Eurodiputadxs visitan la Argentina con agenda discrecional y vía libre para el extractivismo
*Emilia Trabucco
La misión de eurodiputadxs en Argentina, en plena implementación del acuerdo Unión Europea–Mercosur, derivó en un episodio de escándalo diplomático. La agenda fue diseñada desde la embajada de la Unión Europea en el país solo con el oficialismo de Javier Milei, con exclusión del Parlamento del Mercosur, y demás instancias parlamentarias multipartidarias de la Argentina. La visita incluyó un viaje a Salta, con denuncias directas —desde la propia delegación— sobre el modelo extractivista que se busca consolidar.
La visita de una delegación del Parlamento Europeo a la Argentina se inscribe en una etapa específica del acuerdo UE–Mercosur, su implementación. En ese contexto, la agenda desarrollada en el país desde el 30 de marzo al 1 de abril, permite reconstruir con precisión los actores que intervienen, los territorios priorizados y las tensiones políticas que atraviesan el proceso.
La organización de la agenda expuso un primer nivel del problema. Las reuniones institucionales en el Congreso se estructuraron exclusivamente con interlocutores del oficialismo, sin participación de otros espacios políticos ni de la institucionalidad argentina y regional. Ese armado estuvo articulado desde la representación de la Unión Europea en el país. El embajador Erik Høeg intervino en la definición de los encuentros y en la orientación política de la visita, configurando una agenda cerrada en términos de actores y temas.
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La exclusión del Parlamento del Mercosur introdujo el conflicto en el plano diplomático. El parlamentario Gustavo Arrieta formalizó ese señalamiento en una carta dirigida al propio Høeg, donde advirtió la ausencia de cualquier instancia de encuentro con la “contraparte natural” del proceso de integración. La omisión adquiere relevancia porque desplaza al órgano parlamentario del bloque en una misión que tenía como objetivo declarado fortalecer ese vínculo. El episodio se inscribe así en un escenario de tensión institucional que excede lo protocolar.
La selección de Salta introduce el plano territorial del acuerdo. La provincia fue el único destino, además de Buenos Aires, y concentró una agenda orientada a minería, agroindustria e infraestructura logística. Los encuentros giraron en torno al posicionamiento estratégico de la provincia en el corredor bioceánico y a su potencial en recursos naturales. En ese marco, la visita operó como instancia de identificación de condiciones para la inversión en sectores vinculados a la extracción y exportación.
En ese mismo territorio emergieron los cuestionamientos más directos. La eurodiputada Manon Aubry, integrante del grupo La Izquierda, señaló que la delegación tenía prevista una visita a instalaciones vinculadas a la empresa francesa Eramet, actor central en la explotación de litio en la provincia. Ese acceso no se concretó. El recorrido se limitó a espacios de procesamiento, dejando por fuera los sitios de extracción. La restricción del acceso delimitó el alcance de la observación directa sobre las condiciones de producción.
“Lo que vi en Argentina es un escándalo”, sostuvo Aubry, quien definió el eje del problema en términos de “saqueo ecológico y social” vinculado a la explotación del litio. La relación con el acuerdo fue planteada sin mediaciones: “El acuerdo UE–Mercosur organiza este modelo”. La caracterización del esquema como “pillaje colonial” sintetiza una lectura que conecta la demanda europea de recursos estratégicos con las condiciones de explotación en territorio latinoamericano.
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Fuente: Instagram. @manonaubryfr
En paralelo, el plano político local se reconfigura. La Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados, presidida por Damián Arabia, ingresó en un proceso para volver a manos de la oposición. El desplazamiento se produce en el mismo momento en que se desarrolla la visita y en un contexto atravesado por cuestionamientos a la agenda construida por la delegación europea. La secuencia articula el conflicto diplomático con una disputa institucional concreta.
En ese marco se inscriben las reuniones impulsadas por el diputado del Mercosur por Unión por la Patria, Franco Metaza, con eurodiputadas de bloques críticos al acuerdo. Manon Aubry y Saskia Bricmont, del bloque de Los Verdes/Alianza Libre Europea, que también mantuvieron encuentros con diputadxs de Unión por la Patria, que votaron rechazando el acuerdo. Estas reuniones se desarrollaron por fuera de la agenda oficial, en un contexto de manejo discrecional de la visita.
En síntesis, la agenda se organizó desde la representación europea en el país, se estructuró sólo en torno a interlocutores del gobierno nacional, se orientó hacia territorios identificados para el saqueo de recursos estratégicos y dejó por fuera instancias institucionales que forman parte del propio proceso de integración regional. En ese esquema, el embajador Erik Høeg ocupó un lugar activo en la articulación política de la visita, y las irregularidades parecen haber tenido el visto bueno del canciller Pablo Quirno.
La diplomacia europea, crítica y opositora del modus operandi del trumpismo, parece actuar de la misma manera, o de forma aún más escandalosa, en latitudes latinoamericanas. El Parlamento y la Comisión Europea deberían prestar más atención al accionar discrecional de sus misiones diplomáticas en los países que integran el Mercosur, en un contexto marcado por la puesta en marcha de grandes acuerdos comerciales, donde las inversiones europeas no pueden ni deben promover prácticas productivas asentadas en la explotación laboral y la destrucción del medioambiente.
En ese marco, la visita deja al descubierto algo más que desajustes protocolares o tensiones coyunturales. La implementación del acuerdo UE–Mercosur avanza con una lógica de intervención que combina diplomacia selectiva, alineamiento con gobiernos afines y focalización en territorios estratégicos para la extracción de recursos.
Lo que se configura es una forma concreta de relación entre Europa y América Latina y el Caribe donde la negociación política y la proyección económica se apoyan en estructuras profundamente desiguales. Allí el conflicto aparece como parte constitutiva del proceso, porque define quiénes intervienen, quiénes son desplazados y bajo qué condiciones se organiza el vínculo entre ambos bloques. La diplomacia parece subordinarse así a la conocida dinámica de virreinato colonial.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
