Peña decreta el fin de los gastos superfluos para blindar las áreas sociales y contener la crisis fiscal
Peña decreta el fin de los gastos superfluos para blindar las áreas sociales y contener la crisis fiscal
El presidente exigió a los organismos del Estado usar recursos propios antes de recurrir a los fondos del Tesoro. Los límites de la motosierra light del Gobierno.
El presidente paraguayo Santiago Peña promulgó el decreto 6120 con el objetivo de ordenar las finanzas del Estado y garantizar una gestión prudente de los recursos públicos. La normativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece que los fondos estatales se enfocarán estrictamente en salud, educación, seguridad y programas sociales, además del pago de la abultada deuda con los proveedores.
En rigor, el decreto impone fuertes restricciones y medidas de racionalización que prohíben o limitan la compra de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, servicios de catering y nuevas inversiones que no sean prioritarias. Además, Peña les exige a las instituciones usar primero recursos propios (Fuente 30) antes de recurrir a los fondos del Tesoro.}
La medida del presidente se da luego de que iniciativas parlamentarias, tanto de oficialistas como de opositores, quedaran estancadas en el Legislativo. Una de las propuestas en sintonía con el decreto de Peña fue la del diputado César Cerini, que recibió duras críticas por parte del sector empresarial, ya que planteaba ampliar el déficit fiscal 1% más.
Los diputados opositores Rubén Rubín y Raúl Benítez también presentaron sus proyectos, siendo la primera muy temeraria en su análisis económico y la segunda, más viable, pero bloqueada finalmente por el cartismo.
Peña tomó la decisión de sacar la «motosierra» la misma semana en que la temperatura política volvió a incrementarse por la falta de pago a proveedores. En el caso de las empresas de salud, el Estado reconoció una deuda de US$ 1.000 millones, que se menciona usualmente como deuda acumulada con farmacéuticas.
El Estado pretende la cesión de pago de US$ 370 millones. El problema que surge con esta medida es que los proveedores de insumos, clínicas tercerizadas y proveedores de mantenimiento quedan fuera del mecanismo
La vocera de la Cámara Paraguaya de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos, Rocío Figueroa, aseguró que la oferta de Lovera excluye a un grupo importante de proveedores de insumos, servicios de mantenimiento de equipos y clínicas tercerizadas que no cobrarán porque la ley de presupuesto no habilita la cesión de pago para este tipo de empresas.
Actualmente, existe un proyecto de ley en la Comisión de Salud del Senado que busca esa modificación, pero no cuenta con fecha de tratamiento en el pleno. La lectura que tienen estos empresarios es que se priorizará a las farmacéuticas, por lo que varios de los servicios de diálisis, estudios traumatológicos y afines podrían ser cortados.
