Argentina | Puerto De Quequén, una piedra en el zapato del gobierno de la provincia de Buenos Aires – Por Fernando Riza
Puerto De Quequén, una piedra en el zapato del gobierno de la provincia de Buenos Aires
Por Fernando Rizza
El Puerto de Quequén ha iniciado el 2026 bajo un éxito rotundo si lo miramos con los lentes del agronegocio. Las cifras oficiales celebran un cierre de 2025 histórico, con 9.009.768 Tn operadas, lo que representa el 7% de las exportaciones de granos de la República Argentina y el 1% de las exportaciones en buque del mundo. Sin embargo, este volumen récord actúa como un velo que oculta una realidad estructuralmente frágil y dependiente. Detrás de los buques de gran calado se esconde una crisis sistémica, una gobernanza interina al servicio de las cerealeras y la necesidad de un debate profundo sobre quién se queda con la renta de uno de los nodos logísticos más importantes del país. Es menester pensar cuál debe ser el rol del gobierno provincial y, sobre todo, a dónde apunta el desarrollo nacional si se preserva el actual modelo agroexportador. Hoy, a más de 100 años de su creación, el puerto sigue estando en el centro del debate político sobre la disputa entre la soberanía y la “realidad” del mercado. En este artículo intentaremos presentar la importancia que tiene este puerto en un marco que, por un lado, tiene una nueva oleada neoliberal y antipopular con el gobierno argentino de Javier Milei como protagonista y por el otro, una falta de programa político del peronismo. Esto hace que la recuperación del puerto parezca una utopía que se posiciona cada vez más lejos, pero la resistencia popular ya está en marcha.
Soberanía en juego: puertos y ríos al servicio del poder
En el sur de la Provincia de Buenos Aires (PBA) otro puerto de gran envergadura es el de Bahía Blanca. En el año 2021, se vencía la concesión de Cargill, en este puerto que al igual que el de Quequén, era de la antigua Junta Nacional de Granos[1]. Federico Susbiele, actual intendente de Bahía Blanca, por aquel entonces presidente del consorcio de gestión del puerto de Bahía, argumentando que Cargill era un aliado estratégico del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, le concedió una ampliación de la concesión por 20 años. Es decir, Cargill administrará este puerto hasta el año 2041 teniendo total autonomía, y a cambio realizará una inversión de más de USD 38 millones, que en definitiva es para beneficio propio.
El Puerto Quequén, es el más profundo de nuestro país, alcanzando más de 46 pies en su cercana desembocadura al mar (1500 metros de distancia de los elevadores), esto lo convierte en el puerto con la salida al mar más rápido de la República Argentina. De esta manera, es favorable la entrada de grandes buques que pueden transportar hasta 80.000 Tn de granos. En este sentido Quequén presenta ventajas en relación a los puertos apostados sobre el Río Paraná. Un gran documental recientemente estrenado del cineasta argentino Andrés Cedrón, Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná (inspirado en el libro homónimo del dirigente político y escritor argentino Luciano Orellano), retrata la importancia y los negocios detrás del dragado del Río Paraná, que está en proceso de licitación en este momento. Para la entrada de buques de gran porte, se pretende llegar a los 44 pies. Como muestra el documental, esta obra además de generar negocios para las mismas empresas, ya que podrán cargar más toneladas por barco, provocará un ecocidio sin precedentes en nuestro río, pero también muestra la lucha del pueblo por la soberanía.
El puerto Quequén cuenta con 3 terminales o elevadores para la exportación de granos y la importación de fertilizantes líquidos y sólidos. Como dijimos anteriormente, las decisiones fundamentales acerca de quién y cómo opera cada terminal, las define el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto. El consorcio cuenta con 9 directores, de los cuales 5 son de entidades privadas, 2 de organismos públicos (uno provincial y otro municipal) y 2 de asociaciones sindicales.
La terminal que está en el debate público actualmente es la terminal que opera Terminal Quequén S. A. La concesión venció a fines del 2022 y hasta el 2025 se extendió la prórroga por períodos de un año. Días antes de asumir como diputada nacional, Jimena López que era en ese entonces la directora del consorcio, anunció la prórroga por seis meses más, es decir, que en mayo de este año vence nuevamente la concesión de dicha empresa.
Además de la antes mencionada, una segunda terminal es controlada por ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), y lleva 40 años de concesión. Y finalmente está la terminal que opera Sitio Cero de Quequén S.A. Es la última terminal que se construyó, comenzando sus obras en el año 2014, y luego de una inversión de más de 100 millones de dólares en el 2016 comenzó a funcionar con una concesión por 45 años. A esta empresa la integran Cofco, Lartirigoyen y E-Grain, entre otras empresas transnacionales.
Resistencia popular a la entrega del puerto Quequén
Tenemos que decir que, a partir de lo exportado en el año 2025, la firma Terminal Quequén Sociedad Anónima, ha tenido una ganancia total de aproximadamente USD 300 millones, que la provincia no percibe al no tener el control administrativo. Este beneficio se concentra en los grandes grupos agroexportadores y nada en el Estado provincial. Desde el 2022 hay un intenso debate sobre el control del puerto, no se trata sólo de la administración sino de cuál es la política que se tiene en la PBA sobre la soberanía de los puertos, el agronegocio y la producción. La Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto de Quequén-Necochea, conducida por Mario Dahul, Miguel Ángel Bayon y Pablo Casal, quienes han hecho grandes aportes para este artículo, ha planteado desde hace varios años la necesidad de recuperar una de las tres terminales cuya concesión venció el 30 de noviembre del año 2022. La propuesta de la Asamblea es crear una sociedad del Estado en manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder comercializar los productos de nuestra tierra, participar en el comercio exterior de granos y competir como empresa pública en el mercado internacional de cereales y granos.
Espejismo de los récords y dominio de las Transnacionales
La operatividad de Quequén no es una construcción colectiva ni soberana, sino que responde a un esquema altamente concentrado, que posibilitó un proceso de saqueo en beneficio del agronegocio durante décadas.
Esta estructura asegura que la soja (26,7%) y el maíz (22,6%) fluyan rápidamente hacia destinos como China (31% de los embarques) y el Sudeste Asiático, pero refuerza el carácter extractivista del puerto: Quequén funciona como un eficiente embudo de materias primas que se exportan sin procesar.
La encrucijada del gobierno de la provincia
El puerto viene sosteniendo conducciones al servicio de los intereses de las cerealeras y el agronegocio. Luego de la salida de Jimena López como directora del Consorcio, por su asunción como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, asumió Mariano Carrillo (interinato) como aliado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, reflejando la dificultad de consolidar un liderazgo que trascienda la coyuntura política. Carrillo es un representante de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que responde en principio al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Asumió con la extensión de seis meses para la licitación de la concesión de la terminal. El debate impulsado por la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, fue uno de los factores que permitieron las prórrogas de las definiciones. Dicha organización propone la creación de una Junta de Granos bajo la forma de Sociedad del Estado Provincial. La Asamblea argumenta que el Estado debe recuperar el control de terminales clave para funcionar como una empresa testigo.
La propuesta nacional y popular de la Asamblea ha generado resistencia del modelo actual. Los sectores del Consorcio y los exportadores advierten que una estatización podría burocratizar el puerto y alejar las inversiones necesarias para el dragado de profundización, una obra crítica que hoy depende del flujo de cánones privados. Incluso las sociedades rurales de 16 partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, se han manifestado en contra del gobernador Axel Kicillof, firmando un documento y alegando que la gestión de Kicillof quiere crear una junta de granos provincial.
Hacia un Modelo Humano y Soberano
La realidad de Puerto Quequén en 2026 no se puede leer solo en una hoja de cálculo. La propuesta de una Junta Provincial de Granos pone sobre la mesa preguntas incómodas pero necesarias para un programa acorde a las necesidades de la sociedad: ¿Es posible un desarrollo portuario que no sea meramente colonial? ¿podemos desarrollar empresas estatales que logren rentabilidad? El desafío no es mantener el calado para que entren los barcos, sino profundizar el debate sobre el modelo de desarrollo para que las decisiones sobre el territorio dejen de tomarse en las oficinas de Viterra, Cargill o Cofco y comiencen a tomarse en función de la justicia social y la soberanía nacional. El éxito de Quequén no debería medirse en toneladas, sino en la calidad de vida de la gente que vive a la sombra de sus silos. Para todo esto, es necesario contar con líderes que tengan mucho coraje y un programa político acorde para construir otro modelo y otro Estado más humano, más social y más ambiental. Este artículo pretende dar la discusión sobre la forma en la que pensamos las soluciones a los problemas concretos y contribuimos a destruir las bases políticas y culturales del neoliberalismo.
Santiago Burrone
Ing. Agrónomo
Administrador general del IMDEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, MUNICIPIO DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
[1]- La Junta Nacional de Granos (JNG) fue un organismo público argentino descentralizado, activo entre 1933 y 1991 (liquidado definitivamente en 1995), que intervino fuertemente en la regulación del mercado agropecuario. Compraba granos como trigo, lino y maíz a precios básicos y los vendía a exportadores para estabilizar el mercado interno.
