Perú: fujimorismo ‘reloaded’: va para peor – Por David Roca Basadre
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
David Roca Basadre *
El inicio del Gobierno de Keiko Fujimori deja ver que no se trata de una reedición de la dictadura de su padre, sino de una versión propia de la corriente reaccionaria, sumisa a Trump, que atraviesa Latinoamérica.
Luego de juramentar como presidenta de la república, Keiko Fujimori dio un discurso lleno de promesas de obras públicas deseadas por todos, aunque imposibles de realizar, bien porque son de muy largo aliento o porque no dispone del presupuesto. A lo que añadió el incremento del salario mínimo vital, algo que el fujimorismo siempre ha rechazado en el congreso. En suma, nada.
Pero sí fue muy concreta en algo: habló de desplegar a las fuerzas armadas para la lucha contra el crimen organizado. Esto es, por un lado, anticonstitucional, y, por el otro, poco práctico, porque la lucha contra la delincuencia requiere un trabajo policial para el que los cuerpos de seguridad no están capacitados.
Más bien ordenará el despliegue de las fuerzas armadas como parte de un proceso de implantación de la fuerza en todos los rincones del país, normalizando esa presencia. Es algo que ha anunciado durante toda su campaña. Además de la sombría práctica de lo que llaman el rastrillaje, táctica usada durante la guerra interna contra el terrorismo consistente en desplegar a militares y policías en una población determinada e intervenir casa por casa en busca de sospechosos. Algunos mandos militares afirman que este sistema fue muy útil en su momento, aunque el problema es que también conllevó la captura de inocentes y muchas violaciones de derechos humanos.
Con casi todas las provincias del país en contra, con la mitad y más de la población desconfiando de su mandato, con el inevitable disgusto ante muchas medidas de su agenda, todo indicaría que tal despliegue de fuerza represiva del Estado es para prepararse ante la inevitable respuesta callejera.
Y con eso ratificará una lógica típica de todo gobierno reaccionario: valerse de amenazas –reales o inventadas– para justificar el uso de la represión, y lograr así, mediante la difusión de una versión amplificada del peligro, incluso la aprobación de sectores del país en contra de ese uso de la fuerza.
Ministros a pedido
Luego del discurso, las intenciones del Gobierno iban a verse en la designación de los ministros. No nos decepcionó.
Hasta el momento, en los nombramientos destacan un presidente del Consejo de Ministros escogido entre sus más leales, y que además ha sido colaborador del Gobierno de Taiwán; un ministro de Relaciones Exteriores que ha sido, durante veinte años, empleado de la embajada norteamericana; un ministro de Economía garante de la ortodoxia económica; un ministro del Interior que es militar retirado –no un civil ni un expolicía– e impulsor de la militarización en el país; un ministro de Defensa improvisado para escuchar a sus asesores militares; y un ministro de Energía y Minas rotundamente extractivista.
Los demás parecen ser aquellos sectores que pueden esperar: educación, salud, ambiente, vivienda, cultura, transportes y comunicaciones a manos de políticos o personas que no saben nada del tema, pero son fichas leales. Y solo dos mujeres en el gabinete de la primera mujer electa presidenta: una ultraconservadora en el Ministerio de la Mujer –institución que la derecha quiere hacer desaparecer–, y una especialista –excepción a la regla– en el sector encargado de programas sociales. Sumemos a eso que una buena parte de este equipo ministerial tiene antecedentes de acusación fiscal, judiciales y hasta penales. El lema podría ser: salvo la fuerza (o el dinero), todo es ilusión (o no importa).
El fujimorismo, tradicionalmente, se ha caracterizado por la demagogia, el pragmatismo por prebendas, el mercantilismo disfrazado de “libertad económica”, la disciplina de bancada y el autoritarismo. Poco más, y un discurso que centraba todo en la contradicción eterna de celebrar haber vencido al terrorismo de Sendero Luminoso, al mismo tiempo que lograba resucitarlo en cada confrontación política. Como hace hasta ahora. Esto que funcionaba tan bien en los inicios del Gobierno de su padre, Alberto Fujimori, ya no es tan efectivo con Keiko. Su escasa convocatoria electoral –recuérdese que Fujimori pasó a segunda vuelta con apenas 14 % del voto directo– tiene que haber motivado a un reciclaje que debía ser un híbrido entre su propio legado y los nuevos tiempos que ayudan.
Un indicador de los cambios que ya se dan en el fujimorismo nos lo dio la recepción entusiasta que la señora K dio al presidente argentino, Javier Milei. Ambos celebraron el encuentro, hablaron de amigos comunes y Fujimori le dijo a Milei “es usted una inspiración”. No fue tan solo un exabrupto.
Las elecciones en senadores y diputados
Volvamos dos días antes de la toma de mando, cuando debió elegirse a las mesas directivas del flamante Congreso bicameral. La oposición de izquierda y de centro logró concretar un pacto puntual para pelear por las mesas directivas frente al fujimorismo aliado con el partido de extrema derecha, ultraconservador, del exalcalde de Lima, López Aliaga. En diputados, la mayoría de la oposición es clara: tiene ocho votos de ventaja y ganó la votación. Pero en senadores había un empate 30 a 30, y se necesitaban dos votos de ventaja.
El fujimorismo está acostumbrado a comprar adhesiones o votos mediante el chantaje o la corrupción. Y esto mismo ocurrió. En la segunda votación, definitiva pues se resolvía por mayoría simple, la oposición obtuvo 29 votos porque uno estaba viciado con una marca extraña. Como lo mismo había ocurrido en la primera votación, no quedó duda del embuste. La responsable fue una senadora de izquierda, proveniente del castillismo.
El control del Senado era lo que le faltaba a la nueva presidenta para asegurar control absoluto. Lo obtuvieron.
Un personaje importante en estas tramas es el senador fujimorista Fernando Rospigliosi, un ex intelectual de izquierda, otrora crítico del fujimorismo, converso a la ultraderecha que ha dotado a una agrupación sin mayor concreción ideológica de más solidez en sus objetivos. Es el autor o promotor de las leyes más represivas –o las llamadas procrimen que son un conjunto de normas que, por defender intereses propios, facilitan el accionar de las bandas criminales– aprobadas en la gestión congresal que terminó, y hoy constituyen el aparato de control a disposición del gobierno de Keiko Fujimori.
Hay que leer el encuentro de Keiko Fujimori con Milei –y los demás presidentes de la extrema derecha latinoamericana– a partir de esta clave que está en el origen del diseño de un fujimorismo con más claridad sobre el rol de un Estado fortalecido militarmente como garante del control social mediante el uso de la fuerza sin escrúpulos, al servicio de los grandes poderes económicos internos y externos.
Facultades especiales
El Gobierno de Keiko Fujimori ha pedido al Congreso la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días naturales –algo que es habitual–, pero con un amplio programa: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; Reactivación económica, MYPES y empleo; Simplificación administrativa y modernización del Estado; Materia tributaria, aduanera y comercio.
Lo que esos títulos contienen es amplio y podría significar despidos masivos en el sector público, leyes laborales que faciliten despidos en la actividad privada, pérdidas de beneficios para los trabajadores, privatizaciones, reducción de las cautelas ambientales para favorecer las actividades extractivas –algo que ya está en marcha–, reducción o desaparición de programas sociales, profundización de una actividad represiva sin control…
La oposición ya adelantó un no. Negativa que puede tener su efecto en diputados, pero que en senadores podría no funcionar.
Fujimorismo ayer y hoy
Cuando Alberto Fujimori fue elegido presidente en 1990, el país vivía bajo la amenaza del terrorismo y de las consecuencias represivas, además de sufrir aún los efectos de la gestión de Alan García, que había generado una inflación acumulada, traumática, que llegó a un promedio mensual cercano al 37 % o 1 % diario. La clase política, de derecha o de izquierda, quedó muy maltrecha tras esa experiencia, y Fujimori se dedicó a destruir lo poco del prestigio que le quedaba.
Decretó un shock económico sin anestesia que, en efecto, contuvo la inflación –todos los otros candidatos, de ganar, hubieran hecho algo parecido, pero fue él quien lo hizo–, lo que significó un alivio a pesar del impacto social. Esto le permitió implementar todas las políticas neoliberales y antisociales que le exigía el FMI, sin oposición.
En ese escenario que los politólogos llaman de la antipolítica, Fujimori cosechó, con cierto carisma y mucha suerte, una enorme popularidad. Dio un golpe de Estado que la población apoyó con entusiasmo, pero la presión internacional lo obligó a llamar a elecciones, de las que nació la constitución ultraliberal de 1993.
Al contrario que su padre, Keiko Fujimori tiene una enorme oposición en todo el Perú, es dura y fría y distante, sin la falsa simpatía que vendió su padre; carga con los antecedentes de ese pasado dictatorial, además, y si bien existen enormes dificultades, estas no son ni de lejos las que había en 1990. Sin terrorismo, debe inventarlo cada vez que puede y, a pesar de que declara que ha encontrado al país en una situación muy grave, todos saben que ella ha dirigido el gobierno desde el Congreso los últimos años y que esa gravedad la generaron ella y su grupo político y aliados. Debe actuar.
Sin embargo, hay un contexto geopolítico que le favorece. Ya ha pedido reunirse con Donald Trump e integrar al Perú en el llamado Escudo de las Américas. Y por allí va.
Oposición en el Estado y en la calle
Solo si la oposición logra integrarse con un movimiento social que sepa organizarse y evitar la represión violenta podrá enfrentar la amenaza que ya se empezó a desarrollar. La reacción en el poder es capaz de todo, y de eso hay experiencia cercana. Ya comenzaron las denuncias y persecución contra periodistas, comunicadores, activistas y hasta youtubers. La más resaltante ha sido la denuncia contra el periodista Gustavo Gorriti “por el presunto delito de cohecho activo específico”. Y otra contra la comunicadora Claudia Cisneros, el exministro de Salud de Pedro Castillo, Hernando Cevallos, y otros por presunta “conspiración contra la tranquilidad pública”.
Hay elecciones municipales y regionales en octubre próximo, y es probable que, por cálculo político, la dictadura –que lo es, pues tiene capturadas todas las instituciones– no muestre toda su brutalidad hasta que ese proceso haya concluido, o que las nuevas autoridades asuman el primero de enero. Ese es un plazo conveniente, también, para que la oposición se fortalezca en sus relaciones políticas internas y en las movilizaciones o la resistencia de los pueblos.
La batalla intensa, pensamos, comienza en 2027.
*Escritor de ficción, activista ecologista, periodista ecuatoriano.
