28S América Latina | Disputa el acceso al aborto – Por Alejandra Rizzo
28S América Latina disputa el acceso al aborto
Por Alejandra Rizzo*
En este 2026, el derecho y el acceso al aborto vuelve a ser escenario de una disputa que atraviesa distintos países de América Latina. Mientras algunos Estados sostienen marcos legales que reconocen la interrupción voluntaria del embarazo, persisten obstáculos para acceder a ella y aparecen nuevas iniciativas que buscan modificar las normas vigentes. La discusión ya no se limita a la existencia de una ley. También alcanza las condiciones materiales, sanitarias y territoriales que permiten ejercer ese derecho.
El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, vuelve a poner en agenda una demanda histórica de los feminismos latinoamericanos. La fecha fue acordada en 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina. Más de tres décadas después, el escenario regional muestra que la disputa por el aborto continúa abierta.
En Colombia, el 29 de julio, la Bancada Provida radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política. La iniciativa propone establecer que la protección constitucional de la vida humana comienza desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional. El proyecto vuelve a poner en discusión el marco establecido por la Corte Constitucional en 2022. Mediante la sentencia C-055, el tribunal determinó que el aborto consentido no es punible hasta la semana 24 de gestación, mientras que después de ese plazo continúan vigentes las causales definidas por la jurisprudencia.
El debate constitucional ocurre además en un contexto de dificultades para acceder al derecho. Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025 citados en la discusión pública del proyecto, el 49,5% de las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo logra acceder dentro de los plazos legales. Las demoras, la falta de información y las barreras dentro del sistema sanitario aparecen entre los principales obstáculos.
En Chile, la discusión tomó otra forma. El 13 de julio comenzó a circular el proyecto “Escucha su corazón”, impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano y Renovación Nacional. La iniciativa plantea que quienes accedan a un aborto bajo determinadas causales reciban información sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y puedan escucharla. En su formulación actual, la escucha se plantea como requisito para acceder al procedimiento en las causales de inviabilidad fetal y violación. El proyecto introduce así una condición adicional dentro del propio procedimiento sanitario.
En Ecuador, el acceso al aborto por violación continúa atravesado por una discusión sobre requisitos y objeción de conciencia. En septiembre, la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto que regula esta atención, sin resolver todavía cuestiones centrales como los plazos, los requisitos y el alcance de la objeción de conciencia. Al mismo tiempo, el 17 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública presentó, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2026-2030. El documento plantea reducir brechas de acceso vinculadas con desigualdades económicas, territoriales, culturales y de género y ampliar el acceso a anticonceptivos y planificación familiar.
Argentina llega al 28S con una diferencia importante respecto de otros países de la región, la Ley 27.610, vigente desde el año 2021, reconoce la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y establece además causales de interrupción legal después de ese plazo. Sin embargo, las condiciones para ejercer ese derecho se deterioraron. Un informe elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) señala una fuerte reducción de la compra pública de anticonceptivos. La cobertura estimada pasaría de más de 1,2 millones de personas en 2024 a 63.000 en 2026.
La experiencia argentina muestra otra dimensión de la disputa, un derecho puede permanecer vigente mientras se reducen las políticas públicas que permiten prevenir embarazos no intencionales y sostener una atención integral. El acceso a medicamentos, anticonceptivos, información y servicios de salud forma parte de las condiciones concretas para ejercer la autonomía reproductiva.
No existe un único mapa del aborto en América Latina, los marcos jurídicos son diferentes y también lo son las condiciones de acceso, sin embargo, las experiencias recientes muestran un problema común, las barreras legales, institucionales, económicas o territoriales no afectan de la misma manera a todas las personas. Quienes cuentan con recursos pueden desplazarse, pagar atención privada o acceder a medicamentos e información. Para quienes dependen exclusivamente del sistema público, viven lejos de los centros urbanos o atraviesan situaciones de vulnerabilidad, una demora puede convertirse en una barrera definitiva.
El 28S permite leer entonces una disputa que excede la legislación sobre el aborto. Lo que está en discusión es la posibilidad concreta de decidir sobre la reproducción y las condiciones sociales que hacen posible esa decisión. Las diferencias entre Colombia, Chile, Ecuador y Argentina muestran que las restricciones pueden aparecer como reformas constitucionales, requisitos sanitarios, obstáculos institucionales o desfinanciamiento de políticas públicas.
La autonomía reproductiva no se garantiza únicamente con el reconocimiento formal de un derecho. Requiere sistemas de salud capaces de responder, medicamentos disponibles, información, prevención y políticas públicas sostenidas. En ese terreno se juega una parte central de la disputa regional por la autonomía de los cuerpos y por las condiciones materiales para ejercer derechos.
La disputa por el aborto es, en ese sentido, una lucha por la autonomía y por las condiciones materiales que la hacen posible. Allí donde se restringen políticas de salud sexual y reproductiva, se debilitan los sistemas públicos o se incorporan nuevas barreras para acceder a una interrupción legal, no solo se modifica una prestación sanitaria, se disputa quién tiene capacidad real para decidir sobre su vida y su reproducción.
En América Latina, el 28S vuelve a mostrar que los derechos conquistados no son un punto de llegada. Son un terreno de disputa permanente frente a las fuerzas que buscan reorganizar las relaciones de poder sobre los cuerpos, la salud y la vida.
Frente a este escenario, los feminismos latinoamericanos seguimos estando. Seguimos en las calles, en los territorios y construyendo organización para defender las conquistas y ampliar derechos. El pañuelo verde sigue vivo, atravesando fronteras y generaciones, como símbolo de una lucha colectiva que no se apaga.
Este 28S volvemos a encontrarnos y a levantar nuestras consignas: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Porque seguimos estando, porque nuestros cuerpos no son territorios de disputa y porque la autonomía reproductiva se defiende con organización, memoria y lucha colectiva. Será ley, es ley y seguiremos defendiendo el derecho a decidir.
*Alejandra Rizzo, es militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Feminista Aquelarre en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL
