Ecuador | Organizaciones sociales, sindicales e indígenas formalizan respaldo al proceso de revocatoria del mandato del presidente Noboa
Toque de queda y revocatoria: vuelve el fantasma de la desestabilización
La oposición correísta y la vinculada a Leonidas Iza ha iniciado el calentamiento de las calles para la revocatoria del mandato del presidente Noboa. Para el gobierno se trata de un acto deliberado de desestabilización, atizado por políticos vinculados al crimen organizado. Una nueva etapa de polarización se abre, mientras los pocos resultados de la larga guerra interna causan más resquemores en una población a la que se le exige cada vez mayor sacrificio.
a tradicional marcha por el Primero de Mayo suele ser un termómetro de la política en una coyuntura determinada. Esta última reunió la más grande movilización en lo que va del gobierno de Daniel Noboa, cuando en las más de 22 cuadras que unen el edificio de la antigua Caja del Seguro (IESS) en el parque El Ejido, con la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de Quito unas 30 mil personas marcharon durante dos horas para cubrir esa distancia.
Nuestro mensaje por el #1DeMayo, día que reivindica el trabajo de la clase obrera del campo y la ciudad, explotada por las élites y los ricos del país. Nuestra tarea es mantener la dignidad y la movilización en el Ecuador frente a las políticas neoliberales que impulsa el… pic.twitter.com/AJcPO5Yb2I
— Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) May 1, 2026
La movilización fue protagonizada por las tradicionales centrales sindicales afiliadas al FUT, porque es una marcha obrera, pero también ocuparon un amplio espacio los movimientos ecologistas, indígenas, universitarios, artistas, la gran mayoría integrada por jóvenes. El grito unificado era el de ¡Fuera Noboa, fuera!, como lo ha sido con los indistintos presidentes que reciben el rechazo de los movimientos sociales.
Pero hubo un detalle adicional, la marcha fue cerrada por militantes del movimiento RC5, de la Revolución Ciudadana; unas mil personas que acompañaron al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, la mayoría ataviada con camisetas alusivas a la revocatoria del mandato al presidente Noboa. Días antes, voceros de ese partido —el más grande opositor del país y que fue eliminado temporalmente del registro electoral para las elecciones del 29 de agosto— habían anunciado el proceso de recolección de firmas para tal efecto.
¡El pueblo no aguanta más! ✊🏽
Hoy, #1DeMayo, el campo y la ciudad nos unimos en las calles contra el alto costo de la vida y el modelo neoliberal.
Por empleo digno y defensa de los territorios. ¡Organización, unidad y resistencia! 🇪🇨
Galería 👇🏾 https://t.co/ip50MaDd7Y#CONAIE pic.twitter.com/psWbIKVs8X— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 1, 2026
Para distintos analistas de la política, la marcha del 1 de Mayo era el arranque de este proceso de revocatoria, que legalmente debería iniciar el 24 de Mayo, fecha patria en la que el presidente Noboa cumple el primero de un mandato de cuatro años, que arrancó el 24 de Mayo del 2025. Noboa había cumplido un mandato anterior de transición, desde el 23 de noviembre del 2023, luego de las elecciones presidenciales y legislativas para terminar el periodo trunco de Guillermo Lasso. La Constitución permite el proceso de revocatoria luego de un año en funciones de toda autoridad de elección popular, bajo claros requisitos. El primero es que se debe presentar al CNE las firmas y números de cédula del 15% del padrón electoral, en el caso del Presidente, y el 10% en los demás casos. Para el más reciente evento electoral, la consulta popular y referendo del 16 de noviembre del 2025, estuvieron habilitados 7,9 millones de electores. Por el ritmo del crecimiento del padrón, hay que decir que los auspiciantes de la revocatoria deberán recoger más de 1,2 millones de firmas.
El más reciente análisis «político-estratégico» del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral, OCSI, ha alertado al respecto que «los actuales líderes políticos de izquierda y de las organizaciones sociales afines se encuentran en las fases pre-política y pre-jurídica de articulación, movilización y acumulación de condiciones para el proceso de revocatoria de mandato, aprovechando las debilidades, errores, fallas y corrupción en cada una de las carteras de Estado; fundamentalmente en las áreas de salud, energía, hidrocarburos, minería, educación, a más de los bajos resultados en seguridad. Esta situación debe ser atendida prioritariamente y con la celeridad del caso por el Gobierno Nacional, a fin de contrarrestar este escenario adverso».
«la resistencia ya empezó; ahora más que nunca, respetando nuestras diferencias políticas e ideológicas, incluso económicas, necesitamos construir esa gran unidad para enfrentar este Gobierno»: Leonidas Iza.
El líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari y ex presidente de la Conaie, dijo luego de la marcha del Primero de Mayo, que «la resistencia ya empezó; es la continuidad de las acciones que tengamos que hacer con las diferentes organizaciones, ahora más que nunca, respetando nuestras diferencias políticas e ideológicas, incluso económicas, necesitamos construir esa gran unidad para enfrentar este Gobierno (…). Hay un proceso establecido (para la revocatoria del mandato). El Consejo de Gobierno de la Ecuarunari resolvió en su octavo congreso avanzar en una convocatoria amplia, con diferentes sectores, a la revocatoria del mandato». Iza mencionó varias causales, como incumplimiento del plan de gobierno de Noboa por alzar el precio de los combustibles; adicionó la entrega de concesiones mineras en amplios territorios sin consulta ni consentimiento previo de las comunidades, como ordena la constitución, y por último, dijo, ha entregado la soberanía nacional.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, citada como fuente en el documento educativo del Instituto de la Democracia, del Consejo Nacional Electoral, para la revocatoria del mandato de cualquiera de las dignidades, las causales solo pueden ser: Incumplimiento de plan de trabajo (propuestas, planes y programas que la autoridad se comprometió a ejecutar en caso de ser electa y que adjuntó a la ficha de inscripción de su candidatura); incumplimiento de disposiciones legales relativas a la participación ciudadana (impedir o limitar la participación ciudadana en asambleas, cabildos, rendición de cuentas, silla vacía, etc.) y; incumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular (dichas funciones y obligaciones se encuentran en la Constitución 2008, en el Código de la Democracia, en el COOTAD y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa). El CNE tiene la obligación de entregar los formularios para la recolección de firmas, a solicitud de uno o varios sujetos políticos o personas.
Documento informativo sobre la revocatoria del mandato. VER PDF
Si bien el correísmo y Leonidas Iza-Ecuarunari han hablado de un frente amplio para llevar adelante este proceso, no ha precisado con quiénes y cómo, tomando en cuenta que las alianzas políticas deben priorizar las inminentes elecciones seccionales del 29 de noviembre. En estas, RC5 no participará como tal y Pachakutik, el brazo político de la Conaie y sus filiales, transita ahora por una división provocada en buena medida por disputas internas en la Conaie y la acción del gobierno nacional para captar apoyo de las comunidades en la Sierra, donde es fuerte esta organización, a través de recursos agrícolas y créditos, lo cual también desmoviliza a las comunidades, como han denunciado dirigentes locales.
Por ahora, pocas organizaciones han recogido los llamados a un frente amplio, más aún cuando Iza plantea, en un baño de realidad, que el proceso de revocatoria del mandato estará controlado con el Consejo Electoral, entidad que verificará la legitimidad de las firmas recogidas; un obstáculo que según los convocantes puede ser saboteado por el mismo CNE, que hasta ahora ha dado señales de falta de neutralidad en favor de intereses políticos y electorales del Ejecutivo y el movimiento oficialista. La propuesta de Iza va más allá: hacia una unidad política que se catapulte en el proceso de revocatoria y provoque al gobierno constituido un estado de desestabilización desde las calles.
Sin embargo, fue la propia Conaie a través de su presidente Marlon Vargas, la que primero se bajó de la camioneta de la revocatoria. A fines de abril Vargas dijo que no existe un mandato de sus bases para participar en un proceso revocatorio del mandato de Noboa. Es una resolución colectiva que no se ha tomado dentro de la organización, dijo. La primera reacción sobre estas declaraciones señalaron al dirigente indígena como aliado del gobierno, lo cual negó, aunque dijo que la revocatoria «es inviable en el contexto actual de nula inconstitucionalidad y limitadas condiciones democráticas; no resuelve la vida de la gente». En la marcha del Primero de Mayo, Leonidas Iza llamó a la dirigencia de la Conaie a «escuchar a todas las regionales y planifiquemos una estrategia. No podemos estar aquí con interpretaciones individuales, sino simplemente unificar. Nosotros tenemos un mandato, la Conaie tiene un mandato, esta gobierna las tres regionales y debe respetar los criterios divergentes» (sic).
Ese fue el colofón de un hecho que llamó la atención sobre la postura de Vargas. El 23 de abril, el abogado Washington Andrade, vinculado al correísmo y promotor de la plataforma política para la revocatoria, había solicitado a la Conaie en nombre de varias organizaciones sociales, el uso de las instalaciones de para una asamblea donde se realizaría el lanzamiento del proceso revocatorio. Vargas aceptó de inmediato, pero al siguiente día se excuso en otra carta oficial argumentando que el salón de actos no tenía las condiciones de uso para este fin. El evento terminó por realizarse en la sede de la Fenocin, que sí apoya la revocatoria, a lo cual se sumó el Frente Popular, vinculado políticamente al movimiento Unidad Popular.
El OCSI, precisamente admite esta situación al señalar que «el Gobierno Nacional enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad política, institucional y operativa, caracterizado por la convergencia de factores críticos como el desgaste de la legitimidad gubernamental, la configuración de un entorno de desestabilización política y las limitaciones estructurales del aparato estatal, especialmente en materia de seguridad e inteligencia». Y advierte que de no adoptarse medidas correctivas inmediatas, «el país podría evolucionar hacia una crisis multidimensional con impactos significativos en la estabilidad institucional, inversión y cohesión social».
Voceros del gobierno han coincidido en minimizar los anuncios y han señalado que se trata de instalar «una narrativa» que a pretexto del derecho constitucional de la revocatoria junte en un proceso desestabilizador a los que el gobierno considera como políticos vinculados con el crimen organizado, y que buscan acabar con el gobierno debido a su política de seguridad y sus acuerdos militares con Estados Unidos.
La inseguridad y el contexto de una crisis institucional
Los «factores críticos» para el Gobierno que señala el Observatorio de la Seguridad tienen que ver, precisamente, con los resultados de la lucha contra el crimen organizado, la seguridad ciudadana y la violencia criminal.
De acuerdo al organismo, que se conforma con analistas y estrategas vinculados a las fuerzas armadas, la «falta de resultados tangibles del Conflicto Armado Interno, CANI, no ha permitido un impacto efectivo en la seguridad ciudadana». El CANI, dicen los expertos «en su liderazgo y gestión no se ha apoyado en el principal organismo competente del Estado, en el área de Seguridad Nacional, lo que ha incidido en los reducidos resultados exigidos y esperados por la sociedad». Se refieren al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, que ha sido convocado en muy pocas ocasiones. Señalan también que «las deficiencias evidenciadas en el liderazgo, entrenamiento, reducida mística militar, inadecuada doctrina de empleo y escasos o nulos conocimientos sobre el proceso legal de la cadena de custodia, en los diferentes niveles de las estructuras de las instituciones que conforman el Bloque de Seguridad, no ha permitido alcanzar los niveles adecuados para reducir y neutralizar las amenazas que afectan a la sociedad ecuatoriana».
La percepción de la ciudadanía sobre el éxito alcanzado en el Conflicto Armado Interno, es muy baja y decepcionante, señala el OCSI, en función de que el impacto del crimen organizado y de la delincuencia continúa, afectando a la mayoría de la sociedad. El sector productivo del país, en lo referente a sus inversiones, negocios y actividades productivas se ve afectado cada vez mas, hecho que incide directamente en la clase trabajadora y de menos recursos que necesitan de fuentes de empleo y de trabajo, señala el Observatorio.
Una señal son las protestas, reclamos y peticiones que se han dado en provincias como Pichincha, en el marco del nuevo estado de excepción decretado por el presidente Noboa y que incluye toque de queda, desde el lunes 4 de mayo, de 23H00 a 05H00, en nueve provincias por quince días. La logística y operación de las actividades como el transporte de carga y pasajeros, horarios de inicio de clases, horarios de trabajo nocturno, recolección de basura, entre otros se han visto alterados en las decenas de ciudades que se afectan por el toque de queda. El gobierno se ha negado a aceptar esas peticiones argumentando que se trata de afectar la economía del crimen organizado.
En los 60 días posteriores, con el toque de queda y estado de excepción —con más fuerza pública en la calle— sucedieron 774 homicidios, precisó carolina Mella, que se traduce en 13 asesinatos por día. Casi lo mismo que sin toque de queda.
Este es el séptimo toque de queda en dos años. La corresponsal del diario español El País, en Ecuador, Carolina Mella, hizo un sus cuentas en redes sociales una relación entre el número de días que varias provincias han vivido en toque de queda y la situación de la violencia criminal. La razón oficial para impedir que todos los ciudadanos y el país se paralice 267 días de toque de queda en dos años. Puso como ejemplo el toque de queda por 60 días que inició en Guayas el 12 de abril del 2025, una provincia en estado de excepción casi permanente y con el más alto nivel de violencia criminal de América Latina. Hasta el 12 de abril de ese año habían ocurrido 1390 homicidios, «es decir, que cada día asesinaban en esta provincia a 13.6 personas». En los 60 días posteriores, con el toque de queda y estado de excepción —con más fuerza pública en la calle— sucedieron 774 homicidios, precisó Mella, que se traduce en 13 asesinatos por día. Casi lo mismo. En la provincia de Los Ríos los números tampoco cambiaron: 3,3 asesinatos por día, antes y durante el toque de queda. Lo mismo pasó en la provincia amazónica de Sucumbíos, en Orellana los números empeoraron porque se pasó de un asesinato cada tres días a uno cada dos días durante el toque de queda. En el 2024 hubo tres toques de queda «y no funcionaron, porque el 2025 terminó siendo el año más violento del historia» del país. A la luz de estos resultados, y a las puertas del segundo toque de queda del 2026 la periodista se preguntó si en realidad los toques de queda están ayudando a combatir la inseguridad «¿o lo que están haciendo es hacernos vivir con miedo?
El gobierno ha señalado que en el primer toque de queda de este año, la tasa de asesinatos cayó al 28% en las cuatro provincias de la Costa involucradas. Ahora el toque de queda se ha extendido a 9 provincias, entre estas Pichincha.
Para el Observatorio hay una explicación: «El Bloque de Seguridad del Ecuador acusa ciertas deficiencias en su accionar, sea estructural, falta de medios, capacidades reducidas, nula coordinación interinstitucional con las otras instituciones del Estado y débil liderazgo profesional en todos los niveles de mando, lo que incide directamente en la efectividad del cumplimiento de las operaciones en contra de las amenazas de la sociedad ecuatoriana».
Para los expertos citados, el sistema de inteligencia nacional y los de las instituciones del Bloque de Seguridad, no han permitido alcanzar resultados óptimos y esperados en el Conflicto Armado Interno, «situación que obliga a que este sistema y sus subsistemas sean fortalecidos, reestructurados, equipados, para lograr la efectividad en todas las operaciones de neutralización y eliminación ejecutadas».
La critica se refiera a una presunta «ineficiencia administrativa y operativa en los diferentes sectores estratégicos, (lo cual) se debe a permanentes actos de corrupción e inoperancia del nivel directivo y operativo de estas instituciones, situación que ha incidido negativamente en la percepción de la sociedad con respeto a la administración de los recursos y riquezas del Estado. Lo que afecta directamente a la estabilidad política, a la buena imagen del Gobierno y la imagen internacional del país».
