¿Seguirá el Perú debilitando su justicia? – Por Jhovana Yairi Yaringaño
¿Seguirá el Perú debilitando su justicia?
Jhovana Yairi Yaringaño*
Una democracia no se sostiene solo con elecciones: necesita instituciones que controlen el poder, sancionen el delito y garanticen una justicia igualitaria que proteja la libertad, seguridad y dignidad ciudadana.
Diversos sectores sociales han intensificado el pedido para derogar las denominadas «leyes procrimen» antes de la visita del Papa León XIV al Perú, en medio de un clima de polarización, generado luego de las declaraciones del cardenal Carlos Castillo y la reacción desproporcionada del ministro de Vivienda y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas Gonzales.
El cardenal Carlos Castillo, en su homilía de la Misa Te Deum declaró de manera crítica que “estamos en una situación catastrófica, no tanto por los indicadores económicos, sino porque la condición humana y su dignidad están en sumo peligro. Una tragedia humana y social donde los diversos grupos de intereses buscan que prime su ambición de enriquecimiento ilícito y de poder absoluto, tanto que existen dictaduras que se ramifican subrepticiamente”.
Estas declaraciones fueron objeto de cuestionamientos públicos por parte del actual ministro de Vivienda y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas, quien comparó al cardenal con Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Luego del pronunciamiento del cardenal Carlos Castillo, se han sumado organizaciones de familiares de las víctimas de la represión ocurrida entre 2022 y 2023, familiares de las víctimas del sicariato de gremios microempresariales, constructores civiles, estudiantes y colectivos ciudadanos. Todos coinciden en la necesidad de fortalecer la justicia, restituir el Estado social de derecho y la capacidad del Estado para enfrentar a las economías criminales, no solo a sus leyes.
La coincidencia entre actores con trayectorias y demandas distintas demuestra que el debate ha dejado de ser una controversia electoral. Hoy la preocupación gira en torno a una pregunta de interés público: ¿el Estado peruano mantiene o pierde las herramientas necesarias para proteger la vida, garantizar justicia y responder eficazmente frente al crimen organizado y las violaciones de derechos humanos?
Un consenso ciudadano que trasciende diferencias
En los últimos días, el Cardenal Carlos Castillo pidió que la visita del Papa León XIV sea acompañada por decisiones que fortalezcan la justicia y la institucionalidad.Su llamado ocurre en un contexto marcado por el cuestionamiento de más de una decena de reformas penales y procesales (Leyes Procrimen) aprobadas en los últimos años, las que han sido calificadas por diversos especialistas, organizaciones de derechos humanos, exfiscales, exprocuradores y colectivos ciudadanos como normas que no solo debilitan la investigación y sanción de delitos complejos, sino que favorecen escenarios de impunidad y han traído mayores asesinatos y delitos diversos.
Sin embargo, el debate no gira únicamente alrededor de la Iglesia Católica. El Acuerdo Histórico Ciudadano (AHC) hoy articula una campaña nacional que reúne organizaciones empresariales, colectivos ciudadanos, estudiantes, representantes sociales y al Colegio de Abogados de Lima (CAL) para reingresar, actualizada, la derogatoria de dichas leyes, propuesta desde julio de 2025 en el Proyecto de Ley N° 12158.
¿Salida democrática o resolución autoritaria?
La evidencia comparada sobre democracia contemporánea muestra que el debilitamiento institucional rara vez ocurre de manera abrupta. Investigadores como Steven Levitsky, Daniel Ziblatt y Nancy Bermeo, así como los indicadores del proyecto internacional V-Dem, sostienen que la erosión democrática suele avanzar mediante cambios legales e institucionales que reducen progresivamente los mecanismos de control del poder. Uno de los sistemas más sensibles frente a estos procesos es la administración de justicia, cuya independencia resulta indispensable para investigar delitos, sancionar a los responsables y proteger los derechos fundamentales.
El problema público que enfrenta el Perú no es únicamente la discusión sobre determinadas leyes, sino la captura autoritaria de las capacidades del Estado –y su desnaturalización a fines particulares, privados, contrarios-. Cuando una reforma reduce la eficacia de la persecución penal o debilita la independencia del sistema de justicia, deja de ser un asunto exclusivamente jurídico público y se convierte en un asunto de disputa de resolución incierta entre salida democrática o reafirmación autoritaria.
La principal preocupación expresada por los distintos sectores es que estas reformas deben evaluarse por sus resultados y no únicamente por el número de votos legislativos. Desde las políticas públicas una ley es legítima cuando protege derechos, fortalece las instituciones y genera confianza en la ciudadanía. Si una norma, produce efectos contrarios, corresponde revisar la norma en un Estado democrático.
Esto no es tarea simple ni de corto plazo, implica también cambiar la cultura entre liderazgos democráticos, sobre qué estarían haciendo mal y que atiza el fuego del otro lado.
¿Cómo recuperar la capacidad del Estado para impartir justicia?
La doble campaña impulsada por el Acuerdo Histórico Ciudadano (AHC) comprende replicar el ex Proyecto de Ley N° 12158, para derogar de manera integral las Leyes Procrimen y, también, promover la recolección ciudadana de firmas en planillones de la ONPE para que la ciudadanía adhiera al proyecto de ley.No obstante, la revisión legislativa constituye solo una parte de la solución.
También resulta indispensable fortalecer la autonomía del sistema de justicia, incrementar la inversión en investigación criminal, mejorar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial; así como incorporar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) antes y después de aprobar reformas penales, permitiendo evaluar objetivamente sus efectos sobre la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
Uno de los aspectos más relevantes de esta articulación ciudadana es la participación de organizaciones de familiares de víctimas de la represión, ocurrida durante las protestas de 2022 y 2023, junto con familiares de personas asesinadas por el sicariato.
Los representantes de las víctimas señalan que la agenda no debe limitarse a la derogatoria de las leyes procrimen. También solicitan una política pública orientada a la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición y el reconocimiento de todas las víctimas, sin exclusiones.
Asimismo, proponen la creación de un Registro Nacional de Víctimas y Familiares que permita reconocer oficialmente a quienes han sufrido la violencia, así como facilitar su atención y mejorar el diseño de futuras políticas públicas.
La visita del Papa León XIV
La llegada del Papa León XIV, que se realizará entre el 11 al 15 de noviembre próximo, representa uno de los acontecimientos diplomáticos más importantes que recibirá el Perú en los próximos meses. Además de ser el líder espiritual de la Iglesia Católica, el Pontífice es jefe de Estado de la Santa Sede, un actor reconocido por su papel en la diplomacia internacional, la promoción de la paz y la defensa de la dignidad humana a nivel mundial.
Las visitas papales suelen convertirse en espacios de diálogo entre los Estados y la comunidad internacional sobre los valores que orientan la convivencia democrática. En ese contexto, revisar las leyes procrimen permitiría demostrar que el Estado mantiene la capacidad de escuchar a la ciudadanía, evaluar sus políticas públicas y fortalecer sus instituciones mediante mecanismos democráticos.
Por el contrario, mantener sin evaluación reformas cuya eficacia continúa siendo debatida representaría una oportunidad desaprovechada para fortalecer la confianza ciudadana y el compromiso del país con el Estado de Derecho.
En consecuencia, el debate ya no gira únicamente en torno a la derogatoria de las leyes procrimen. Lo que hoy está en discusión es la capacidad del Perú para preservar un sistema de justicia independiente, proteger a las víctimas y fortalecer el Estado de Derecho.
Ninguna democracia se sostiene únicamente con elecciones, también requiere instituciones capaces de controlar el poder, sancionar el delito y garantizar que la ley proteja por igual a todos los ciudadanos, ya que la justicia no es un privilegio reservado para algunos, sino es el derecho que protege la libertad, la seguridad y la dignidad de todos.
*Activista social y política. Maestranda de gobierno y políticas públicas.
