En Argentina, los repartidores se endeudan con las plataformas para las que trabajan – Por Diego Lorca

En Argentina, los repartidores se endeudan con las plataformas para las que trabajan

Diego Lorca*

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dedicó un apartado de su Informe “Proveedores no financieros de crédito», a un fenómeno sin marco regulatorio. Los trabajadores de las aplicaciones de delivery toman préstamos de las mismas empresas para las que reparten. La cantidad de deudores de la economía de plataformas aumentó 122% durante 2025, tras crecer 177% entre 2023 y 2024. Hacia fines de 2025 cada trabajador monotributista debía en promedio novecientos mil pesos. La conclusión del organismo lo sintetiza con claridad: «las plataformas están financiando a su propia base de trabajadores».

 Los créditos se destinan sobre todo a comprar o reparar la moto o la bicicleta (instrumentos de trabajo), herramientas sin las cuales no hay reparto. Los toman trabajadores sin historial crediticio, y la plataforma cubre ese vacío con la información que ella misma produce. El acceso depende de métricas de desempeño, antigüedad del perfil, tasa de aceptación de pedidos, calificación de los usuarios y conexión en horas de mayor demanda. La cuota se descuenta de forma automática de la comisión de cada entrega, y según la consultora EcoGo, la mora de los repartidores de PedidosYa asciende a un 12%. El mismo algoritmo que asigna los viajes garantiza el repago.

 El perfil de los deudores descarta el ingreso complementario. Los que el BCRA clasifica como trabajadores independientes representan el 54% de los tomadores y concentran más del 62% del saldo, el 70% de la deuda pertenece a menores de 40 años y la mayoría trabaja de manera exclusiva para las aplicaciones. PedidosYa, filial de la alemana Delivery Hero con sede en Berlín, otorgó cincuenta y siete mil créditos por ochenta y cuatro millones de dólares desde que habilitó préstamos a comercios en 2022 y a repartidores en 2024, con líneas a seis meses que no superan el 30% de los ingresos. Uber, de Estados Unidos, y la española Cabify negaron financiar a sus choferes. Rappi, con sede en Bogotá, Colombia, tampoco brindó información sobre préstamos a sus trabajadores, aunque el Banco argentino Galicia anunció un convenio para financiar a sus repartidores y comercios.

 Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), gremio de base pero sin reconocimiento oficial por parte de la Secretaria de Trabajo, denunció en un medio de comunicación, tasas de hasta 700% anual y un acceso selectivo, reservado a quienes más pedidos aceptan y más horas se conectan. «Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral» para devolver los préstamos, describe D’Ambrosio.»Trabajamos entre 10 y 12 horas solo para gastos fijos», agrega, con comisiones de entre 1.500 y 3.000 pesos por pedido, independientes del valor de la compra. 

La deuda completa la arquitectura 

El endeudamiento cierra el circuito de la autonomía ficticia del trabajo de plataformas, que bajo la apariencia de ser “nuevas formas de trabajo”, siguen encubriendo viejas lógicas de precarización y explotación laboral. El repartidor figura como colaborador independiente, pero aporta sus propios instrumentos de trabajo como el vehículo, el teléfono, la ropa, los datos y el riesgo. Ahora la empresa le presta el dinero para la herramienta con la que trabaja para ella, lo evalúa con las métricas laborales que ella misma genera y se cobra de las comisiones que ella misma fija. La opacidad algorítmica que trabajadores de todo el mundo vienen denunciando, y que actualmente está al servicio de la explotación laboral, se traslada ahora al endeudamiento del trabajador. El propio informe lo describe como la conversión de la conducta laboral en un activo financiero, donde la “inclusión” que invocan las empresas existe, pero el prestamista fija también el ingreso del deudor. La empresa que niega la relación laboral opera como empleadora de hecho y acreedora de derecho, y la deuda disciplina. Quien debe no puede desconectarse ni rechazar pedidos sin arriesgar la calificación, su llave al crédito.

 La figura del patrón que además es acreedor tiene historia en Argentina. En los obrajes de La Forestal, en el norte de Santa Fe, y en los ingenios azucareros de Tucumán, el pago en vales canjeables en la proveeduría de la compañía ataba al trabajador a la empresa. Las primeras leyes laborales de la década de 1920 prohibieron esta práctica. Un siglo después reaparece con interfaz digital y escala global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que existen más de ciento cincuenta millones de trabajadores de plataformas en el mundo, doce millones de ellos en América Latina como ocupación principal. La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva que establece la presunción de laboralidad y España ya había reconocido a los repartidores como asalariados mediante la ley Rider de 2021.

 En Argentina este crédito no tiene regulación propia, incluso el informe ni siquiera identifica qué empresas prestan, a qué tasas ni con cuánta mora. Tres mecanismos permitirían salir del limbo, topes de tasa y transparencia para el crédito no bancario bajo supervisión del BCRA, presunción de laboralidad para quienes trabajan bajo gestión algorítmica y auditoría pública de los algoritmos que hoy “deciden” quién trabaja, cuánto cobra y quién puede endeudarse. Quizás un planteo más profundo sería, hasta cuándo un gobierno puede permitir el avance precarizador de la aristocracia financiera y tecnológica que avanza sin regulación hacia su nueva arquitectura del trabajo donde el trabajador queda atomizado, explotado y endeudado. 

*Diego Lorca, Director del OITRAF (Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro) y analista de NODAL.