Honduras | Los desalojos como política de Estado profundizan el conflicto por la tierra – Por Carolina Sturniolo y Bruno Ceschin
Los desalojos como política de Estado profundizan el conflicto por la tierra
Carolina Sturniolo y Bruno Ceschin
El conflicto por la tierra volvió a ocupar el centro de la escena en Honduras. A pocas semanas de la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, el gobierno de Nasry Asfura avanza con un operativo que contempla mil órdenes de desalojo en todo el país. Lo que oficialmente se presenta como una política para proteger la inversión privada es interpretado por organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos como un cambio profundo en la forma de abordar la histórica disputa por la tierra, se habilita la persecución judicial de los campesinos convirtiendo el conflicto en una cuestión policial y penal.
La nueva normativa declara inafectables las tierras registradas para actividades agroindustriales, energéticas y turísticas, incluso frente a eventuales procesos de reforma agraria o causas de utilidad pública. Además, habilita procedimientos judiciales abreviados y operativos de desalojo inmediatos, mientras endurece las consecuencias penales para quienes vuelvan a ocupar los predios en disputa. El Estado deja de intervenir como mediador de los conflictos territoriales para convertirse en garante de la propiedad concentrada.
Una ley hecha a medida del gran capital. De las mil órdenes anunciadas, quinientas corresponden únicamente a la ciudad de San Pedro Sula. Los procedimientos priorizan conflictos vinculados con plantaciones de palma africana, banano, caña de azúcar, café y arroz, aunque la ley también incluye proyectos energéticos, turísticos y ganaderos. Quienes promueven la iniciativa sostienen que busca brindar seguridad jurídica y proteger la producción. Sin embargo, las organizaciones campesinas advierten que la norma fortalece la concentración de la tierra y limita cualquier posibilidad futura de reforma agraria.
El cuestionamiento trasciende la discusión sobre la propiedad privada. Honduras mantiene obligaciones internacionales en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen la propiedad colectiva y exigen consultas previas antes de adoptar medidas que afecten esos territorios. Organizaciones como La Vía Campesina Honduras sostienen que la velocidad prevista para ejecutar los desalojos vuelve muy difícil garantizar esos estándares en cada caso.
Las advertencias también llegan desde La Moskitia, en el noreste de Honduras. Representantes de los pueblos miskito, pech, tawahka y garífuna denuncian que la legislación puede consolidar ocupaciones ilegales sobre territorios ancestrales y facilitar nuevos emprendimientos turísticos, energéticos y ganaderos en áreas protegidas. Para ellos, las consecuencias de la nueva ley no se limitan a la pérdida de tierras, también compromete bosques, fuentes de agua y formas tradicionales de producción y organización comunitaria. En definitiva, amenaza su supervivencia, atentando contra sus medios de vida.
Para muestra basta un botón. Durante el gobierno de Xiomara Castro se impulsaron políticas destinadas a ampliar el acceso a la tierra, fortalecer la producción campesina y avanzar en una reforma agraria integral mediante el Instituto Nacional Agrario. El actual escenario representa un cambio de orientación. El eje ya no parece estar puesto en resolver los conflictos históricos de tenencia, sino en acelerar los mecanismos para proteger la propiedad registrada y garantizar la continuidad de grandes inversiones.
En el marco del Día de Lempira más de 70 organizaciones se movilizaron y realizaron plantones y tomas de carreteras. Los bloqueos estuvieron principalmente en Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro; la carretera CA-13 en la aldea El Boquete, en Tela, Atlántida; la carretera CA-5 a la altura del desvío El Conejo, Comayagua; la salida al sur de la capital hondureña en Francisco Morazán; Choluteca; y la carretera de Cayo Campo a Tocoa, Colón. Exigen la derogación del Decreto Legislativo 107-2026 y denuncian que el nuevo marco jurídico favorece la criminalización de quienes reclaman tierra y territorio.
La estabilidad del campo hondureño difícilmente pueda construirse únicamente mediante procedimientos penales y operativos policiales. La experiencia de América Latina demuestra que los conflictos por la tierra no desaparecen cuando se endurecen las leyes, sino cuando existen instituciones capaces de garantizar acceso equitativo a la tierra, seguridad jurídica para todas las partes y mecanismos democráticos de resolución de disputas. La tierra es para quien la trabaja y la habita ancestralmente.
*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA)
