Chile | El Gobierno impulsa modificaciones a proyecto de ley para obligar a instituciones educativas y sanitarias informar sobre migrantes irregulares
Gobierno propone obligar a entidades de salud y educación a reportar migrantes irregulares
Durante una sesión legislativa para revisar el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas -actualmente en segundo trámite-, el Gobierno presentó una indicación que obliga a instituciones de salud, previsionales o de educación a informar a las autoridades sobre migrantes irregulares.
El Servicio Nacional de Migraciones y la PDI concretaron la expulsión de un ciudadano extranjero con orden de captura internacional y 13 causas penales en Chile, que había ingresado al país con documentación falsa. Seguimos trabajando por la seguridad de las familias chilenas.… pic.twitter.com/UiJZ7pd1L3
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 13, 2026
De acuerdo con La Segunda, la indicación fue ingresada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), la semana pasada, y reza: «Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran».
Dichos antecedentes incluyen «el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación», agrega la norma que Pavez presentó junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN), en la comisión de Gobierno del Senado.
Según el Ejecutivo, lo que se busca es aprovechar todo tipo de contactos que migrantes irregulares tengan con el Estado al ir en búsqueda de beneficios sociales, para identificarlos y proceder a expulsarlos.
Fonasa, Isapres, colegios, jardines, hospitales y consultorios
De este modo, la obligación de informar sería para Fonasa, Isapres, AFP y colegios, además de recintos de salud como hospitales y consultorios; y jardines infantiles al ser el «primer nivel del sistema educativo», según confirmó el senador RN Andrés Longton.
«Esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos: se puede detectar qué migrantes ilegales que no tienen RUT están ejerciendo alguna labor prohibida por la ley, sancionar con multas a los empleadores y migrantes y, lo más relevante: poder acelerar procesos de expulsión y disuadir de conductas que son ilícitas, pero que están normalizadas sin fiscalización», explicó el parlamentario al citado medio.
«Por otro lado, (esta normativa también sirve) para ver la saturación en el sistema de salud, que ya está atendiendo 553 mil migrantes que no ponen ni un peso al Estado, que se ve desbordado ante un abuso de éste», añadió, basándose en datos de 2024 sobre los extranjeros ingresados en el seguro público que no cotizan.
Respecto a cómo funcionaría la norma, Longton afirmó que las entidades deberán presentar la información «a requerimiento de la autoridad administrativa migratoria», es decir, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
De todos modos, el texto de la indicación señala que la información estará «sujeta a reserva» y deberá utilizarse «exclusivamente para fines migratorios específicos», en conformidad con las normas sobre datos personales.
Kast se reunió con alcaldes de oposición en La Moneda
El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles una reunión estratégica en el Palacio de La Moneda con alcaldes de la oposición, destinada a coordinar agendas de seguridad e inversión local.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, sostiene un encuentro con cerca de 100 alcaldes para abordar coordinación, necesidades comunales y trabajo conjunto con los municipios. 🇨🇱 pic.twitter.com/tLyPJALzef
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A la cita asistieron figuras como Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal), Miguel Concha (Peñalolén), Claudia Pizarro (La Pintana) y Mauro Tamayo (Cerro Navia). Sin embargo, la ausencia de otros jefes comunales, como Matías Toledo (Puente Alto) —quien dijo no haber sido convocado—, obligó al Mandatario a ofrecer disculpas públicas al inicio de la mesa de trabajo.
Durante el encuentro, el Jefe de Estado abordó las críticas previas del bloque opositor, haciendo alusión a la reciente manifestación donde los alcaldes llegaron a La Moneda con un ataúd para protestar contra los recortes presupuestarios en salud. «Tengo las dos cartas que me hicieron llegar, la del 26 de marzo y la del 11 de mayo. Agradezco el cómo se plantea la carta, cuando se dice la disposición a colaborar y la responsabilidad compartida. Sí, tenemos una responsabilidad compartida y hay muchos puntos de encuentro», señaló el Presidente.
Kast aprovechó la instancia para subrayar que la estabilidad del país es requisito para la protección social, señalando que «la crisis no la pueden pagar los que tienen menos, pero para que no lo paguen los que tienen menos al país le tiene que ir bien».
En materia sanitaria, en tanto, hizo un guiño a las demandas locales: «Los temas de salud para nosotros también son un dolor y tenemos que buscar cómo optimizamos de la mejor manera las atenciones para las personas más vulnerables».
