencias rivales, zona de control marítimo y corredor logístico estratégico que abarca el Caribe, el Canal de Panamá, el Pacífico latinoamericano y el Atlántico Sur. América Latina reaparece así como espacio de proyección militar, plataforma logística y territorio de contención estratégica.
En términos estrictamente geopolíticos, América Latina y el Caribe constituyen la zona de seguridad primaria y la esfera mínima indispensable de influencia que Estados Unidos considera necesaria para garantizar su seguridad, su expansión económica, su estabilidad interna y su capacidad de proyección de poder global.
La lógica que estructura esta renovada política exterior estadounidense resulta relativamente transparente: securitización del narcotráfico y de los flujos migratorios, proteccionismo económico combinado con geopolítica comercial, reafirmación de supremacía hemisférica, predisposición creciente a la coerción militar, intensificación de la competencia estratégica con China y reorganización de las áreas globales de influencia.
Bajo este enfoque, América Latina deja de ser percibida como un mosaico heterogéneo de procesos políticos nacionales y vuelve a ser tratada como un espacio geopolítico integrado dentro del perímetro de seguridad estadounidense.
Este cambio no es menor. Durante los años posteriores al fin de la Guerra Fría, la relación hemisférica atravesó diferentes etapas: desde los intentos fallidos de imponer el llamado Consenso de Washington –conjunto de políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos– hasta las oleadas de gobiernos progresistas que marcaron la primera década y media del presente siglo, seguidas por el giro conservador que se consolidó durante la segunda mitad de la década pasada.
Sin embargo, en ninguno de esos momentos se había articulado con tanta claridad una agenda de injerencia directa en la política interna de los países del subcontinente, acompañada de una estrategia regional de intervención coordinada desde Washington. Algo que, con distintos matices, no se observaba con semejante nitidez al menos desde los tiempos de la coordinación represiva hemisférica que caracterizó a la Operation Cóndor en los años setenta.
Sin embargo, esta redefinición estratégica de los ejes que pretenden ordenar la relación de Estados Unidos con los gobiernos latinoamericanos se produce en un momento particularmente frágil para la región. América Latina atraviesa simultáneamente un ciclo prolongado de estancamiento económico, deterioro institucional y expansión del crimen organizado transnacional. En ese contexto, la capacidad de los Estados para absorber presiones externas provenientes de Washington –y cada vez más de Mar-a-Lago– sin agravar sus propias tensiones internas se encuentra severamente limitada.
Ecuador: nueva centralidad hemisférica
En términos estrictamente funcionales, Ecuador ha adquirido una nueva centralidad hemisférica bajo la política exterior de la actual administración Trump. No se vuelve central por su peso estructural dentro de la región, sino por su utilidad estratégica dentro de la arquitectura de seguridad y control del Pacífico oriental.
En los últimos años el país ha pasado de ser un territorio de tránsito secundario a convertirse en el principal hub logístico del sistema transnacional de narcotráfico, consolidándose como uno de los nodos centrales de distribución de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
El fuerte énfasis del Departamento de Estado en el control de los flujos migratorios, el combate al narcotráfico y la contención de la expansión geoeconómica china convierte a Ecuador en una plataforma operativa potencial dentro de la nueva arquitectura de seguridad hemisférica estadounidense. Esto incluye cooperación militar, intercambio de inteligencia, control marítimo, vigilancia aérea y la eventual proyección de capacidades operativas en territorio ecuatoriano cuando las circunstancias táctico-estratégicas así lo requieran.
Por su parte, la presencia de China en Ecuador se consolidó desde mediados de la primera década del siglo XXI en cuatro ámbitos estructurales: financiamiento estatal, energía e infraestructura, minería y comercio-tecnología. En ese contexto, reposicionar a Ecuador dentro de la órbita geopolítica estadounidense implica cerrar uno de los puntos más relevantes de penetración geoeconómica china en el Pacífico sudamericano.
En definitiva, en un contexto en el que Estados Unidos ha transitado de una política centrada en la producción de cocaína y el combate a la insurgencia –como fue el caso del Plan Colombia– hacia otra orientada a la logística, el transporte y el reordenamiento ideológico y geopolítico del hemisferio occidental, Ecuador, con un gobierno políticamente alineado con Washington, se convierte en una pieza clave dentro de este nuevo teatro operativo para el control estratégico del corredor Panamá–Colombia–Ecuador. Un punto de fricción donde convergen rutas comerciales del Pacífico, expansión geoeconómica china, migración irregular, narcotráfico global y múltiples redes de crimen transnacional.
Ecuador: democracia restringida
Tras los débiles gobiernos post-correístas de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), que sumieron al país en una profunda crisis de gobernabilidad e inseguridad, la irrupción de Daniel Noboa como figura central del ecosistema político ecuatoriano representa la configuración de una nueva derecha alineada –con sus particularidades propias– al ciclo global de ascenso político del campo autoritario-reaccionario.
Quizás lo más perturbador del caso ecuatoriano sea la velocidad de su degradación interna. En menos de una década el país se empobreció con un incremento de entre ocho y diez puntos porcentuales en la pobreza por ingresos y pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a exhibir tasas de violencia propias de las regiones más conflictivas del planeta. Al cierre del último año Ecuador registraba 51 homicidios por cada 100.000 habitantes: la tasa más alta de la región y la quinta a escala global.
En ese contexto, apenas mes y medio después de su primera investidura, Daniel Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024, mediante el cual declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en Ecuador. A partir de ese momento se instala un modelo de mando de marcado carácter populista y demagógico que introduce después –de forma rápida y socialmente legitimada– una nueva narrativa y práctica política anclada en la noción de “guerra”.
Una vez convertida la guerra contra la delincuencia organizada en el eje estructurador del debate público –securitización de la política– se redefine el campo de lo político y se expanden gradualmente los límites de lo socialmente aceptable. Ecuador reproduce así un patrón histórico observable en sociedades sometidas durante largos periodos al miedo derivado de la inseguridad: Perú durante el conflicto con Sendero Luminoso, El Salvador en el ciclo de violencia pandillera, México en la guerra contra el narcotráfico o Colombia durante la era de los cárteles.
Los rasgos son conocidos: militarización de la seguridad interna, estados de excepción recurrentes, reconfiguración del contrato social –seguridad a cambio de obediencia política–, concentración de poder en el Ejecutivo, presidencialismo extremo, debilitamiento de los controles institucionales, erosión del sistema democrático, populismo penal, expansión del aparato de inteligencia estatal y redefinición del Estado hacia funciones predominantemente punitivas.
Pero el proceso no se detiene ahí. Si algo han demostrado los colapsos periódicos del sistema capitalista es que las crisis no solo producen desorden, sino que también abren ventanas de oportunidad para implementar reformas políticas y económicas que en condiciones normales encontrarían una fuerte resistencia social.
Aprovechando la conmoción colectiva generada por la escalada de violencia que atraviesa el país, la administración Noboa ha aplicado una estrategia de “doctrina del shock”, mediante la cual se han implementado políticas que durante años habían sido bloqueadas o frenadas por la movilización social –eliminación del subsidio al diésel, incremento del IVA, despidos masivos en el sector público, alza de tarifas energéticas o condonaciones tributarias favorables a grandes grupos económicos– ahora presentadas como parte de un paquete inevitable de medidas necesarias para enfrentar al crimen organizado.
En ese marco, la agenda económica ha quedado subsumida bajo la narrativa de la seguridad, desplazando el debate público y reduciendo significativamente la capacidad de contestación social frente a reformas de alto impacto distributivo.
Una vez instalada socialmente la tesis de que solo mediante medidas excepcionales –descarga sin moderación de la violencia estatal– es posible combatir a los enemigos que amenazan a la sociedad, la suspensión de derechos y el levantamiento de garantías constitucionales se presentan como condiciones necesarias para la supervivencia colectiva.
En otros términos, se instala el relato oficial de que el derecho no puede defenderse mediante el propio derecho, y que proteger el Estado de derecho frente al terror delincuencial exige violentar el propio orden jurídico. Bajo esa lógica, de a poco se va ampliando el proceso de “cierre democrático” (1), lo que es posicionado como condición necesaria para garantizar la seguridad, reducida esta última a la mera regulación coercitiva del orden público.
Este es, en última instancia, el núcleo de la disputa política que atraviesa hoy Ecuador: si Daniel Noboa, su gobierno y la constelación de poder económico y militar que lo respalda serán capaces o no de consolidar el proceso de cierre democrático –la clausura gradual de la competencia política y del pluralismo bajo un régimen que conserva formas democráticas– actualmente en marcha.
Un cierre democrático y la instalación progresiva de un esquema de “autoritarismo competitivo” (2) que difícilmente habría podido avanzar con la misma facilidad sin la cobertura política que brinda la administración Trump al gobierno ecuatoriano. El alineamiento estratégico entre ambos gobiernos explica en buena medida la notable ausencia de advertencias, cuestionamientos críticos o sanciones por parte de organismos internacionales frente a la creciente deriva autoritaria del régimen.
Pero además, esta asociación permite al gobierno ecuatoriano insertar la crisis de seguridad interna dentro de una narrativa de conflicto global. Las bandas criminales dejan de ser expresión del deterioro institucional, económico y social del país para convertirse en piezas de una amenaza transnacional que exige respuestas extraordinarias. Y las disidencias políticas internas dejan de ser simples opositores para transformarse, en el discurso oficial, en presuntos socios de redes globales que van desde Hezbollah, Hamas o los Hermanos Musulmanes, a lo que hasta ayer era definido como “narco-chavismo” venezolano.
Cuando los problemas se presentan como globales, resulta –lógico al menos dentro de esa narrativa– que las soluciones también lo sean, incluso si ello implica recurrir a mecanismos violentos o al margen de las reglas.
Así, la relación entre Noboa y Trump parece funcionar bajo una lógica bastante clara: uno ofrece respaldo político, narrativa geopolítica y arquitectura de seguridad; el otro aporta territorio, urgencia y una crisis lo suficientemente grave como para justificarlo todo.
En el lenguaje diplomático esto suele llamarse cooperación estratégica. En un lenguaje ligeramente menos ceremonial, podría describirse como una relación en la que cada actor obtiene exactamente lo que busca, aunque no necesariamente en el mismo lugar del tablero.
Ecuador: sociedad políticamente insurgente
En esta coyuntura de deterioro acelerado del ya de por sí deficiente sistema democrático ecuatoriano, el estado actual de la oposición política y social al gobierno de Daniel Noboa combina fragmentación institucional, debilitamiento organizativo y una reactivación parcial de la protesta social. El sistema opositor ecuatoriano no se encuentra completamente desarticulado, pero tampoco ha logrado hasta ahora estructurar un bloque político coherente y capaz de disputar la hegemonía al régimen.
En el plano estrictamente político, el correísmo –pese a seguir siendo la principal maquinaria electoral opositora– enfrenta actualmente cuatro problemas estructurales: aislamiento político dentro del sistema institucional, judicialización y presión permanente desde distintos órganos del Estado, ausencia de un relato político adaptado a las nuevas condiciones del país y desgaste acumulado tras más de una década de polarización intensa.
Por su parte, el espectro de la izquierda no correísta y de los partidos minoritarios continúa reproduciendo una dinámica históricamente conocida en la política ecuatoriana: dispersión organizativa, debilidad territorial y ausencia de un liderazgo articulador capaz de encarnar una alternativa política de escala nacional.
Sin embargo, esta debilidad en el plano partidista contrasta parcialmente con la capacidad de reactivación mostrada por la oposición social, cuyo actor central continúa siendo el movimiento indígena. Las movilizaciones sociales del año 2025 –especialmente aquellas desencadenadas tras la eliminación del subsidio al diésel– dejaron cientos de heridos y detenidos, sin lograr revertir las principales decisiones económicas del gobierno. Aun así, demostraron que, más allá de la creciente sofisticación y brutalidad del aparato represivo, así como de los mecanismos de criminalización de la disidencia, la protesta social continúa siendo una fuerza presente dentro de la vida política nacional.
El impacto político de esas movilizaciones se dejó sentir pocos meses después en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, impulsados por el propio gobierno como parte de un intento por reforzar el capital político del presidente Noboa. El resultado fue, sin embargo, un revés significativo para el oficialismo.
El gobierno presentó cuatro preguntas orientadas a convocar un nuevo proceso constituyente, permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de legisladores y eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. En todos los casos, las propuestas del Ejecutivo fueron rechazadas por el electorado.
El significado político de este resultado fue claro: una parte importante de la sociedad ecuatoriana dejó en evidencia que el apoyo al gobierno estaba condicionado a la obtención de resultados concretos en materia de seguridad y gestión pública, al tiempo que bloqueaba el intento oficialista de reconfigurar estructuralmente el sistema político en favor de una mayor concentración de poder presidencial.
El gobierno, sin embargo, pareció no extraer demasiadas conclusiones de aquel episodio. Por el contrario, su respuesta ha consistido en profundizar el proceso de cierre democrático en curso y endurecer el pulso con un tejido social que comienza lentamente a rearticularse.
El segundo mandato presidencial de Daniel Noboa cumplirá su primer año de gestión el próximo mes de mayo. Diversas organizaciones sociales –entre ellas la Ecuarunari, estructura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en la región andina, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin)– han planteado la posibilidad de impulsar un proceso de revocatoria del mandato presidencial.
Sin embargo, una iniciativa de este tipo enfrenta obstáculos considerables: un alto umbral de firmas requerido para activar el mecanismo, el control institucional de las instancias encargadas de administrarlo que han sido coptadas por el gobierno nacional y la fragmentación política de los actores que impulsan la iniciativa.
Así las cosas, el escenario político inmediato continúa favoreciendo al oficialismo. El eje central de legitimidad del gobierno sigue siendo la guerra contra el crimen organizado, reforzada mediante medidas como toques de queda, estados de excepción recurrentes y operaciones militares en zonas estratégicas del narcotráfico.
A esto se suma la creciente sofisticación de los mecanismos de control represivo sobre las movilizaciones sociales, el miedo generalizado que reduce la disposición ciudadana a confrontar al poder político y la fragmentación de una oposición dividida en tres bloques que, hasta ahora, no logran converger: correísmo, movimiento indígena e izquierda no correísta (incluidos partidos políticos con respaldo electoral marginal).
En contextos de inseguridad extrema, las sociedades tienden además a priorizar estabilidad y orden por encima de la confrontación política, lo que otorga a los gobiernos márgenes adicionales de maniobra.
Sin embargo, el problema central de la oposición ecuatoriana va más allá de su fragmentación organizativa, implica, además, su incapacidad para articular una propuesta política alternativa capaz de disputar el sentido común dominante. Sin una narrativa política renovada que ofrezca una visión creíble de país, sin la presencia “salvadora” de los Estados Unidos, difícilmente podrá movilizarse a una sociedad marcada por altos niveles de agotamiento anímico, frustración política y desconfianza institucional.
1. Cierre democrático versión ecuatoriana: captura judicial y del arbitraje electoral, mayoría parlamentaria que posibilita aprobación de leyes que concentran poder, debilitamiento del espacio cívico, criminalización y persecución política de la disidencia, polarización político-social instrumental y colonización del Estado por parte de una fracción de las élites.
2. El concepto “autoritarismo competitivo”, desarrollado por Steven Levitsky y Lucan Way en un artículo seminal de 2002 en Journal of Democracy y luego ampliado en su libro Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War (2010), designa regímenes donde existen instituciones democráticas formales que son ampliamente vistas como el principal medio para obtener y ejercer el poder político, pero donde el incumbente viola las reglas con tanta frecuencia y hasta tal punto que el régimen no cumple los estándares mínimos de democracia.
* Sociólogo, consultor político y cofundador de varios proyectos editoriales alternativos. Miembro de la Universidad Nómada del Sur y coordinador de sus seminarios de geopolítica crítica en América Latina.
