Honduras | Trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales realizaron 437 protestas sociales durante el 2026
Más de 430 conflictos sociales registró el IUDPAS durante el primer semestre del 2026
Un tercio de las acciones colectivas estuvo relacionado con el sector educativo, donde padres de familia y docentes fueron los principales actores, señala el boletín.
Durante el primer trimestre del 2026, Honduras registró un total de 437 acciones colectivas vinculadas a conflictos sociales, según un informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los datos evidencian, entre enero y junio, un escenario marcado por demandas ciudadanas insatisfechas y limitaciones estructurales del Estado para atenderlas.
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El boletín, elaborado a partir del monitoreo de más de 200 fuentes informativas, documenta que estas acciones se desarrollaron en 18 departamentos y 91 municipios.
La directora del IUDPAS, Marjorie Echenique, explicó que el estudio busca generar evidencia sobre las distintas expresiones de la conflictividad social en el país, identificando quiénes se movilizan, cuáles son sus demandas y la respuesta que reciben por parte de las instituciones.
Aproximadamente un tercio de las acciones colectivas (31.1%) estuvo relacionado con el sector educativo, consolidándose como el principal foco de conflictividad durante el período analizado.
Asimismo, el entorno socioterritorial, que incluye temas de tierra, territorio y medio ambiente, representó el 13.5 % de los conflictos.
El Distrito Central concentró la mayor cantidad de casos con 141 acciones, equivalente al 32.3% del total, seguido por San Pedro Sula con 44 acciones, mientras que municipios como El Progreso, Catacamas y Santa Bárbara también reportaron incidencias relevantes.
En promedio, el país registró al menos dos acciones colectivas diarias, aunque en momentos críticos se reportaron hasta 34 protestas en un solo día.
Como ocurrió el pasado 2 de junio, cuando se generaron manifestaciones en los 18 departamentos, por temas relacionados a la educación, el sector energético, laboral y de salud, resalta el informe.
El sector trabajador encabezó las acciones colectivas, representando el 36.2% de los actores sociales, seguidos por padres de familia, estudiantes y grupos comunitarios, quienes demandaron principalmente mejoras en servicios públicos y cumplimiento de derechos.
La investigadora señaló que uno de los mayores desafíos identificados es la falta de respuesta institucional ante estas demandas.
Según los datos recopilados, el 88.6% de las acciones colectivas registradas no han recibido una respuesta concreta mediante diálogo, negociación o atención directa por parte de las autoridades.
“Nos parece alarmante porque evidencia un desafío para la institucionalidad pública”, manifestó Echenique.
El informe señala que 50 de las acciones colectivas se originaron por incumplimiento de acuerdos por parte del Estado, gobiernos municipales y otras instituciones responsables de atender las necesidades de la población.
