Abelardo de la Espriella, presidente: una caja de Pandora – Por Carlos Gutiérrez Márquez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Carlos Gutiérrez Márquez *
“Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje. Desde antes de llegar al Gobierno, este equipo está tomando las medidas, armando los equipos también en cada ministerio” (1), afirmó el presidente electo el pasado 10 de julio en su primera reunión con los, hasta ese momento, designados para dirigir las carteras ministeriales.
La conformación de lo que será su gabinete, producto de negociaciones con diversos partidos, gremios y grupos de interés, en un calculado ejercicio mediático, ha tomado la forma de una gotera casera que con su reiteración, a pesar de su pequeñez, con el paso de las horas deja una clara evidencia sobre una pared o sobre el piso, atrayendo la atención de los residentes en el inmueble.
De manera similar, pero sin caer sobre pared o piso alguno, y sí sobre el cerebro de millones de connacionales, la meditada estrategia comunicativa y política del próximo gobernante, con sus anuncios cotidianos, con su diversidad de reuniones y decisiones tomadas en cada una de ellas, con sus mensajes por redes, va marcando la agenda nacional. Su huella mediática, en clara disputa de la opinión pública, propugna por copar el escenario nacional y opacar al aún gobierno en ejercicio.
No hay tregua en ello. Un día nombra la cabeza de un ministerio. Otro día sucede lo mismo con otro ministerio o con una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Al día siguiente destacan las reuniones de sus voceros en Estados Unidos, de la cual se desprenden otras noticias por resaltar: promesas de trabajo conjunto, de inversiones futuras en el país, de acuerdos de acción militar bilateral en pro de “[…] cooperación en seguridad, defensa de la patria, ciberseguridad, defensa económica, operaciones especiales, lucha contra el narcotráfico y la Oficina del Secretario de Guerra de los Estados Unidos”, según declaró el General (r), Jorge Enrique Mora, ministro de Defensa designado por el gobierno entrante, luego de sus reuniones el pasado 21 de julio con “las principales oficinas responsables de seguridad hemisférica” (2).
Estamos, queda claro, ante una acción comunicativa y política para engrandecer al entrante gobierno, mostrándolo como de total eficiencia, conformado por trabajadores incansables, al tiempo que desdice del gobierno saliente, sin necesidad de mencionarlo. Así puede leerse la indirecta al gobierno Petro en la cita que abre esta editorial, “[…] aquí no hay flojera”. La pregunta es obvia, ¿si allí no hay flojera, dónde si la hay? Y en otro aparte de la misma declaración insiste, “[…] aquí no hay día que no se trabaje”. El interrogante puede ser similar, ¿quiénes no trabajaban lo suficiente?
Y la respuesta también: la izquierda, que es floja. En el extremo opuesto esa incapacidad no se conoce. La promulgación, por parte del elegido Presidente del país, de los 90 decretos anunciados para el 7 de agosto refrendarán la cúspide de esa supuesta eficiencia (3).
De acuerdo a lo anunciado, ese día verán la luz, entre otros, decretos que ordenan constituir el Bloque de defensa para la seguridad urbana; que levantan todas las órdenes de captura que pesan sobre “cabecillas de grupos armados”; que dan paso a la normalización de relaciones con Israel; que autorizan nuevas explotaciones petroleras, incluido las que tengan que hacerse por medio de fracking; que reducen el tamaño del Estado (hasta en un 40%, con la salida de 700 mil funcionarios y contratistas en cuatro años); que eliminan la Unidad de implementación del Acuerdo de Paz y la figura del Comisionado de Paz, las cuales pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad, así como otro que eliminará la Consejería presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones pasarán al Ministerio del Interior o al de Defensa.
Es un proceder proyectado por el ungido y su equipo de gobierno que a pesar de aún no haber sido posesionado, actúa como si ya estuviera en funciones: realiza consejos de gobierno, da órdenes a los funcionarios para que preparen una u otra medida; a la par sesiona de manera ampliada con alcaldes de distintos departamentos llevando desde ya, como lo había anunciado en campaña, la presidencia a las regiones.
Y en todas esas citas promete mano dura contra quienes están en armas –“disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho”– (4); a la par se compromete con algunos departamentos a descongelar inversiones que por uno u otro motivo fueron a dar al congelador burocrático. Son promesas realizadas ante el país, las mismas que tendrá que materializar si no quiere pasar, no como flojo y sí como charlatán.
Al mismo tiempo aprovecha la complacencia de los organismos multilaterales y multinacionales de diverso tipo con su elección presidencial para avanzar sobre futuras inversiones. Tras algunas reuniones con voceros de esas instituciones y organizaciones ha enfatizado ‘que su administración impulsará una política pública de puertas abiertas y de articulación con el sector privado internacional que decida establecer operaciones en Colombia’, para lo cual garantiza “[…] una política pública de puertas abiertas y de articulación con el sector privado internacional que decida establecer operaciones en Colombia…” (5).
Aclarando, es necesario resaltarlo, que en el gobierno que sale, más allá de sectores extractivistas, como hidrocarburos, nunca estuvo cerrado el espacio para la inversión de capitales extranjeros. Realidad diferente es que las áreas de inversión no correspondan a los intereses de los posibles inversionistas, bien por su proyección inmediata o estratégica o bien porque los márgenes de ganancia no son las deseables.
No hay que olvidar que los capitales, especulativos como son, siempre buscan para anidar el lugar donde más garantías brinden y mayores tasas de ganancia aseguren. Y esas son las que asegura el gobierno entrante. De inmediato manifiestan su satisfacción el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), y diversidad de emporios multinacionales, asegurando que están listos para firmar diversos convenios. Los millones de dólares hasta ahora comprometidos suman más de 10 mil. Eficiencia total. “Aquí sí se trabaja”. “Aquí no hay flojera”.
Resultados de la referida acción comunicativa y política que pese a su reiteración no son los pretendidos. Y así es porque el territorio de la disputa no está baldío. Desde el aún gobierno en funciones también se actúa y comunica, también se disputa la agenda diaria y el liderazgo en los territorios –como es notable con la decisión de realizar protestas el 7 de agosto en Barranquilla y Cali– , reacción que no impide que se opaquen las acciones y realizaciones que tendría que estar mostrando el Gobierno del Cambio en estas sus últimas semanas de gestión; Gobierno que ha perdido la iniciativa, y solo atina a defenderse.
Un proceder favorecido por errores de diverso tipo que continúa cometiendo, entre ellos sostener funcionarios que cargan una larga sombra sobre su comportamiento ético, pretender reforzar por todos los ángulos el liderazgo de quien encabeza la Presidencia, mostrar un incontrolado apetito burocrático, pero también por el gran despliegue que brindan a la acción comunicativa del próximo presidente los grandes medios de comunicación, los cuales no logran controlar el desdén que sienten ante quien ya está de salida y su beneplácito ante quien está de entrada.
En un actuar que rompe con el estilo y las formas de gobierno de quien representó un quiebre en el régimen político por décadas imperante en Colombia, dejando desnudo ante los ojos del país la disputa interclases larvada que sobrelleva, así como el cambio en la correlación de fuerzas producto de lo cual sectores del establecimiento pasan a la defensiva, y con ello a la conciliación. Un giro que permite ver que el país vive una nueva realidad política enmarcada por dos modelos sociales en pugna, así perceptible, con mayor claridad, desde el alzamiento social del 2021.
Un proceder por parte del ungido por los votos el 21 de junio, que le da un amplio despliegue al regreso de la presidencia a las regiones, denunciando y rechazando el acentuado centralismo vigente en el país. Los departamentos de la región Caribe ganan nueva valoración, en especial el Atlántico y su capital Barranquilla, elegida como sede alterna del gobierno central. Antioquia y el Valle, aunque en segunda instancia, seleccionadas como otras sedes que tendrá el gobierno, todo lo cual empieza a destacar en lo que será la forma de administrar de quien quiere fungir como una gran novedad política-administrativa. Tecnocracia al más alto nivel, en lo cual también resalta el perfil académico de una buena parte de las personas seleccionadas para encargarse de ministerios y otras instancias del gobierno.
Es un diseño político y un proceder que, más allá de lo pretendido, es poco original. En Argentina, la motosierra en manos de Javier Milei procedió igual: por medio de una cascada de decretos emitidos durante las primeras semanas de su gestión, y otros emitidos pasados varios meses, quiso marcar un antes y un después en su país. Reducción del Estado por medio de fusión de ministerios y el despido de miles de funcionarios; programa de ajuste fiscal en pro de un ilusorio déficit cero.
Asimismo, despliegue de un mensaje persistente sobre ineficacia, producto de la corrupción, de quienes lo antecedieron, medidas antiinflación de diverso tipo, apertura del país al capital global por medio de la liberalización y desregulación de la economía (impulsada inicialmente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU– 70/2023 y luego por lo conocido como Ley Bases), pretensión ampliada por medio de la apertura comercial y la flexibilización de importaciones; desregulación de precios y eliminación de controles en diversos mercados; privatización de bienes estratégicos de la nación; reforma del sistema laboral, sometido a total flexibilización (Ley Bases y Ley de Modernización Laboral).
Otras muchas son las medidas tomadas, pero no todas pueden quedar acá relacionadas. Pasados los meses los resultados de todas ellas dejan mucho que desear, pero a pesar de lo lesivo de su proceder para los sectores populares, aún no surge una alternativa política que lo neutralice o, inclusive, lo lleve a la defensiva. El veredicto definitivo lo darán las elecciones presidenciales a celebrarse en octubre de 2027.
En El Salvador, el proceder ha sido similar, con promesa honrada en seguridad, aquello que tanto reclamaba su sociedad. Las implicaciones de ello en derechos humanos lo dejan al margen, anidando un gobierno cada vez más autoritario que va transitando hacia la consolidación de su formación política como partido único, y los llamados contrapesos del Estado reducidos a simples formalidades que aplauden e inclinan la cabeza en señal de aceptación ante toda medida que proviene del ejecutivo nacional.
“Coincidencias” que también resaltan con el gobierno de Honduras, el cual avanza con un conjunto de leyes para legalizar la flexibilización laboral (Ley de empleo parcial), restringir el derecho a la protesta social y priorizar la mercancía sobre las personas (Ley para la modernización y desarrollo del sector agrícola), abrirle paso a la privatización del sector eléctrico (Ley especial de energía), y una más que abre el escenario oficial en las mejores condiciones posibles para el capital privado (Ley de reactivación económica).
En Bolivia, por igual carril, Rodrigo Paz impulsa la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, para favorecer con ello la inversión de capitales nacionales e internacionales. Al unísono, aprueba medidas en pro de la estabilidad económica y control del déficit fiscal (entre ellas la disminución del subsidio a los combustibles), y otra, la Ley de tierras, pretendiendo convertir las pequeñas propiedades en medianas, buscando así liberalizar el agro. Cada una de las medidas decretadas ocasionó la movilización de algún sector social, pero fue esta última el detonante mayor para que por cincuenta días el país quedara paralizado por infinidad de bloqueos y movilizaciones de notable intensidad.
Sin desentonar con este mosaico procapital, en Chile, el presidente José Antonio Kast logró que el pasado 16 de julio el Congreso de la república le diera aval a un paquete económico, conocido como megarreforma, que incluye, entre otros, rebaja de impuestos corporativos (del 26 al 24%), invariabilidad tributaria (del 26 al 23%), exención de contribuciones para mayores de 65 años (del 28 al 22%). Todo para el capital, podría resumirse.
En Ecuador, de la mano de Daniel Noboa, también se actúa en pro de la reducción del tamaño del Estado vía fusión de ministerios; control del déficit fiscal –avanzando en la reducción del subsidio a los combustibles y el incremento del IVA del 12 al 15%–. En simultáneo, autoriza el despliegue de militares extranjeros en el país para la lucha “contra las bandas criminales”, militares blindados en su accionar, como lo norma el decreto expedido el pasado 18 de julio, ante algún procedimiento judicial, es decir, garantizándoles impunidad total.
Un proceder gubernamental amparado en el Estado de excepción. Militarización del país que no logra controlar la elevada tasa de violencia que registra, la misma que lo ubica, según el informe Conflict Watchlist 2026 de la organización internacional Acled, entre los 10 países con mayor violencia del mundo (6).
Y como norma extendida a todos estos gobiernos, la infaltable gira por Estados Unidos, con reuniones con altos funcionarios, de las cuales salen amplios acuerdos para la inversión del capital privado y favorecimiento a los intereses del país visitado, así como la búsqueda de créditos por diversas vías, resaltando los que llegan conducto FMI y BM.
Similitud de medidas económicas y dirección política gubernamental que permiten apreciar el ahondamiento del modelo neoliberal, que hasta hace poco distintos analistas consideraban que, en su expresión económica, estaba agotado. La realidad muestra que no es así, pero además permite certificar que todo lo reformado pretende favorecer, en primera instancia, a los Estados Unidos y sus multinacionales de diverso tipo. Neoliberalismo a la medida y exigencia de este país.
Y para su concreción, los ritmos de implementación de las reformas en curso son distintos en cada país, dependiente en cada caso de la correlación de fuerzas que prevalezca en cada uno de ellos. La mayor o menor resistencia social que encuentre determina si cada una de las leyes, decretos o normas expedidas pasa inmune o queda sometida a negociación y reajuste parcial o total. En este último caso, desde cada gobierno se buscarán otras vías para su implementación o se esperará la llegada de otro tiempo, aguardando el giro en la correlación de fuerzas para hacerlas efectivas.
A diferencia de estos países, en el nuestro y como signo distintivo de su peculiaridad, quien se posesionará el 7 de agosto, para reafirmar su pretendida eficiencia, en este caso ampliada a la eficacia, en pocos meses tendrá que mostrar decenas de cadáveres de alzados en armas, sin faltar entre ellos los llamados “objetivos de primer orden”. En un proceder que tendrá, en el propósito de controlar y reducir el cultivo de coca y la difundida lucha contra el narcotráfico, elevada por los Estados Unidos a lucha contra el terrorismo, un propósito central. Las poblaciones que habitan esos territorios quedarán bajo la tenaza operativa de un reforzado aparato militar. Todos estos procederes con la bendición de Estados Unidos, orientador y veedor del giro político, económico, social, militar, que ya está en marcha.
En Colombia, por lo tanto, y marcando una notable diferencia con los países antes relacionados, el paquete aperturista por conocerse al final de la primera semana de agosto no solo busca iguales propósitos que alimentaron esas agendas “reformistas” , sino que también abrirá vía para ahondar el conflicto armado. La guerra intensificada ganará cuerpo y con ella, como salidas de la Caja de Pandora, pestes modernas impactarán sobre la humanidad de millones de connacionales. Y como en el mito griego, la esperanza no podrá desaparecer.
*Director de Le Monde Diplomatique, edición Colombia.
1. Mensaje emitido luego del Primer consejo de ministro del gobierno entrante. https://www.infobae.com/colombia/2026/07/11/abelardo-de-la-espriella-adelanto-el-primer-consejo-de-ministros-con-su-gabinete-designado-y-entrego-balance-del-encuentro-aqui-no-hay-flojera/
4. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20260626-el-ultim%C3%A1tum-de-de-la-espriella-un-mes-de-plazo-a-los-grupos-armados-para-someterse-a-la-justicia
5. “De la Espriella se reúne con inversionistas extranjeros en Barraquilla”, El Nuevo Siglo, 19/7/26,
6. Yalilé, Loaiza, “Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo”, Infobae, 17/2/2026, https://www.infobae.com/america/america-latina/2026/02/12/ecuador-entro-al-top-10-de-los-paises-mas-violentos-del-mundo/
