Un año de proscripción y revanchismo en la Argentina -Por Anabel Fernández Sagasti

Un año de proscripción y revanchismo en la Argentina

*Por Anabel Fernández Sagasti

Se cumple un año de un grave quiebre institucional en nuestra democracia. Un año desde que los poderes fácticos, utilizando como brazo ejecutor a una camarilla judicial corporativa, consumaron la injusta detención de la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 

Quienes pretenden camuflar este acto de absoluto revanchismo político bajo el ropaje de un proceso judicial ordinario hoy se chocan de frente con la realidad: a Cristina no la detuvieron por una causa jurídica; la privaron de su libertad para intentar proscribir al principal movimiento de oposición de nuestro país y disciplinar a toda la dirigencia popular. 

Como militante, como peronista y como abogada, me gusta hablar claro. Este año de cautiverio ilegal no ha hecho más que ratificar que la persecución político-mediático-judicial —eso que llamamos Lawfare— no busca justicia, sino la destrucción de un modelo alternativo de país y la demolición de las garantías constitucionales básicas.

Es en ese laboratorio de Comodoro Py donde se ejecutó la farsa de la llamada «Causa Vialidad», una tecnología de persecución que se cae a pedazos ante cualquier análisis técnico superficial. El primer vicio de nulidad absoluta es la flagrante violación del principio de Non Bis In Idem, una garantía constitucional elemental que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho. El expediente demuestra que 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido minuciosamente analizadas por la justicia federal y por los tribunales de Santa Cruz, concluyendo en archivos por inexistencia de delito o sobreseimientos firmes. Esa cosa juzgada se reabrió de manera mágica por pura necesidad política. Lo lograron mediante un descarado fórum shopping y una promiscuidad judicial escandalosa, donde vimos fotos del fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri mientras llevaban adelante el juicio, al mismo tiempo que los jueces de Casación encargados de confirmar la condena, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaban asiduamente la Quinta de Olivos para jugar al tenis y al paddle con el entonces presidente. A pesar de las recusaciones planteadas por obvia parcialidad, el club de amigos del poder real las rechazó todas.

Semejante andamiaje arbitrario sirvió para consagrar la aberración dogmática del Derecho Penal de Autor, donde a Cristina no se la condenó por hechos probados, sino por lo que representa y por lo que es. El argumento central de la acusación se estructuró bajo la premisa de que ella «no podía no saber», una falacia jurídica incompatible con un Estado de Derecho donde la responsabilidad penal debe ser de acto y exigir certezas concretas, nunca percepciones jerárquicas. 

La inconsistencia probatoria quedó expuesta a lo largo de tres años y 117 audiencias públicas: declararon 114 testigos y ninguno de ellos afirmó haber recibido una orden de Cristina para beneficiar a nadie, como tampoco nadie pudo probar que las rutas no se construyeron o que existieran sobreprecios. Ante el vacío absoluto de pruebas, el tribunal optó por violar el derecho a la defensa denegando más del 80% de las pruebas ofrecidas por la defensa y recortando caprichosamente la pericia técnica a solo 5 de las 51 obras, elegidas a dedo por la acusación. Todo fue una burda puesta en escena para convalidar una sentencia que ya estaba escrita en los titulares de los diarios hegemónicos.

La verdadera perversión de este esquema judicial queda al descubierto cuando contrastamos el ensañamiento procesal contra la ex-Presidenta con los datos oficiales de cómo la Justicia Federal administra las prisiones en el país. En la Argentina existen más de 2.500 personas cumpliendo prisión domiciliaria por toda clase de delitos federales. Sin embargo, de todos ellos, Cristina Fernández de Kirchner padece las peores condiciones de detención de todo el país. Los datos oficiales que obtuvimos del propio Consejo de la Magistratura, yo como reza el dicho, para muestra basta un botón: mientras a los eslabones de las bandas de narcotráfico bajo arresto domiciliario se les permite prácticamente todo, al punto de que apenas un ínfimo 0,86% de ellos tiene algún tipo de restricción en su régimen de visitas, con Cristina la vara es el ensañamiento absoluto. A los narcos se les permite seguir gestionando sus organizaciones desde la comodidad de sus hogares, pero a la líder del movimiento popular la someten a un aislamiento severo y humillante, cercada por restricciones totales donde ni siquiera la dejan salir a la terraza de su propia casa. Es la prueba más palmaria de un sistema degradado que utiliza la ejecución de la pena como un garrote político selectivo y un castigo ejemplificador.

Esta selectividad penal y esta farsa procesal solo cierran bajo una premisa fundamental: el modelo económico de exclusión, hambre y entrega de soberanía que hoy encabeza Javier Milei necesita, de manera obligatoria, mantener proscripta y encarcelada a quien representa la antítesis de su proyecto. A Cristina no la condenaron por las mentiras de la Causa Vialidad; la condenaron por haber tenido el coraje de desendeudar soberanamente a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en 2005, por haber recuperado el sistema previsional para nuestros abuelos, por la Asignación Universal por Hijo, por poner satélites argentinos en órbita con ARSAT y por recuperar YPF para poner la energía al servicio del desarrollo nacional. El modelo actual, que destruye el entramado productivo con una caída de la actividad industrial superior al 14% interanual y un desplome de las ventas minoristas pymes de más del 25%, necesita borrar esa memoria histórica para imponer el saqueo financiero. Pretenden sostener una calma artificial licuando brutalmente los ingresos de los trabajadores —con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales de más del 20%— y arrojando a nuestros jubilados a la indigencia, en un programa de ajuste eterno dictado por Washington.

Ese proyecto de miseria planificada no cierra con el pueblo en la calle y la democracia plena, por eso recurren a la eliminación política de la principal líder de la oposición. Ya lo intentaron con el magnicidio frustrado aquella noche del 1 de septiembre de 2022; al no poder lograrlo con la bala de plomo, avanzaron con la bala de gama judicial de Comodoro Py, cumpliendo de forma literal el cinismo de aquella tapa editorial que advertía: «La bala que no salió, y el fallo que sí saldrá». 

Modificar esta realidad y exigir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner no es la defensa corporativa de una persona: es la defensa irrestricta de nuestro derecho a vivir en una democracia real, soberana y sin proscripciones. El circo de la causa vialidad, no es más que un botón de muestra del andamiaje que tienen preparado para disciplinar a todo dirigente, a toda persona, que no se contente con sólo subsistir y que se atreva a soñar y pelear por una Argentina donde todos podamos vivir con dignidad.

Un año de cautiverio ilegal no ha hecho más que agigantar su figura en el amor de su pueblo y fortalecer nuestras convicciones para seguir luchando por el futuro de la Patria, porque en definitiva, la condenaron porque representó demasiado para demasiada gente.

*Senadora nacional por la provincia de Mendoza de Unión por la Patria. Abogada. Integrante del Partido Justicialista.